WASHINGTON – El ex agente del Departamento de Policía de Los Ángeles Jesse Moya, el ex Delegado de Alguacil del Condado de Los Ángeles y el Agente de Correccional de California Rodrigo Ruan, y dos co-conspiradores, Steve Quintero y Gerónimo Sevilla, fueron sentenciados hoy en el tribunal federal en Los Ángeles por sus papeles en una serie de robos con invasión de domicilio a lo largo de un periodo de dos años, anunció hoy el Departamento de Justicia. Moya fue sentenciado a 30 meses en prisión, tres años de libertad bajo supervisión después de haber cumplido con su sentencia en prisión, y se le ordenó pagar una multa de 5,000 dólares. Duran fue sentenciado a 66 meses en prisión y cinco años de libertad bajo supervisión después de haber cumplido su sentencia en prisión. Sevilla recibió una sentencia de 87 meses en prisión, junto con tres años de libertad bajo supervisión y una multa de 1,500 dólares. Quintero recibió una sentencia de 57 meses en prisión, junto con tres años de libertad bajo supervisión y una multa de 5,000 dólares.
Moya, Duran, Quintero y Sevilla se habían declarado culpables con anterioridad, de conspirar para violar los derechos civiles. Además, Duran y Sevilla se declararon culpables de utilizar un arma de fuego durante un delito violento, y Duran se declaró culpable de privación de los derechos bajo apariencia legal. Durán también atestiguó en el juicio de enero de 2008, en el cual un jurado federal encontró a sus co-conspiradores, William y Joseph Ferguson, culpables de conspirar para violar los derechos civiles; conspirar para poseer narcóticos con intención de distribución; y posesión de narcóticos con intención de distribución.
Las pruebas presentadas en las audiencias de declaración de culpabilidad y el juicio de enero de 2008 revelaron que los cuatro demandados sentenciados hoy eran miembros de una amplia conspiración delictiva que había cometido más de 40 hurtos y robos en el área de Los Ángeles entre comienzos de 1999 y junio de 2001. El ex agente del Departamento de Policía Rubén Palomares era el cabecilla de esta conspiración, la cual incluía a otros agentes de las fuerzas del orden público, así como narcotraficantes. En general, los robos eran cometidos después de que el grupo recibía información de que un lugar específico estaba asociado al narcotráfico. Los equipos de ladrones consistían en múltiples agentes de la policía que prestaron juramento en sus cargos, uniformados o que exhibían una chapa - quienes obtenían acceso a la vivienda, diciéndoles falsamente a sus ocupantes que realizaban una búsqueda legítima de drogas o narcotraficantes. Los demás demandados también asistieron en estas invasiones, realizando actividades de vigilancia o vendiendo drogas tomadas durante las invasiones y compartiendo las ganancias con los demás conspiradores. Solían atar, amenazar o atacar a las víctimas durante los allanamientos.
En total, 17 demandados, incluidos agentes de las fuerzas del orden público del Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento de Policía de Long Beach, el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Correcciones de California fueron condenados por delitos federales en conexión con la conspiración. En audiencias de emisión de sentencia anteriores en el caso, el ex agente del Departamento de Policía de Los Ángeles William Ferguson fue sentenciado a 102 años en prisión, su hermano y agente del Departamento de Policía de Long Beach Joseph Ferguson fue sentenciado a 97 meses en prisión, y el ex agente del Departamento de Policía de Los Ángeles Rubén Palomares fue sentenciado a 158 meses en prisión.
"Estos demandados y sus co-conspiradores abusaron de sus cargos de confianza en repetidas oportunidades para realizar sus ardides de robo y narcotráfico", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles. "Si bien la gran mayoría de los agentes de las fuerzas del orden público realizan sus tareas difíciles de manera profesional, el Departamento de Justicia seguirá enjuiciando enérgicamente a aquellos que se excedan y cometan tales actos ilícitos violentos".
"Con los ex agentes Moya y Duran en la prisión, cinco ex agentes de las fuerzas del orden público han sido condenados y castigados en este caso desagradable de corrupción policial", dijo el Fiscal Federal Thomas P. O'Brien. "Con este capítulo en las fuerzas del orden público del Sur de California concluido, seguiremos atentos para asegurar que otros agentes rufianes no manchen las reputaciones de la gran mayoría de nuestros agentes de policía que sirven a sus comunidades con honor e integridad".
El caso fue investigado por el Agente Especial Phil Carson del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], con la asistencia de Steve Sambar, Roger Mora y Mark Bigel de los Departamentos de Policía de Los Ángeles y Long Beach. Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Asesor Jurídico en Litigios Especial del Departamento de Justicia Jeffrey S. Blumberg, el Abogado Litigante del Departamento de Justicia Josh Mahan, y el Fiscal Federal Auxiliar Douglas M. Miller.
La División de Derechos Civiles se empeña en hacer valer enérgicamente cada ley federal penal asociada a la violación de derechos civiles, tales como las leyes que prohíben el uso deliberado de fuerza excesiva u otros actos de conducta indebida por parte de funcionarios de las fuerzas del orden público. La División ha compilado antecedentes significativos en enjuiciamientos penales de violación de los derechos civiles por las fuerzas del orden público. En el año fiscal 2007, la Sección de lo Penal condenó al número más alto de demandados en su historia, superando el record establecido en el año fiscal 2006. Durante los últimos siete años, la Sección de lo Penal obtuvo condenas de un 53 por ciento más de demandados (391 en comparación con 256) en enjuiciamientos de agentes de las fuerzas del orden público que en los siete años anteriores.
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