Transcripción de conferencia telefónica con Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles, sobre la labor del Departamento para garantizar elecciones libres y justas

En los últimos meses, representantes del Departamento de Justicia se han reunido frecuentemente con miembros del Congreso, miembros de grupos de Derechos Civiles y gobiernos estatales y locales para comentar inquietudes y preguntas sobre las próximas elecciones y para comentar la labor de la División de Derechos Civiles para prepararse para este ciclo electoral.

De hecho, esta mañana, como bien mencionó Scott, el Secretario de Justicia de los EE.UU. Mukasey y yo nos reunimos con líderes de docenas de grupos de Derechos Civiles y organizaciones nacionales en representación de funcionarios estatales y locales, secretarios de estado y oficinas del Secretario de Justicia de los EE.UU. en todo el país. Mis colegas y yo consideramos que este tipo de reunión es valiosísimo. Hoy, por ejemplo, hubo diversos temas planteados por los grupos que creemos que pueden y deben ser abordados durante esta temporada electoral. Haremos nuestro mayor esfuerzo para tener en cuenta estas inquietudes en nuestros planes preparatorios para las elecciones. El Departamento está dedicándose en la mayor medida posible a programas de extensión pública para mantener la transparencia en su labor y un diálogo constante con partes interesadas a medida que se acerca el Día de Elecciones.

Con ese fin, me gustaría darles una sinopsis de las iniciativas del Departamento hasta ahora en cuanto a planes futuros para garantizar una elección libre y justa en noviembre. Como saben, nuestra Constitución y las leyes federales le dan a los estados la responsabilidad primaria en cuanto al método y el tipo de elecciones. El Departamento de Justicia tiene un papel limitado pero importantísimo para garantizar que las elecciones sean limpias y justas.

La División de Derechos Civiles ha pasado los últimos siete años dedicada enérgicamente a hacer valer las leyes federales que protegen los derechos electorales. Estas leyes incluyen la Ley de Derechos Electorales de 1965, la Ley Nacional de Registro de Electores de 1993, la Ley Ayude a los Estados Unidos a Votar de 2002 y la Ley Electoral de Ausentes para Ciudadanos Uniformados y Ciudadanos en el Exterior de 1986.

La Sección Electoral ha acumulado un registro admirable en los últimos años y, como ejemplo de nuestra gran labor, en el año calendario 2006, entablamos 18 nuevas demandas, el doble del promedio de demandas entabladas anualmente en los 30 años anteriores. Una parte importante del trabajo de la División para proteger los derechos electorales es nuestro Programa de Monitorización de Elecciones, que es uno de los medios más eficaces para garantizar el cumplimiento de los Derechos Electorales Federales en el Día de Elecciones. Hasta la fecha, durante el año calendario 2008, se ha enviado a 364 observadores federales y 148 empleados del Departamento de Justicia a monitorizar 47 elecciones en 43 jurisdicciones en 17 estados.

El 4 de noviembre, el Departamento de Justicia implementará un programa exhaustivo para ayudar a asegurar un acceso válido. Al igual que en años anteriores, trabajaremos en coordinación con cientos de empleados del Gobierno Federal en condados, ciudades y pueblos en todo el país para garantizar el acceso a las urnas, según lo exigido por las leyes de derechos civiles de nuestra nación.

El Día de las Elecciones, empleados del Departamento aquí en Washington estarán a disposición del público a través de diversas líneas telefónicas para atender llamadas de ciudadanos con reclamos electorales, así como también a través de un mecanismo por Internet para informar problemas. Tendremos empleados en el Centro de Llamadas que hablen español y también estará disponible el Servicio de Interpretación Idiomática para proveer traductores de otros idiomas. El Departamento reafirma su compromiso en palabras y acciones para asegurar la implementación eficaz de nuestras responsabilidades no solo durante este año electoral, sino también en elecciones futuras. La División de Derechos Civiles seguirá protegiendo enérgicamente los derechos electorales de todos los estadounidenses. Habiendo dicho eso, estoy lista para responder a cualquier pregunta que tengan. Gracias.

OPERADOR: La primera pregunta es de Evan Pérez del Wall Street Journal.

PREGUNTA: ¡Hola! ¿Me escucha?

SRA. BECKER: Sí.

PREGUNTA: ¡Hola! Me preguntaba si me podría dar una idea de cuál es la principal prioridad para las elecciones de noviembre desde la perspectiva del Departamento. ¿Tiene que ver con el acceso a las urnas? ¿Es el fraude electoral? Sé que existen diferentes aspectos para diferentes partes de la ley que usted tiene la responsabilidad de hacer valer, entonces me gustaría que me diera una idea de cuáles son las prioridades.

SRA. BECKER: Gracias por la pregunta. El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Mukasey, cuando habló ante el Comité Judicial del Senado, indicó que el acceso válido y la apertura de la votación, y el fraude electoral eran dos lados de la misma moneda, e indicó que era una moneda muy valiosa porque tenía que ver con proteger el derecho al voto, que es un derecho fundamental. Nuestro enfoque en la División de Derechos Civiles está puesto en uno de los lados de esa moneda, que es el de acceso válido. Claramente hay enjuiciamientos por fraude electoral, que por lo general son dirigidos por las 93 Fiscalías Federales en colaboración con la Sección de Integridad Pública de la División de lo Penal. Pero estoy aquí hoy para hablar sobre acceso válido, y esa claramente es una de nuestras prioridades en la División de Derechos Civiles. Es una de las principales prioridades que me he fijado en mi período al mando de la División de Derechos Civiles y creo desde lo más profundo que debemos hacer valer todas las leyes electorales federales que tenemos autorización de hacer valer lo más enérgicamente posible, y luego ver qué es lo que pasa.

PREGUNTA: Gracias.

OPERADOR: La próxima pregunta es de Ari Shapiro de NPR.

PREGUNTA: ¡Hola! He hablado con algunas personas que asistieron a la Conferencia de esta mañana, personas de organizaciones de Derechos Civiles que dijeron que estaban decepcionadas porque, desde su punto de vista, la mayoría de la Conferencia fue dedicada a escuchar a los funcionarios y los funcionarios de Justicia describieron leyes electorales que la mayoría de los activistas de Derechos Civiles podrían recitar de memoria y que, al final, hubo muy poco tiempo de preguntar las innumerables preguntas que habían preparado, que deseaban que los funcionarios del Departamento respondieran. Es por eso que mi pregunta tiene que ver con cómo respondería usted a esas críticas.

SRA. BECKER: Muchas gracias por la pregunta, Ari. La idea de esta conferencia es que sea una especie de sesión de diálogo y queremos que esta sea la primera de muchas conversaciones que nos gustaría tener con organizaciones de Derechos Civiles. La idea era dar una Reseña Breve de los casos y las leyes que hacemos valer en la División de Derechos Civiles y también en la División de lo Penal. Brindamos toda la información de contacto de empleados de las distintas secciones para que pudieran llamar si tenían cualquier pregunta o inquietud adicional. Sin lugar a dudas nos gustaría hablar con ellos en otras ocasiones, como lo hemos hecho antes y esperamos hacerlo nuevamente en el futuro.

PREGUNTA: Perfecto, gracias.

OPERADOR: La próxima pregunta está a cargo de Lara Jakes Jordan de The Associated Press.

PREGUNTA: ¡Hola! Tengo un par de preguntas, pero en la primera me gustaría continuar lo que acaba de decir. Si hoy era el inicio del diálogo, ¿espera tener otras reuniones de este tipo antes de la elección?

SRA. BECKER: Ya veremos cómo siguen las cosas en los próximos... calculo que ya menos de 60 días, pero obviamente tenemos un diálogo constante con las organizaciones de Derechos Civiles y veremos si existe la necesidad de realizar otras reuniones y, de ser así, nos reuniremos con ellos.

PREGUNTA: Bien. Ahora otras dos preguntas. He hablado con personas que asistieron esta mañana. Me dijeron que se plantearon inquietudes o problemas sobre las prácticas de engaño y parece que al menos existe la percepción de que las leyes federales solo permiten que el Departamento de Justicia llegue hasta cierto punto para hacer valer la protección contra prácticas de engaño que no dejarían que las personas llegaran a los lugares de votación. ¿Es esa su postura?

SRA. BECKER: Contamos con determinadas leyes federales que podemos hacer valer que protegerían contra algunas de estas prácticas de engaño, pero por supuesto siempre van a existir limitaciones, sí.

PREGUNTA: Bien, le pido que me tenga paciencia. También hubo alguien que planteó la inquietud de tener fiscales en los lugares de votación como las Fiscalías Federales han hecho anteriormente. Creo que esta persona dijo que desde 2002, el Departamento de Justicia ha enviado a fiscales penales a los lugares de votación y existía la inquietud de que el hecho de tener a estos agentes de las fuerzas del orden público pudiera intimidar o alejar a algunos votantes de minorías de los lugares de votación. ¿Me podría dar su parecer?

SRA. BECKER: Sí, tenemos mucho cuidado aquí en la División de Derechos Civiles. No queremos hacer nada, enviar a monitores u observadores, que puedan intimidar de cualquier manera a los votantes en los lugares de votación.

Le puedo decir que tanto en gobiernos demócratas como republicanos, se ha usado a muy pocos fiscales como monitores y observadores. La gran mayoría de los cientos de observadores que distribuimos en el Día de Elecciones son empleados del Gobierno Federal que son enviados a través de la Oficina de Administración de Personal, y la gran mayoría del personal del DOJ que enviamos son abogados de Derechos Civiles, que forman parte de la División de Derechos Civiles, de la Sección Electoral o de otra de las secciones de la División de Derechos Civiles.

Hemos usado, en diferentes gobiernos, personal de Fiscalías Federales locales en números muy limitados. Pueden ser fiscales del campo civil. Estas personas también pueden no ser fiscales y, en algunos casos limitados, han sido fiscales. Pero no hemos recibido quejas de votantes en ningún momento por haberse sentido intimidados de ninguna manera, ya que nos aseguramos de que, uno, investigamos a los fiscales antes de emplearlos para corroborar que no estén participando en ningún caso de fraude electoral importante; dos, asegurarnos de que reciban capacitación sobre sus responsabilidades como monitores y observadores, que es detectar violaciones potenciales a las leyes electorales federales que hacemos valer; y tres, que no estén identificados de ninguna manera como fiscales en los lugares de votación.

No van armados. Tampoco usan sus credenciales. Por eso, para la persona que va a votar, es imposible distinguir a esta persona de, por ejemplo, un fiscal de la División de Derechos Civiles que pueda esta en el lugar. Entre las personas que han tenido este trabajo ha habido ex fiscales de Derechos Civiles que eran monitores y observadores experimentados. Ha habido otros con capacidades idiomáticas específicas que nos ayudan a monitorizar para asegurarnos de que estamos cumpliendo nuestras obligaciones para con personas con conocimientos limitados del inglés.

PREGUNTA: Muchísimas gracias.

OPERADOR: La próxima pregunta es de Mary Pat Flaherty de The Washington Post.

PREGUNTA: Sí, hola. Usted dijo que en una de las reuniones de esta mañana se plantearon diversos temas que usted quería analizar. Por lo que me pregunto cuáles eran esos temas. ¿Ya tiene una idea de zonas específicas en términos geográficos o temáticos que crea que van a exigir más atención en esta elección que en elecciones anteriores?

SRA. BECKER: Creo que son dos preguntas distintas. Responderé cada una en orden y, si no llego a responder a la segunda pregunta al responder la primera, le pido que me haga recordar.

PREGUNTA: Lamentablemente, ¡me parece que hice tres preguntas!

SRA. BECKER: Parece que ya me olvidé de una. Estoy segura de que me hará recordar. Creo que una de las preguntas que planteó tiene que ver con qué tema considero importante entre los que surgieron en la reunión de esta mañana. Uno de los temas que surgió fue una preocupación sobre leyes de identificación de votantes. Preguntaron qué podía hacer para asegurar que funcionarios estatales y locales supieran qué determinaba la decisión de la Corte Suprema en el caso de los documentos de identidad con fotografía de Indiana y cuáles eran sus responsabilidades bajo la ley estatal.

Les aseguré que iba a hablar con funcionarios estatales y locales esta tarde y mencioné ese tema en particular. Para quienes quizás no conozcan ese caso, es Crawford vs. el Condado de Marion, Indiana, y es el caso en que la Corte Suprema falló que la ley de documentos de identidad con fotografía de Indiana era constitucional, pero dejó abierta la posibilidad de que un votante particular pueda presentar una impugnación formal si considera que la ley fue aplicada inconstitucionalmente con él.

Además, como impugnación formal, la División de Derechos Civiles puede hacer valer la Ley de Derechos Electorales. Y bajo la Ley de Derechos Electorales, incluso si una ley constitucional de documentos de identificación se aplica o se hace valer de manera discriminatoria, eso es algo que permite que tomemos medidas de coacción y, de hecho, hace poco más de un mes, entablamos y realizamos un acuerdo conciliatorio en un caso con Penns Grove, Nueva Jersey, que incluía alegatos de que se estaba exigiendo a votantes hispanos que presentaran más identificaciones en los lugares de votación que los votantes blancos. Y cabe aclarar que esto ocurrió en un estado que no posee una ley de documentos de identidad, que fue algo en lo que yo hice hincapié en mi conversación de esta tarde con funcionarios estatales y locales.

¿Quería preguntar en términos geográficos respecto de los lugares a los que enviamos monitores?

PREGUNTA: Bueno, lo que quería saber es si existen lugares de mayor interés para ustedes este año en comparación con elecciones anteriores, incluso en las elecciones primarias o en las últimas elecciones generales.

SRA. BECKER: Una de las cosas que tenemos en cuenta a la hora de determinar dónde enviar observadores y monitores federales es lugares en los que existen ordenes judiciales que exigen que los enviemos; lugares donde firmamos recientemente Decretos por Consentimiento. Queremos controlar que esos Decretos por Consentimiento se cumplan. También buscamos áreas en donde pueda haber violaciones potenciales de las leyes federales que hacemos valer en la Sección Electoral de la División de Derechos Civiles. Todos esos son factores muy importantes que obviamente no son los únicos factores, pero sí son factores significativos.

PREGUNTA: ¿Entonces todavía no eligieron los lugares?

SRA. BECKER: Lo que hacemos habitualmente es emitir públicamente un Comunicado de Prensa unos días antes de las elecciones. Por ejemplo, hoy emitimos un Comunicado de Prensa para anunciar que monitorizaremos elecciones en el área de Nueva York, Brooklyn y Queens mañana. Así que hay que estar atentos unos días antes del Día de Elecciones.

PREGUNTA: Gracias.

OPERADOR: La próxima pregunta es de Terry Frieden de CNN.

PREGUNTA: ¡Hola! Tengo dos preguntas también y, como algunos de mis colegas, he hablado con distintos representantes que asistieron a la reunión de esta mañana. Mi primera pregunta está relacionada con los requisitos idiomáticos. Algunos representantes, uno era paquistaní, otro era indígena estadounidense, expresaron el problema constante de la falta de papeletas disponibles en los idiomas de sus comunidades. Es por eso que quería saber cuánta libertad o flexibilidad tiene al decidir si brindar materiales electorales para grupos como los que mencioné.

Y permítame formular la segunda pregunta. Al escucharla hablar hoy, no creo haber escuchado nada que no pudiera haber sido expresado por su predecesor al informarnos sobre las elecciones hace cuatro años, salvo por la referencia al debate del caso Crawford vs. el Condado de Marion. ¿Me podría decir en qué cosas la División de Derechos Civiles está actuando de manera diferente a lo hecho en las últimas Elecciones Generales, si es que hay cambios? Me interesan los datos específicos, como el número de monitores, que si recuerdo correctamente, usted dijo que eran cientos y creo que hace cuatro años, el número de monitores y observadores era alrededor de 900, pero menos de 1,000. ¿Tendremos más este año que la vez anterior?

SRA. BECKER: Todavía no se puede predecir cuántos monitores habrá en el Día de Elecciones. Todavía faltan alrededor de dos meses para las elecciones, pero le puedo decir que serán cientos de monitores, pero no tengo un número específico. Puedo asegurarle del mismo modo que lo hice con los individuos de la Sección Electoral que contarán con los recursos que necesitan para implementar el programa exhaustivo de monitorización que necesitan para garantizar el cumplimiento de nuestra labor el Día de Elecciones. También preguntó acerca de (interrupción del Sr. Frieden).

PREGUNTA: sobre los idiomas.

SRA. BECKER: Sí, el tema de las minorías lingüísticas. Le voy a dar algunos antecedentes. Existen diferentes disposiciones en la Ley de Derechos Electorales que se aplicarían a algunos de los temas de minorías lingüísticas que abordamos.

La Sección 203 es la principal y exige que jurisdicciones estatales y locales traduzcan determinados materiales relacionados con las elecciones a diferentes idiomas si esas jurisdicciones tienen la población mínima establecida de personas con conocimientos limitados del inglés en determinadas categorías lingüísticas, según lo establecido por el Buró de Censos de los EE.UU.

Calculo que usted mencionó a paquistaníes e indígenas estadounidenses y eso depende de si la jurisdicción en la que estaban era una jurisdicción cubierta por la 203, como decimos nosotros. La fórmula de cobertura es que deben tener más de 10,000 o más del 5% de todos los ciudadanos en edad de votar, o si están en una Reserva Indígena, superar el 5% de todos los residentes de la Reserva y el índice de analfabetismo debe ser mayor al índice de analfabetismo nacional.

Ese es un tema que estamos analizando. Y además de los problemas de las minorías lingüísticas, si se determina que se produjo un acto de discriminación contra paquistaníes o indígenas estadounidenses, obviamente podríamos tomar medidas adicionales bajo la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, o si se les negó la igualdad de oportunidades para participar a estos grupos. Esa es la fórmula de cobertura que utilizamos aquí en la División de Derechos Civiles. Espero que eso haya contestado su pregunta.

PREGUNTA: Bueno.

OPERADOR: La próxima pregunta está a cargo de Donna Leinwand de USA Today.

PREGUNTA: Hola, solo quería preguntarle acerca de la monitorización. Es decir, usted mencionó que existe un Decreto por Consentimiento que provocaría el envío de monitores. ¿Me podría especificar algunos otros criterios que posea para enviar monitores? ¿Se eligen al azar? ¿Hacen una especie de monitorización al azar de lugares de votación o tienen que surgir de algún tipo de sospecha de violación a los Derechos Civiles?

SRA. BECKER: Sí, puedo nombrarle algunos factores. Con la salvedad de que obviamente no será una lista detallada de factores. No enviamos monitores al azar. Enviamos monitores a los lugares en que existen alegatos específicos respecto de jurisdicciones específicas.

Una de las razones obviamente sería la existencia de jurisdicciones bajo una orden judicial de envío de observadores y monitores. También existen jurisdicciones a las que un Decreto por Consentimiento nos permite enviar observadores y monitores. Algunos envíos pueden ser de acuerdo con nuestras investigaciones activas en curso en la División de Derechos Civiles. Otros pueden estar basados en alegatos creíbles recientes de violaciones potenciales a la ley que quizás no surjan necesariamente de investigaciones a largo plazo, sino que surgen de nuevos alegatos que se realizan más cerca del Día de Elecciones.

También hemos tenido en cuenta si existen antecedentes de discriminación racial en el lugar de votación y una votación polarizada por la raza en una disputa electoral que pueda tener un efecto de polarización racial, ya que eso es algo que obviamente analizaríamos.

PREGUNTA: ¿Hay alguien encargado de estudiar estas cosas? Es decir, ¿algún empleado de su oficina que revise los antecedentes o revise los periódicos locales o cosas por el estilo para ver si existen elecciones con matices raciales?

SRA. BECKER: Obviamente controlamos lo publicado en los medios de prensa, ya que han sido una fuente muy útil a la hora de tomar decisiones y recolectar información. La División de Derechos Civiles existe desde hace 51 años, por lo que contamos con una gran cantidad de conocimientos históricos e institucionales dentro del Departamento, y obviamente contamos con nuestro propio historial de los lugares en que se tomaron previamente acciones de coacción.

Los empleados de la Sección Electoral prestan mucha atención a áreas en las que ha habido antecedentes de discriminación electoral, en especial cuando esos antecedentes están acompañados de alegatos creíbles de violaciones potenciales en la actualidad.

PREGUNTA: Gracias.

OPERADOR: Y tenemos una pregunta relacionada de Evan Pérez de The Wall Street Journal.

PREGUNTA: Quería preguntarle sobre remover votantes. ¿Existen estados en los que, al acercarse las elecciones, remueven a votantes de las listas? El Departamento, ¿tiene alguna participación en la supervisión de exclusiones?

O sea, obviamente existen dudas de vez en cuando sobre la posibilidad de que personas que tienen derecho legítimo a votar sean eliminadas de las listas y luego tengan dificultades para acceder a votar el Día de las Elecciones. Me preguntaba si están haciendo algo para garantizar que lo que los estados hacen sea legítimo y que funcione de la manera correcta.

SRA. BECKER: Sí, por supuesto. La Ley Nacional de Registro de Electores da directrices específicas sobre los casos en que votantes no elegibles pueden ser eliminados de las listas. Establece protecciones procesales y temporales para los votantes al acercarnos al Día de Elecciones. Por ejemplo, ningún votante puede ser eliminado de la lista salvo que haya recibido un correo de una jurisdicción del gobierno estatal o local y no haya votado en dos elecciones federales generales, y solo luego de esas instancias se puede eliminar de la lista. Además, no se lo puede eliminar en los 90 días anteriores al Día de Elecciones, por lo que como ahora estamos dentro de esa moratoria de 90 días, no se puede eliminar a ningún otro votante de las listas.

Si escuchamos alegatos de que se está eliminando a personas incorrectamente de listas de votantes, podemos entablar demandas bajo la Sección 8 de la Ley Nacional de Registro de Electores, y lo hemos hecho anteriormente.

PREGUNTA: Bien, y ustedes han estado supervisando el trabajo de los estados esta vez. Es decir, ¿me podría dar una idea de lo que están haciendo para supervisar ese tema?

SRA. BECKER: Tenemos investigaciones abiertas bajo la Ley Nacional de Registro de Electores y continuamos con esas investigaciones. Si usted está al tanto de cualquier información específica sobre jurisdicciones específicas, obviamente nos gustaría recibir esa información.

PREGUNTA: Bien, gracias.

OPERADOR: Tenemos otra pregunta relacionada de Lara Jakes Jordan de The Associated Press.

PREGUNTA: Gracias. Esta pregunta se me ocurrió cuando usted hablaba con Evan. No sé si este es un tema estatal o federal, pero una de las maneras en que un consejo electoral podría tratar de verificar si alguien todavía reúne los requisitos para votar es enviar un correo a la dirección de alguien y como en este año se están ejecutando muchas hipotecas, pienso que puede haber mucha gente que se está mudando. ¿Cómo puede hacer el Departamento de Justicia para intentar proteger a las personas que han tenido que entregar su casa para que no pierdan el acceso o la elegibilidad para votar si ya no viven en la dirección registrada por el consejo electoral?

SRA. BECKER: ¿Se refiere a correos privados o a correos del Estado?

PREGUNTA: Bueno, correos del Estado, pero calculo que el tema de los correos privados también es un tema importante para ustedes.

SRA. BECKER: Como señalé, existe una moratoria de 90 días, por lo que en este momento no deberían realizarse mantenimientos de las listas y no se debería eliminar nombres de la lista en este período de 90 días antes de las elecciones, por lo que espero que no ocurra. Pero si usted se entera de que existen jurisdicciones que no cumplen, le pedimos que nos informe cualquier dato que tenga al respecto.

PREGUNTA: ¿Y qué pasa con los correos de las personas que cambiaron de dirección antes de este período de 90 días?

SRA. BECKER: Bueno, las personas que han cambiado de dirección antes de los 90 días deberían notificar a sus funcionarios estatales y locales o quienquiera que sea el funcionario adecuado, quizás el Secretario de Estado de ese estado o la oficina electoral local para asegurarse de estar anotadas correctamente en las listas del lugar de votación que les corresponde.

PREGUNTA: O sea que lo que quiere decir es que le corresponde al propietario asegurarse de seguir estando en la lista correspondiente.

SRA. BECKER: Sí, si la persona se muda, le corresponde comunicarse a su oficina local de registro para notificar la nueva dirección.

PREGUNTA: ¿Eso es algo que está establecido en las leyes federales que todos ustedes pueden proteger y supervisar o es algo más relacionado con el ámbito estatal y local?

SRA. BECKER: Me parece que es algo más estatal y local.

PREGUNTA: Bien, gracias.

OPERADOR: Con eso finalizamos la teleconferencia de hoy. Pueden desconectar sus líneas telefónicas.