WASHINGTON – El ex agente de policía de Long Beach Joseph Ferguson fue sentenciado hoy en el tribunal federal en Los Ángeles, Calif., por su papel en una serie de robos con invasión de domicilio a lo largo de un periodo de dos años, anunció hoy el Departamento de Justicia. Ferguson fue sentenciado a 97 meses de prisión, seguidos de cuatro años de libertad bajo supervisión.
El 30 de enero de 2008, un jurado de Los Ángeles condenó al demandado por conspirar para violar los derechos civiles, conspirar para poseer narcóticos con intención de distribución, y posesión de narcóticos con intención de distribución. El hermano del demandado y codemandado, el agente de la policía de Los Ángeles William Ferguson, también fue condenado por privación de derechos bajo apariencia legal y varios delitos asociados a armas de fuego; la lectura de su sentencia está programada para el 19 de mayo de 2008.
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que el demandado y sus codemandados eran miembros de una conspiración delictiva de gran alcance, liderada por el agente de policía de Los Ángeles Rubén Palomares y que incluía a otros agentes de las fuerzas del orden público y narcotraficantes. Juntos, cometieron más de 40 hurtos y robos en toda el área de Los Ángeles entre principios de 1999 y junio de 2001. En general, se cometieron los robos después de que el grupo recibió información de que un lugar específico estaba involucrado en narcotráfico ilegal. En general, los equipos ladrones consistían en múltiples agentes de la policía que prestaron juramento en sus cargos, uniformados o que exhibían una chapa - quienes obtenían acceso a la vivienda, diciéndole falsamente a sus ocupantes que realizaban una búsqueda legítima de drogas o narcotraficantes. Solían atar, amenazar o atacar a las víctimas durante el allanamiento. Dichos ataques incluían tiros de pistola paralizante, golpear a las víctimas con porras de policía, y colocar una pistola dentro de la boca de la víctima. Cuando el grupo robaba narcóticos, utilizaba a coconspiradores para vender las drogas y luego dividía las ganancias con el grupo.
En total, 17 demandados, incluidos agentes de las fuerzas del orden público del Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento de Policía de Long Beach, el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Correcciones de California fueron condenados por delitos federales en conexión con la conspiración.
"Este ex agente de policía violó su juramento como servidor público cuando, junto con sus codemandados, comenzó a exhibir una conducta delictiva violenta", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles. "Si bien la gran mayoría de los agentes de las fuerzas del orden público realizan sus tareas difíciles de manera profesional, el Departamento de Justicia no hesitará en seguir enjuiciando enérgicamente a quienes cometan actos ilícitos".
El caso fue investigado por el Agente Especial Phil Carson del Buró Federal de Investigaciones, con la asistencia de Steve Sambar, Roger Mora y Mark Bigel de los Departamentos de Policía de Los Ángeles y Long Beach. Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Asesor Jurídico en Litigios Especial del Departamento de Justicia Jeffrey S. Blumberg, el Abogado Litigante del Departamento de Justicia Josh Mahan, y el Fiscal Federal Auxiliar Douglas M. Miller.
La División de Derechos Civiles se empeña en hacer valer enérgicamente cada ley federal penal asociada a la violación de derechos civiles, tales como las leyes que prohíben el uso deliberado de fuerza excesiva u otros actos de conducta indebida por parte de agentes de las fuerzas del orden público. La División ha compilado antecedentes significativos en enjuiciamientos penales de violación de los derechos civiles. En el año fiscal 2007, la Sección de lo Penal condenó al número más alto de demandados en su historia, superando el record establecido en el año fiscal 2006. Durante los últimos siete años, la Sección de lo Penal obtuvo condenas de un 53 por ciento más de demandados (391 vs. 256) en enjuiciamientos de agentes de las fuerzas del orden público que en los siete años anteriores.
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