WASHINGTON, D.C. - El Departamento de Justicia anunció hoy un acuerdo conciliatorio con el Estado de New Jersey con relación a condiciones y servicios en el Woodbridge Developmental Center, una institución operada por el estado y que aloja a aproximadamente 500 personas con discapacidades del desarrollo.
El Acuerdo, el cual fue presentado en el Tribunal Federal de Distrito de Trenton, exige que el estado proteja a residentes contra daños y mejore servicios exigidos por la Constitución en las áreas de psicología, psiquiatría, atención médica y manejo nutricional y físico. El Acuerdo también exige que el estado atienda a residentes de Woodbridge en el medio más integrado, de acuerdo con sus necesidades individualizadas. Este aspecto del Acuerdo es significativo porque se refiere al cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de 1999 en Olmstead contra L.C. E Olmstead, el Tribunal sostuvo que la segregación de personas con discapacidades puede constituir discriminación ilegal cuando dichas personas puedan vivir en un medio más integrado. El Acuerdo será monitorizado por un equipo de especialistas de reconocimiento nacional con décadas de experiencia en el cuidado de personas con discapacidades del desarrollo.
"La protección de personas con discapacidades del desarrollo es una parte crítica de nuestra misión", dijo Bradley J. Schlozman, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de Derechos Civiles. "Estas personas están entre las más vulnerables de la sociedad, y el Departamento de Justicia se compromete a asegurar que reciban la atención y los servicios que merecen".
La División de Derechos Civiles obtuvo un acuerdo prácticamente idéntico con New Jersey el 2 de agosto de 2004, con relación al New Lisbon Developmental Center. La División también ha resuelto investigaciones similares de otras instituciones para personas con discapacidades del desarrollo en Connecticut, el Distrito de Columbia, Florida, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Pennsylvania, Puerto Rico, Tennessee y Wisconsin. Existen investigaciones asociadas a establecimientos para personas con discapacidades del desarrollo pendientes en Arkansas, California, Missouri, Texas y Washington.
La protección de los derechos de personas institucionalizadas es una prioridad para el Departamento de Justicia. Desde 2001, la División de Derechos Civiles ha iniciado 56 investigaciones de los términos y condiciones de la internación en 63 establecimientos, incluidos centros de enfermería, establecimientos de salud mental, residencias para personas con discapacidades del desarrollo, instalaciones de justicia juvenil y cárceles.
El texto de la carta de conclusiones e información adicional sobre la Sección de Litigio Especial de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia se encuentran en
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