WASHINGTON – David A. Tuason de Cleveland, Ohio, se ha declarado culpable de ocho cargos de transmitir comunicaciones amenazadoras, anunciaron Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, William J. Edwards, Fiscal Federal Interino para el Distrito Norte de Ohio, y C. Frank Figliuzzi, Agente Especial a Cargo de la División de Cleveland del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)].
La acusación formal en este caso alega que Tuason, utilizando tanto el correo estadounidense como correo electrónico, envió comunicaciones a múltiples hombres afroestadounidenses, incluido un Juez Asociado de la Corte Suprema de EE.UU., un ex jugador de baloncesto del NBA, músicos, presentadores de noticias, y un menor, en las cuales Tuason amenazó matar a los destinatarios. Las víctimas de Tuason estaban ubicadas en Ohio y en todos los Estados Unidos. Si bien Tuason envío la mayoría de sus comunicaciones desde el área de Cleveland, también envió comunicaciones desde Nueva York y Pensilvania, así como otras partes de Ohio.
En una de las comunicaciones, Tuason amenazó hacer estallar el edificio de la Corte Suprema. En otras comunicaciones detalladas en la acusación formal, Tuason amenazó castrar, balear o acuchillar a sus víctimas. Además de las amenazas, las comunicaciones de Tuason contenían, en general, insultos raciales condenando relaciones interraciales. Como parte de su declaración de culpabilidad, Tuason admitió que sus acciones en transmitir las comunicaciones estuvieron motivadas por animosidad racial hacia personas que él creía ser miembros de parejas interraciales, así como los hijos de parejas interraciales.
"Las amenazas desdeñables del demandado son una ofensa a los valores fundamentales de nuestra nación", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Becker. "El Departamento de Justicia se empeña en hacer valer enérgicamente las leyes federales que prohíben los actos violentos motivados por la ignorancia y el odio".
"Fue la persistencia del FBI a lo largo de muchos años lo que permitió este enjuiciamiento", dijo el Fiscal Federal Interino Edwards. "Nos complace que la investigación no solo resolvió casos asociados a víctimas de notoriedad nacional, sino que también reparó asuntos asociados a víctimas que son residentes locales de nuestra comunidad. Ya sea que se trate de un ciudadano común o uno de notoriedad nacional, ninguna persona debe ser objeto de estos tipos de comunicaciones amenazadoras. Las personas que puedan sentirse tentadas a enviar tales comunicaciones, ya sea por el correo estadounidense o a través de la tecnología de informática, deben darse cuenta de que sus acciones serán enérgicamente investigadas y enjuiciadas".
"No hay lugar para los crímenes motivados por el odio en una sociedad civil", dijo el Agente Especial a Cargo Figliuzzi. "Durante 20 años, el FBI nunca se dio por vencido y siguió buscando al autor de estas cartas violentas y llenas de odio, y nuestra dedicación al caso es un reflejo de nuestra determinación de hacer valer tenazmente las leyes de derechos civiles de nuestra nación".
Las penas máximas por la condena en el cargo asociado al Juez Asociado de la Corte Suprema de EE.UU. es 10 años en prisión, una multa de 250,000 dólares, y tres años de libertad bajo supervisión, después de cualquier periodo de encarcelamiento. Las penas máximas para los cargos restantes son cinco años en prisión, una multa de 250,000 dólares, y tres años de libertad bajo supervisión, después de cualquier periodo de encarcelamiento. Aún no se ha establecido una fecha para la lectura de la sentencia.
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso los Fiscales Federales Auxiliares Benita Pearson y Dean Valore de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Ohio, con la asistencia de la Sección de lo Penal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. El caso fue investigad por agentes especiales del Escuadrón de Derechos Civiles del FBI en la Oficina Local de Cleveland.
El enjuiciamiento de personas que cometan delitos de sesgo es una prioridad para el Departamento de Justicia. Desde 2001, la División de Derechos Civiles ha acusado a 223 demandados en 154 casos de delitos motivados por el sesgo.
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