WASHINGTON – El Departamento de Justicia anunció hoy que el ex propietario de Cincinnati, James G. Mitchell, y su compañía, Land Baron Enterprises, aceptó pagar 1 millón de dólares en daños y perjuicios monetarios y una multa civil, después de admitir que violó la Ley de Vivienda Justa [Fair Housing Act (FHA)]. Se trata del mayor acuerdo conciliatorio monetario realizado por el Departamento en un caso de alegación de acoso sexual bajo la FHA.
"Estas mujeres eran objeto de avances sexuales descarados, amenazadores y no deseados en sus hogares", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles. "Si bien no hay nada que pueda compensar plenamente el dolor experimentado por estas mujeres, este acuerdo conciliatorio de 1 millón de dólares refleja la gravedad de la conducta alegada. Felicito a las víctimas, quienes valientemente se acercaron a Housing Opportunities Made Equal (HOME) para su referido".
Bajo el fallo por consentimiento, el cual debe ser aprobado por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Ohio, los demandados, James G. Mitchell y Land Baron Enterprises, una empresa que poseía muchas de las propiedades administradas por Mitchell, deben pagar 890,000 dólares en compensación a 12 mujeres acosadas sexualmente por Mitchell y 110,000 dólares de multa civil a los Estados Unidos. Los primeros 250,000 dólares deben pagarse en el plazo de dos semanas de la aprobación del tribunal y los 750,000 dólares restantes serán pagaderos dentro de los 30 días de la aprobación del tribunal y serán distribuidos entre las 12 mujeres. Además, el fallo por consentimiento prohíbe a Mitchell futuros actos de discriminación y exige que contrate a una empresa administradora independiente para administrar futuras propiedades de alquiler que adquiera. Actualmente, Mitchell no posee u opera ninguna propiedad de alquiler.
La demanda alega que Mitchell expuso a inquilinas del sexo femenino a avances sexuales verbales no deseados y contacto sexual no deseado, entró en los apartamentos de inquilinas sin permiso o aviso previo, otorgó y negó beneficios de vivienda tangibles a cambio de favores sexuales, y tomó acción adversa contra inquilinas que se negaron u opusieron a sus avances sexuales.
El Departamento comenzó a investigar a Mitchell después de que HOME, un grupo de defensa de vivienda justa sin fines de lucro de Cincinnati, notificó al Departamento de denuncias de acoso sexual que había recibido sobre Mitchell.
La Ley de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la vivienda con base en raza, color, religión, sexo, origen nacional, discapacidad y situación familiar. Desde el 1º de enero de 2001, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha entablado 259 demandas para hacer valer la Ley de Vivienda Justa, entre ellas, 27 por discriminación con base en el sexo. En el año fiscal 2008, el Departamento realizó acuerdos conciliatorios en otras cuatros demandas por acoso sexual asociadas a la vivienda o préstamos, por un total de 935,000 dólares. El fallo más grande ya obtenido por el Departamento después de un juicio en un caso asociado al acoso sexual en la vivienda fue de 1.1 millones de dólares, contra los propietarios de Kansas City Bobby y Jewel Veal, en 2004.
Para obtener más información sobre la División de Derechos Civiles y las leyes que hace valer, visite http://www.usdoj.gov/crt. Las personas que crean que puedan haber sido víctimas de discriminación en la vivienda pueden llamar a la Línea Abierta de Discriminación en la Vivienda (1-800-896-7743), enviar un mensaje de correo electrónico al Departamento de Justicia a fairhousing@usdoj.gov, o comunicarse con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano al 1-800-669-9777.
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