WASHINGTON – El Departamento de Justicia anunció hoy la firma de un acuerdo conciliatorio en una demanda contra el Condado de Salem y el distrito municipal de Penns Grove, N.J. en la cual se alegaban violaciones de los derechos de electores puertorriqueños, según la Ley de Derechos Electorales. El acuerdo conciliatorio exige que el condado y el distrito municipal garanticen que las elecciones sean equitativamente accesibles para los votantes latinos, que en los lugares de votación haya asistencia y materiales en español y que los votantes hispanohablantes tengan permitido seleccionar al asistente que deseen. Una de las inquietudes que llevó a la investigación de la División de Derechos Civiles fue que el distrito municipal y el condado estaban violando los derechos de votantes que habían sido educados en español en escuelas de bandera estadounidense en Puerto Rico.
El acuerdo conciliatorio fue presentado hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Nueva Jersey junto con la demanda y una orden propuesta que permite que observadores federales monitoricen las actividades el día de elecciones en los lugares de votación. La orden aún debe ser aprobada por el tribunal.
"La demanda, que incluye alegatos de aplicación discriminatoria de leyes de identificación de votantes, se presenta para proteger a los votantes de habla hispana", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles. "La División está comprometida a hacer valer enérgicamente leyes federales de derechos civiles en este año electoral tan importante y felicita al condado y al distrito municipal por resolver el asunto de manera rápida y constructiva".
"El derecho al voto es una garantía fundamental para todos los ciudadanos de los Estados Unidos", dijo Christopher J. Christie, Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey. "Nos complace que el condado y el distrito municipal hayan aceptado resolver esta demanda".
La demanda, entablada bajo las Secciones 2, 4e y 208 de la Ley de Derechos Electorales, alegó que en Penns Grove, los votantes latinos eran sujetos a comentarios de naturaleza racista, hostilidad y una gama de tratos diferenciales. La demanda alega que a los votantes latinos se les solicitaba de manera desproporcionada su identificación personal y eran rechazados de los lugares de votación. Además, alega que los votantes hispanohablantes no recibían materiales electorales en español y que tampoco había una cantidad adecuada de trabajadores bilingües en el lugar de la votación y que a los votantes hispanohablantes se les denegaba el uso de un asistente de su elección.
La Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales prohíbe la discriminación en el proceso electoral. Esta es la tercera demanda relacionada con la Sección 2 presentada este año por la División. La Sección 4e de la Ley de Derechos Electorales exige materiales en español y asistencia para ciudadanos de descendencia puertorriqueña que hayan sido educados en español en escuelas de bandera estadounidense. Este caso marca la quinta demanda entablada por la División de parte de votantes puertorriqueños bajo la Sección 4e en toda su historia y la tercera demanda entablada desde 2003. La Sección 208 de la Ley les da a los votantes que necesitan asistencia para votar debido a una discapacidad o la imposibilidad de leer la papeleta en inglés el derecho a recibir esa asistencia de una persona de su elección, que no sea el empleador o el representante sindical del votante. Esta es la décima demanda bajo la Sección 208 en la historia de la División, nueve de las cuales fueron presentadas a partir de 2001. Este Gobierno ha entablado con éxito demandas asociadas a la Ley de Derechos Electorales en todo el país–lo que incluye a Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Mississippi, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Washington, y ha presentado los primeros casos de la historia de parte de votantes filipinos, coreanos, haitianos y vietnamitas estadounidenses.
Para entablar demandas sobre prácticas electorales discriminatorias, entre ellas actos de acoso o intimidación, los electores pueden llamar a la Sección Electoral de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia al 1-800-253-3931. Para obtener más información sobre la Ley de Derechos Electorales y otras leyes federales electorales, visite el portal del Departamento de Justicia en www.usdoj.gov/crt/voting/index.htm.
###
08-659