WASHINGTON – Consuelo Carreto Valencia se declaró culpable esta tarde de un cargo de tráfico sexual, por beneficiarse financieramente de su participación en una organización que transportaba a jóvenes mexicanas a los Estados Unidos, obligándolas a ejercer la prostitución. Bajo los términos de su acuerdo de culpabilidad, Carreto Valencia enfrenta una sentencia máxima legal de prisión perpetua, una directriz de sentencia sugerida estimada de entre 135 y 168 meses, y una multa de 250,000 dólares. La audiencia de declaración de culpabilidad fue realizada ante el Juez Federal de Distrito Frederic Block en el Tribunal Federal en Brooklyn, N.Y.
Entre 1991 y 2004, Carreto Valencia fue gerente de la operación de tráfico sexual perteneciente a su familia y con sede en San Miguel de Tenancingo, Tlaxcala, México. Carreto Valencia y sus hijos, Josué Flores Carreto y Gerardo Flores Carreto, y otros coconspiradores, reclutaban a mujeres y niñas jóvenes y sin educación de áreas pobres de México y utilizaron o aprobaron una combinación de engaño, fraude, violación, aborto forzado, amenazas y violencia física para obligarlas a prostituirse en burdeles de toda el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York, incluidos Queens y Brooklyn. Carreto Valencia y su familia ganaron centenas de miles de dólares con la red de prostitución, mientras que las mujeres que habían sido separadas de sus familias en México ganaron prácticamente nada.
Durante su declaración de culpabilidad, Carreto Valencia admitió que, mientras vivía en México, recibió transferencias telegráficas de dinero de Nueva York, totalmente conciente de que se trataban del producto de actos de prostitución llevados a cabo por mujeres que habían sido reclutadas y contrabandeadas a los Estados Unidos por sus hijos, Josué Flores Carreto y Gerardo Flores Carreto y otros. Carreto Valencia también admitió que sabía que las jóvenes habían sido forzadas a prostituirse en los Estados Unidos.
Anteriormente, en abril de 2006, Josué Flores Carreto, Gerardo Flores Carreto, y el codemandado Daniel Pérez Alonso fueron sentenciados a periodos en prisión de 50, 50 y 25 años, respectivamente, después de sus declaraciones de culpabilidad de 2005. Carreto Valencia fue extraditada de México a los Estados Unidos en enero de 2007 para ser juzgada.
"Este enjuiciamiento demuestra la determinación continua del Departamento de enjuiciar a operaciones de tráfico sexual", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles. "Esperamos que, con este enjuiciamiento exitoso, las víctimas de este delito, a quiénes tanto se les ha robado, comiencen a recuperar sus vidas".
"Los traficantes sexuales acechan a víctimas vulnerables para forzarlas a vidas de servidumbre y robarles su dignidad humana", dijo Benton J. Campbell, Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York. "Responsabilizaremos a quienes sujeten a otros seres humanos a condiciones de servidumbre por ganancias personales".
"Pocos delitos son más viles que el tráfico sexual de víctimas indefensas – es nada menos que una esclavitud moderna", dijo Peter J. Smith, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la Ciudad de Nueva York. "El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)] buscará y enjuiciará enérgicamente a todo miembro de una empresa delictiva dedicada a este negocio peligrosos, deshumanizador e ilegal".
Están a cargo de la acusación por el gobierno la Fiscal Federal Auxiliar Mónica E. Ryan y la Abogada Litigante Especial Hilary Axam de la Unidad de Enjuiciamiento de Tráfico de Personas de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU.
El caso fue investigado por Agentes Especiales del ICE de la Oficina de Nueva York, con asistencia proporcionada por Agentes Especiales del ICE de las oficinas de Nueva Jersey y de la Ciudad de México, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, la oficina G-TIP del Departamento de Estado de EE.UU., funcionarios de la Embajada de EE.UU. en la Ciudad de México, y funcionarios del Procurador General de la República de México.
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