Buenos días. Gracias, Laurel, por la gentil presentación. Y gracias por la oportunidad de dirigirme a este grupo distinguido.
El Colegio de Abogados de los Estados Unidos [American Bar Association (ABA)] tiene una historia de 130 años de participación en los temas que dan forma al derecho estadounidense y la forma en que se practica. Debido a que ustedes son líderes de la ABA, uno de sus papeles importantes es ayudar a establecer y mantener estándares profesionales. Esto lo hacen no sólo para abogados del sector privado, sino también para abogados del sector público, y ustedes y sus predecesores vienen haciendo esto hace décadas.
Debido a estos antecedentes, deseo hablarles hoy sobre un asunto que estoy seguro de que es de interés mutuo - a saber, el profesionalismo en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O, para ser más preciso, sobre informes recientes muy publicitados de que algunas personas en el Departamento de Justicia en los últimos años dejaron de respetar las normas profesionales y violaron leyes civiles que rigen la contratación de empleados de carrera e internos legales de verano.
Antes de hablar sobre este tema perturbador, debo decirles, afirmativamente, que el profesionalismo está presente y en forma en el Departamento de Justicia actualmente. Cuando voy a trabajar al Departamento, estoy rodeado por un equipo formado por el mejor talento legal entre las muchas personas talentosas con las que tuve el privilegio de trabajar e interactuar en mi carrera. Cualquiera de ellas podría ganar en el sector privado muchas veces más de lo que gana, trabajando probablemente menos horas y, seguramente, con un estrés menor. Pero eligieron servir a su país, y todos nos beneficiamos con su elección. Probablemente yo sea el que más se beneficia, porque no solo comparto los beneficios de lo que logran como todos los demás ciudadanos estadounidenses, sino que también me llevo los laureles por mucho de lo que hacen.
Eso no quiere decir, sin embargo, que la reputación del Departamento no ha sido perjudicada. Supongo que saben que la Oficina del Inspector General y la Oficina de Responsabilidad del propio Departamento de Justicia recientemente divulgaron dos informes conjuntos sobre las prácticas de contratación en el Departamento a principios de 2007 y antes. Estos informes incluyeron conclusiones detalladas de que se habían utilizado consideraciones políticas indebidas en decisiones de contratación asociadas a ciertos empleados de carrera, incluidos Jueces de Inmigración, algunos Fiscales Federales Auxiliares, y empleados destacados en las oficinas principales del Departamento de Justicia, en decisiones de contratación asociadas a candidatos para el prestigioso Programa de Honores del Secretario de Justicia y el Programa de Internos Legales de Verano.
La conducta que describen estos informes es perturbadora. La misión del Departamento de Justicia es la aplicación uniforme de la Constitución y de las leyes promulgadas bajo la misma. Dicha misión debe comenzar con la aplicación uniforme de las leyes en el ámbito de nuestro propio Departamento. Algunas personas en el Departamento se desviaron de dicho estándar estricto, y la institución falló en evitarlo.
Deseo enfatizar este último punto, pues no hay cómo negarlo: el sistema fracasó. Los actos indebidos detallados en los dos informes conjuntos no eran sistémicos en el sentido de que sólo unas pocas personas estuvieron directamente involucradas. Sin embargo, el fracaso fue sistémico en el sentido de que el sistema - la institución - dejó de verificar el comportamiento de quienes exhibieron la conducta indebida. Hubo falta de supervisión por altas autoridades en el Departamento. Y también hubo omisión por parte de algunos empleados de expresar su indignación cuando sabían, o debían saber de los hechos.
La buena noticia es que mucho ha cambiado desde el periodo cubierto por estos informes, como lo admiten los propios informes. En repetidas ocasiones, he dejado claro, tanto en reuniones privadas con empleados del Departamento como en apariciones públicas, que no está permitido ni es aceptable que se consideren afiliaciones políticas al contratar empleados de carrera del Departamento. Confío en que los supervisores que se reportan a mí saben que deben estar a la altura de sus cargos y supervisar, y que tienen la importante responsabilidad de asegurar que las contrataciones en sus divisiones y otras unidades sean legales y se hagan de manera correcta. También confío en que, si vuelven a ocurrir problemas y cualquier persona en el Departamento se entera de los mismos, dichas personas alertarían de inmediato a más altas autoridades en el Departamento, incluida mi persona, si fuera necesario.
Más importante aún es el hecho de que he actuado y seguiré actuando para asegurar que las palabras se traduzcan en realidad, para que la conducta detallada en los informes recientes no vuelva a ser exhibida en el Departamento. Inclusive antes de que los informes fueran emitidos, el Departamento había resuelto varios de los problemas institucionales identificados en los informes. Cada uno de los dos informes contenía algunas recomendaciones de reforma institucional adicionales, e instruí de inmediato que dichas recomendaciones fueran implementadas.
Las reformas institucionales fueron significativas, tanto en número como en alcance. Entre otras cosas, el Departamento cuenta, ahora, con nuevos procesos de contratación de jueces de inmigración, miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración, candidatos de programas de honores e internos legales de verano, con papeles codificados para abogados de carrera en el proceso de toma de decisiones. Hemos instituido la capacitación obligatoria para todas las personas con nombramientos políticos asociada a los Principios del Sistema de Méritos y Prácticas de Personal Prohibidas, y pronto ampliaremos dicha capacitación de modo a incluir a todos los empleados del Departamento, con nombramientos políticos o no, que participen en la contratación para cargos de carrera. Y hemos realizado una revisión de varias órdenes para reiterar el compromiso del Departamento hacia los principios de los sistemas de méritos y eliminar la participación de nombrados políticos en la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos en el proceso de contratación de abogados de carrera.
También estamos tomando varias medidas adicionales en respuesta a los dos informes - medidas más allá de las recomendaciones realizadas en dichos informes. En la medida de lo posible, pretendemos contactar a candidatos para el Programa de Honores del Secretario de Justicia de los Estados Unidos que puedan haber sido indebidamente privados de consideración, alentando a que se postulen para vacantes en el Departamento. Se asegurará a cada uno de ellos una evaluación justa. Similarmente, entraremos en contacto con las personas a las que se les pueda haber negado detalles temporales indebidamente de empleos en las oficinas principales del Departamento de Justicia, para ver si están interesadas en nuevas oportunidades que estén disponibles o puedan surgir.
Nuestras reformas no han detenido la contratación, el tema de los informes conjuntos recientes. Hemos implementado diversas reformas para asegurar que el Departamento de Justicia pueda asesorar y consultar con otros en el Poder Ejecutivo, incluida la Casa Blanca y otros departamentos, y consultar con el Congreso, sin que dicha interacción afecte indebidamente el funcionamiento del Departamento, en especial, el enjuiciamiento y la defensa de causas civiles y penales. En diciembre, poco después de haber asumido el cargo de Secretario de Justicia de los Estados Unidos, analicé la política de contactos de la Casa Blanca del Departamento y reduje significativamente la lista de quienes pueden comunicarse con la Casa Blanca sobre asuntos en curso asociados a la coacción penal y civil. A lo largo de los últimos meses, hemos distribuido varios memorandos recordando a los empleados de puntos delicados asociados al año de elecciones y la transición. El mensaje final de estas comunicaciones fue bien simple: La política no debe tener ningún papel en la contratación de empleados de carrera o en la investigación y enjuiciamiento de casos.
Sé muy bien que algunas personas me han pedido a mí y al Departamento que tomemos pasos aún más drásticos que los que describí. Por ejemplo, algunos comentaristas han sugerido que deberíamos enjuiciar penalmente a las personas que, según los informes, exhibieron conducta indebida. Donde haya pruebas de conducta indebida delictiva, la investigaremos enérgicamente. Y donde haya pruebas suficientes para acusar a una persona de un delito, enjuiciaremos enérgicamente. Sin embargo, no todo hecho indebido o, inclusive, toda violación de la ley, es un delito. En este caso, los dos informes conjuntos sólo encontraron violaciones de las leyes de servicio civil.
Eso no significa, como sugirieron algunos, que los funcionarios que los informes conjuntos concluyeron que exhibieron conducta indebida no han sufrido consecuencias. Muy lejos de ello. Los funcionarios más directamente involucrados en la conducta indebida dejaron al Departamento en compañía de significativa publicidad negativa. Su conducta indebida ahora ha sido puesta en evidencia por el Departamento de Justicia para que todos sepan de ella. En dichos casos, en general, donde resultan necesarias acciones disciplinarias, las mismas son tomadas. En términos concretos, dudo que alguna persona en esta sala quiera estar en el lugar de alguna de esas personas.
Otros críticos han sugerido que se debe despedir sumariamente o redesignar a las personas contratadas a través de los procesos defectuosos que describen los informes conjuntos. Sin embargo, existe un principio de equidad que todos aprendimos en la escuela, y que es tan válido hoy como cuando lo escuchamos por primera vez: dos hechos indebidos no hacen uno correcto. Como el mismo Inspector General le dijo recientemente al Comité Judicial del Senado, las personas contratadas de manera indebida no hicieron nada indebido. Por lo tanto, sería injusto - y, muy posiblemente, ilegal, dadas sus protecciones de servicio civil - despedirlas o redesignarlas sin una causa individual.
Asimismo, el hecho de que algunos de los funcionarios involucrados en las contrataciones dedicaron consideración indebida a la política no significa que las personas que contrataron no cuenten con los requisitos necesarios para sus puestos. Soy un ex juez federal. Revelaré a ustedes en esta sala, como lo hice más de una vez en el tribunal que presidía, que no tomé un examen competitivo para obtener el puesto, así como mis colegas tampoco lo hicieron, y no me halago a mí mismo con la idea de que mi selección fue un nombramiento por mérito, en algún sentido estricto. La política puede tener un papel, y la tiene, en el nombramiento de jueces federales, pero no surge de esto que los jueces federales no tengan la competencia necesaria para la función. Para darles un ejemplo, Edward Weinfeld, tal vez el paradigma de la excelencia como juez federal de distrito, tenía una presencia activa en la política antes de asumir el cargo y era amigo de otras personas activas en la política.
O, consideremos un ejemplo más próximo a casa. Uno de los Jueces de Inmigración identificados por el informe conjunto como habiendo sido contratado a través del proceso defectuoso fue recién abordado - por el proceso de contratación revisado que no tiene en cuenta la política - para ser miembro de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Además de ser injusto para él, no hubiera sido en el interés público no nombrarlo simplemente porque quienes lo contrataron primero violaron las leyes de servicio civil. El despedirlo y despedir a todos los que están en su situación estaría mal, y sería perjudicial para el Departamento y para el país.
Finalmente, es importante destacar que las personas contratadas bajo las circunstancias que este informe describe fueron, y serán, evaluadas periódicamente, como lo son todos los empleados del Departamento. Las contrataciones nuevas están sujetas a un periodo de prueba durante el cual se evalúa el desempeño del contratado rigorosamente. Y los empleados son sometidos a evaluaciones periódicas, inclusive después de haber finalizado su periodo de prueba. Si se encuentra que un funcionario, sea Demócrata o Republicano, haya sido nombrado a través de un proceso defectuoso o uno impecable - está tratando de casos o decidiendo casos con base en la política, en lugar de con base en lo que exigen la ley y los hechos, habrá una reacción rápida y nada ambigua.
Como resultado de todas las reformas que hemos realizado, incluidas varias otras que no he mencionado a ustedes esta mañana - confío en que el Departamento está apoyado sobre bases más fuertes hoy que nunca, y que los problemas identificados en los informes han sido remediados. Sin embargo, seguiré adelante con mi labor de identificar maneras adicionales de mejorar el Departamento. Además, las Oficinas del Inspector General y de Responsabilidad Profesional del Departamento han indicado que existen dos informes conjuntos más a ser emitidos, uno asociado a la contratación de abogados de carrera en la División de Derechos Civiles y un segundo asociado al despido de ciertos Fiscales Federales en diciembre de 2006. No sé cuándo dichos informes serán emitidos. Pero soy optimista con respecto a que reconocerán los muchos cambios y acciones ya llevados a cabo por empleados actuales del Departamento para resolver los problemas relevantes. Y analizaré detenidamente dichos informes y las recomendaciones que contienen, como lo he hecho con los informes y recomendaciones del pasado, y no voy a dudar en responder apropiadamente.
La publicación de estos informes y los titulares que generan son dolorosos para todos los que trabajan en el Departamento, pues perjudican inevitablemente la reputación de la institución. Si bien el Departamento ha realizado cambios institucionales para evitar que dichas acciones vuelvan a ocurrir, sigue siendo importante, bajo circunstancias como éstas, mirar hacia atrás y descubrir qué ocurrió, aunque el proceso pueda ser doloroso. Evaluar la situación - y hacerlo públicamente - es una parte importante de determinar y reconocer cuál fue la falla y por qué ocurrió, y es crucial asegurar que no tengamos que enfrentar problemas de este tipo nunca más.
Lamentablemente, muchos de los titulares y las editoriales acerca de estos informes dejan de mencionar el trabajo valioso y hábil que los empleados del Departamento de Justicia realizan, y han realizado, para este país. El Departamento de Justicia tiene más de 100,000 empleados, casi todos los cuales se concentran exclusivamente, como lo hacían anteriormente y durante el periodo cubierto por estos informes, en hacer lo correcto. Y son empleados del Departamento, incluidos muchos empleados de carrera, quienes están realizando los cambios necesarios para asegurar que estos problemas no vuelvan a ocurrir.
Esos son los hombres y mujeres dedicados que encontré cuando fui por primera vez al Departamento el mes de noviembre pasado. Y son esos hombres y mujeres dedicados con quienes me enorgullezco de seguir sirviendo al país.
Muchísimas gracias.
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