Buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Como líderes legislativos y empresariales de todo el país, ustedes están próximos al pueblo que todos servimos. Y reuniones como ésta, y organizaciones como el Consejo de Intercambio Legislativo de los Estados Unidos, nos ayudan a recabar y compartir la sabiduría colectiva que necesitamos para servir a esta nación.
Mi responsabilidad como Secretario de Justicia de los Estados Unidos es liderar al Departamento de Justicia en hacer valer la Constitución y las leyes promulgadas bajo la misma, con la expectativa de que, al hacerlo, lograremos la justicia. Sin embargo, ciertamente y de lejos, no somos los únicos con la responsabilidad de hacer valer las leyes. Hay menos de 25,000 agentes de las fuerzas del orden público federales en el Departamento, en comparación con unos 800,000 agentes en el ámbito estatal y local.
Asimismo, el Departamento tiene la responsabilidad de hacer valer sólo las leyes federales. Si bien son muchas las leyes federales, el número no llega ni cerca a la cantidad de leyes estatales y locales promulgadas por personas como sus miembros. Por lo tanto, para tener éxito en proteger al pueblo de los Estados Unidos y preservar sus derechos, es esencial que el Departamento de Justicia trabaje en relación estrecha con sus contrapartes del ámbito estatal y local. Tenemos que ser asociados no sólo en lo que se refiere a arrestar a delincuentes y enjuiciarlos, sino también en desarrollar estrategias que creen comunidades fuertes y sanas.
Esta filosofía es compatible con el diseño de nuestra Constitución. En el Federalista número 35, James Madison escribió - y paso a citar: "Los poderes delegados por la Constitución propuesta al gobierno federal son pocos y definidos. Los que han de permanecer en los gobiernos estatales son numerosos e indefinidos". Y si bien los poderes y responsabilidades del gobierno federal ciertamente han aumentado desde que Madison escribió estas palabras, su argumento central sigue siendo válido. No todos los problemas de los Estados Unidos tienen una solución federal.
Con gran frecuencia, son los líderes estatales y locales y los gobiernos estatales y locales quienes saben mejor qué estrategias funcionan y cuáles no. Son pocas las soluciones que funcionan para todos los problemas. A menudo, las mejores estrategias para un lugar son específicas a ese lugar, y aprovechan el conocimiento y la cultura local que sólo las personas que viven allí pueden aportar. Se trata de un elemento clave de nuestra asociación -- el Departamento que aprende de expertos estatales y locales, de las personas que viven el lugar.
A fin de aprovechar dichos conocimientos, hemos utilizado un enfoque de fuerza de tarea para tratar de amenazas específicas, tales como la violencia de pandillas, las drogas, el robo de identidad, el tráfico de personas y la explotación infantil en Internet. Las fuerzas de tarea nos permiten trabajar con las autoridades locales en identificar la naturaleza exacta de los desafíos que enfrentan, y los mejores medios para superar dichos desafíos. Y nos permiten dirigir recursos donde más se necesiten y dónde se puedan aprovechar más. A través de una coordinación estrecha, también podemos evitar la duplicación innecesaria y liberar recursos para ayudar a otros estados y comunidades locales.
El enfoque de fuerza de tarea ha agregado el beneficio de reunir, como verdaderos asociados, a un amplio espectro de policías y alguaciles locales, agentes federales, educadores, líderes empresariales, organizaciones religiosas y comunitarias y autoridades estatales y locales. Como asociados, podemos observar qué ha funcionado en todo el país y desarrollar estrategias exitosas para resolver estos problemas complejos. Es un objetivo que sé que todos los miembros del ALEC comparten.
Un ejemplo del éxito de este enfoque es nuestra lucha contra el tráfico de personas. En noviembre de 2004, el Departamento de Justicia comenzó a organizar y financiar fuerzas de tarea contra el tráfico en todo el país. En 39 ciudades, dichas fuerzas de tarea, cada una liderada por el Fiscal Federal local, reunió a agentes de las fuerzas del orden público y fiscales federales, estatales y locales, así como dependencias de servicios sociales y defensores, para ubicar y rescatar víctimas y enjuiciar a los autores.
El Departamento también ha realizado conferencias de capacitación de gran porte y sesiones menores específicas a problemas. Estos programas de capacitación son una calle de dos vías. Nuestra División de Derechos Civiles comparte la inteligencia más reciente desde la perspectiva federal, pero también aprende sobre qué funcionó y qué no funcionó en el ámbito local. El objetivo es mejorar el nivel de conocimientos, comunicación y colaboración de todos los participantes. De esta forma, hemos capacitado a 75,000 personas en la lucha contra el tráfico de personas. Se trata de una fuerza de tamaño significativo que nos ayuda en esta lucha.
Además de esta capacitación, el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], en asociación con nuestra Sección de Explotación y Obscenidad Infantiles y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados [National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)] lideran la Iniciativa Nacional Inocencia Perdida para tratar del problema creciente de la explotación infantil para actividades de prostitución. Esta iniciativa utiliza fuerzas de tarea en ciudades específicas de todo el país para identificar a víctimas, proveer servicios necesarios y enjuiciar a delincuentes. Las fuerzas del orden público estatales y locales, así como las organizaciones comunitarias locales, son asociados claves en estas fuerzas de tarea y su trabajo ha resultado en el rescate de 400 menores y más de 300 condenas.
También estamos trabajando con los estados en el frente legislativo. Utilizando un enfoque que ha funcionado tan bien para el ALEC, el Departamento redactó una ley modelo para consideración de los estados en la promoción de sus propias iniciativas contra el tráfico. En la primavera de 2005, enviamos cartas a líderes en los 50 estados y en los territorios estadounidenses, instándoles que trataran este delito terrible y proporcionándoles el modelo como guía. Y gracias a la labor de muchos de ustedes, hasta ahora, 33 estados han adoptado leyes contra el tráfico.
Todos podemos estar orgullosos de este tipo de éxito, el cual nos proporciona una base inicial. Si bien el gobierno federal tiene enorme autoridad, todos conocemos bien el poder de las casas de gobierno estatales y ayuntamientos. Estamos orgullosos de las condenas federales logradas por estas fuerzas de tarea, pero son apenas una gota en el balde, en comparación con lo que podemos lograr con leyes estrictas en cada estado.
Los éxitos que han resultado de este tipo de cooperación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales es uno de los motivos por los cuales nos oponemos a ciertas disposiciones del proyecto de ley sobre el tráfico que se encuentra pendiente en el Congreso. Dicho proyecto de ley trasladaría la carga al, esencialmente, federalizar el enjuiciamiento de la prostitución por denominarlo tráfico sexual. Si bien la prostitución es, y debe ser, un delito, creemos que las autoridades estatales y locales están en la mejor posición para combatirlo. Y no somos los únicos que creemos eso. Nos apoya en la oposición al proyecto de ley la Asociación Nacional de Secretarios de Justicia, la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, la Orden Fraterna de la Policía, y muchas organizaciones más.
Más allá de la lucha contra el tráfico de personas, los beneficios de la cooperación federal, estatal y local pueden observarse en otros dos programas contra tipos específicos de delitos: El Proyecto Niñez Segura, el cual combate la explotación sexual de niños asistida por tecnología, y el Proyecto Vecindarios Seguros, con la finalidad de reducir los delitos con armas de fuego.
El Proyecto Niñez Segura reúne a agentes federales con la policía estatal y local y organizaciones sin fines de lucro como NCMEC para combatir algunos de los delitos más perturbadores. De la misma manera en que los traficantes de personas se ocultan en las sombras de la sociedad, estos predadores utilizan los rincones oscuros del Internet para realizar sus fantasías enfermizas. Y, como en el caso del tráfico de personas, si queremos detenerlos, debemos trabajar unidos, con leyes estrictas y coacción determinada.
Hemos establecido 59 fuerzas de tarea de Delitos en Internet contra Menores en todo el país para llevar a cabo la iniciativa. Estas fuerzas de tarea ahora cuentan con presencia en todos los estados, de Alaska a Florida, para capturar a las personas que utilicen el Internet para explotar sexualmente y acechar a los niños. Hemos realizado sesiones de capacitación para centenas de agentes de las fuerzas del orden público estatales y locales. Y hemos lanzado campañas de concienciación pública para educar a nuestros niños, ayudarles a tomar decisiones correctas y evitar que se conviertan en víctimas.
Asimismo, el Proyecto Vecindarios Seguros aprovecha programas locales existentes contra los delitos con armas de fuego y la violencia de pandillas, y les brinda formas adicionales de lograr el éxito. Los números cuentan una parte, pero de ninguna manera toda la historia. Desde 2001 hasta fines del año fiscal 2007, el Departamento entabló más de 68,000 demandas asociadas a armas de fuego contra 83,000 demandados, alrededor de 12,000 de ellas solo el año pasado. La tasa de condenas para estos demandados el año pasado fue de un récord del 92 por ciento, con casi un 75 por ciento sentenciados a más de tres años en prisión.
Se trata de números significativos, pero éste no es un caso de agentes federales que llegan a la ciudad y asumen el control. Bajo el Proyecto Vecindarios Seguros, el Fiscal Federal en cada uno de los 94 distritos judiciales federales trabaja con autoridades locales para desarrollar una estrategia a medida para los problemas de delitos con armas de fuego en dicho distrito. Cada distrito lleva a cabo una labor de prevención a través de campañas comunitarias de alcance exterior y de difusión en los medios, y asegura que las fuerzas del orden público y los fiscales tengan la capacitación necesaria para que el programa funcione. Y los delincuentes que utilicen armas de fuego son enjuiciados de acuerdo con leyes federales, estatales o locales, dependiendo de la jurisdicción que pueda proporcionar el castigo más adecuado.
El último punto es crucial. A la hora de enjuiciar, el Departamento de Justicia se empeña en trabajar en colaboración para hacer lo que haga falta para tener el mayor impacto. Si eso significa que acusamos de cargos federales porque el caso sería más fuerte en el tribunal federal o las sentencias serían más largas, entonces el caso debería ser federal. Si la ley estatal funciona mejor, el estado debería ocuparse del caso. No me interesa quien se lleva los laureles, o en las estadísticas de quién se incluye el caso. Me interesa hacer lo necesario para reducir la delincuencia en este país. Si tenemos éxito, habrá laureles más que suficientes para repartir.
Esto me lleva a un último ejemplo de la asociación exitosa entre el Departamento de Justicia y las autoridades estatales y locales: nuestra labor para preservar el acceso al voto y la integridad electoral.
Las elecciones, y el voto del que dependen, son la base de la democracia. Son la manera principal en que el pueblo de este país exige de nuestros líderes gubernamentales, y ejerce su voluntad colectiva. Sin embargo, sólo podemos hacerlo con éxito si todos los que tienen derecho al voto pueden ejercerlo, y si todos dichos votos cuentan por igual. Y podemos confiar en que el resultado de una elección representa nuestra voluntad sólo si tenemos confianza en el proceso que produce dicho resultado.
No pretendo sugerir que las elecciones justas y libres son competencia y responsabilidad únicamente del gobierno federal. Muy lejos de ello. La administración efectiva de las elecciones, por supuesto, corresponde a los gobiernos estatales, fundamentado mayormente en reglas redactadas por legislaturas estatales. Así como trabajamos en asociación con ustedes y con las fuerzas del orden público locales en la lucha contra la delincuencia, sin embargo, debemos trabajar en relación estrecha con ustedes para lograr elecciones sin problemas.
Por si acaso no lo saben, algunas de esas elecciones ocurrirán más adelante, este año. Una de mis más altas prioridades a lo largo de los próximos meses es hacer lo que podamos para ayudar a los gobiernos estatales y locales -- y a ustedes -- para que dichas elecciones ocurran con la menor cantidad de trastornos posible, y para que el pueblo de los Estados Unidos pueda confiar en que así será.
Lo lograremos utilizando las herramientas que el Congreso nos ha brindado, incluidas leyes como la Ley de Derechos Electorales que garantiza acceso a la votación a todos los ciudadanos estadounidenses, y leyes como las que prohíben el fraude electoral y el abuso de financiación de campañas, las cuales protegen la integridad de las elecciones. Y lo lograremos trabajando en relación estrecha con grupos de derechos civiles y con autoridades electorales estatales y locales en la identificación y resolución de problemas, de manera oportuna y adecuada.
El tema es que ninguno de nosotros puede hacer lo que debe, o sea, trabajar de manera eficiente para el pueblo de los Estados Unidos, trabajando solo. Seguiremos utilizando las fuerzas de tarea que tan bien han funcionado, y las ampliaremos donde podamos y según sugiera la necesidad. Seguiremos proporcionando fondos a través de programas como la Asociación de Reducción de Delitos Violentos, a través de la cual enviaremos otros 200 millones de dólares a los estados para la lucha contra la delincuencia, de acuerdo con sus necesidades y prioridades, y no las nuestras. Y seguiremos permitiendo flexibilidad a nuestros Fiscales Federales y oficinas locales de las fuerzas del orden público para que trabajen con sus asociados locales, ya sea en Texarkana o Tampa, Boise o Bangor, y para desarrollar las soluciones que mejor ayuden a llevar a cabo la labor.
Como legisladores y líderes empresariales, sé que pasan una gran parte de sus días escuchando a otros líderes comunitarios, a la policía, a educadores y simplemente a ciudadanos. Escuchan sus inquietudes y saben que suelen ser su mejor fuente de soluciones. En el Departamento de Justicia, hacemos lo mismo. Nos dirigimos a ustedes, y a intendentes, jefes de policía, alguaciles y otros para que nos cuenten sus inquietudes y nos ayuden a identificar soluciones que podamos implementar juntos.
Les agradezco por ser parte de esa labor y por su trabajo arduo para el pueblo de los Estados Unidos. Me complacerá descubrir todo lo que podemos seguir logrando juntos.
Gracias.
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