WASHINGTON – Un gran jurado federal en Miami ha acusado a tres individuos por cargos federales de lavado de dinero, obstrucción de la justicia y alegatos de confiscación, anunció hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal.
Los demandados son Benedict P. Kuehne, un abogado residente de Miami, Gloria Florez Vélez, una contadora de Medellín, Colombia, y Oscar Saldarriaga Ochoa, un abogado residente de Medellín, Colombia.
Todos los demandados son acusados por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de ocultamiento de lavado de dinero y un cargo de obstrucción de la justicia. La acusación formal también pide una confiscación superior a los 5 millones de dólares. De ser condenados, los demandados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250,000 dólares, además de la confiscación penal.
Como se alega en la acusación formal, Fabio Ochoa Vázquez (en lo sucesivo "Ochoa") era uno de los mayores traficantes mundiales de cocaína y un líder del Cartel de Medellín. En septiembre de 2001, Ochoa fue extraditado desde Colombia para presentarse a juicio en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida por conspiración para distribuir cocaína en los Estados Unidos y otros países. Ochoa fue acusado de contrabandear aproximadamente 30 toneladas de cocaína en polvo por mes a los Estados Unidos entre 1997 y 1999, y terminó siendo condenado por esos delitos en mayo de 2003.
Los abogados de defensa penal de Ochoa retuvieron al demandado Kuehne para investigar la fuente de los fondos que Ochoa iba a usar para pagar los honorarios de sus abogados para garantizar que los fondos no fueran ganancias directas o mezcladas de las actividades de narcotráfico de Ochoa. Entre 2001 y 2003, el demandado Kuehne supuestamente realizó una investigación de diligencia debida, con la asistencia del demandado Saldarriaga, quien estaba trabajando en la oficina de los abogados de defensa penal de Ochoa en Miami, y la demandada Florez, la contadora personal de Ochoa con residencia en Colombia.
La acusación formal alega que los demandados Kuehne, Florez y Saldarriaga sabían que los fondos usados por Ochoa eran ganancias directas o mezcladas del narcotráfico y que los demandados conspiraron para ocultar, y de hecho ocultaron, esta información. La acusación formal alega que Kuehne redactó seis cartas de opinión informando falsamente al equipo de defensa legal de Ochoa que él había realizado una investigación exhaustiva e independiente sobre la fuente de los fondos. A través de estas cartas de opinión, el demandado Kuehne informó al equipo de defensa penal de Ochoa que los fondos que Ochoa había usado para pagar los honorarios de sus abogados estaban libres de cualquier rastro a actividad ilegal, no representaban las ganancias generadas por una conducta delictiva y no estaban mezclados con ganancias del narcotráfico. A partir de entonces, Florez, Kuehne y Saldarriaga realizaron cuatro transferencias telegráficas por un total de 5,239,653.67 dólares desde la cuenta de fideicomiso del abogado de Kuehne al equipo de defensa legal de Ochoa, en representación de pagos de Ochoa por honorarios y gastos jurídicos.
La Secretaria de Justicia Auxiliar Fisher realizó el anuncio de hoy junto con Eileen C. Mayer, Jefa, Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)], División de Investigaciones Penales; Jonathan I. Solomon, Agente Especial a Cargo, Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; Anthony V. Mangione, Agente Especial a Cargo, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)]; Amos Rojas, Agente Especial a Cargo, Departamento de Coacción de Florida [Florida Department of Law Enforcement (FDLE)]; y María Del Pilar Hurtado, Directora, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia. La Secretaria de Justicia Auxiliar Fisher resaltó la labor de investigación de todas las dependencias que cooperaron. El caso está siendo enjuiciado por el Abogado Litigante Principal de la División de lo Penal John W. Seller y el Abogado Litigante Thomas J. Pinder.
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