WASHINGTON– Un gran jurado en el Distrito de Puerto Rico acusó formalmente a seis agentes del Departamento de Policía Municipal de San Juan de violaciones de los derechos civiles, anunció hoy el Departamento de Justicia. La acusación formal alega que en julio de 2003, seis agentes – Eliezer Rivera González, Juan Morales Rosado, José Pacheco Cruz, Carlos Pagán Ferrer, Elías Perocier Morales y Aaron Vidal Maldonado – violaron los derechos civiles de José Antonio Rivera Robles al patearlo, trompearlo y agredirlo físicamente de otras formas, causándole la muerte.
Además de acusar a los seis agentes que participaron en la violación de los derechos civiles del Sr. Rivera Robles, la acusación formal acusa a los agentes de diversas violaciones de obstrucción de la justicia por encubrir la agresión cuando entrevistados por agentes de las fuerzas del orden público federales. Asimismo, uno de los agentes, Juan Morales Rosado, fue acusado de perjurio por realizar declaraciones falsas a un gran jurado federal que investigaba las circunstancias asociadas a la muerte del Sr. Rivera Robles.
Una acusación formal es una mera acusación y se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
La penas máximas posibles por las violaciones de los derechos civiles son prisión perpetua, sin posibilidad de libertad bajo palabra, o la pena de muerte. El Departamento de Justicia decidirá si pedirá la sentencia de pena de muerte. Cada uno de los agentes también enfrenta por lo menos un cargo de obstrucción de la justicia, el cual conlleva una sentencia de 20 años en prisión y una multa de 250,000 dólares, y un segundo cargo de obstrucción de la justicia, el cual conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión y una multa de 250,000 dólares. El cargo de perjurio contra el agente Juan Morales Rosado conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión y una multa de 250,000 dólares.
Estarán a cargo de la acusación en el caso abogados de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EE.UU. y de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico.
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