COMENTARIOS PREPARADOS DEL
SECRETARIO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS ALBERTO R. GONZALES
EN LA
CÁMARA DE DELEGADOS
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE ESTADOS UNIDOS
CHICAGO, ILLINOIS
LUNES, 8 DE AGOSTO DE 2005 - 11:15 AM
Buenos días, damas y caballeros.
Gracias por dedicarme unos minutos de su ocupada agenda. Aprecio todo el trabajo importante que el Colegio de Abogados de Estados Unidos hace en pos de la profesión jurídica, y de nuestra Nación. Podemos no siempre estar de acuerdo en algunos temas, pero este Gobierno y la ABA comparten un compromiso común hacia el imperio de la ley.
Sus contribuciones para un poder judicial calificado, y especialmente mientras trabajamos para confirmar a un nuevo miembro de la Corte Suprema, tienen una tradicional importancia en el proceso de colocar a juristas calificados en los estrados federales. En nombre del Presidente, quiero agradecerles por su permanente interés y contribuciones hacia esta labor. Como muchos de ustedes saben, el Juez Roberts fue unánimemente considerado por el ABA bien calificado para desempeñarse en el Circuito de DC. El Presidente considera que, debido a sus sólidos antecedentes de integridad, su competencia profesional, y su temperamento jurídico, el Juez Roberts cuenta con las características necesarias para desempeñarse en la Corte Suprema. Espero con ansias la realización de un examen adecuado y justo de la idoneidad del Juez Roberts, y su posterior confirmación a la Corte.
La Corte Suprema es un símbolo magnífico y duradero del imperio de la ley en nuestra Nación. Es esa característica definitoria de Estados Unidos, el imperio de la ley, no la religión, raza, o etnia, lo que une a las personas y generaciones con nuestros principios fundadores de libertad y justicia para todos.
Como organización, la ABA ha estado luchando a favor del imperio de la ley durante más de ciento veinticinco años. Durante su historia, han sido testigos del papel fundamental que han tenido las leyes y nuestros tribunales en la formación de la historia de nuestra Nación y en la conservación de nuestros más altos ideales.
La historia de Estados Unidos está marcada por crisis y desafíos que pusieron a prueba el temple de nuestra Nación: la Guerra Civil, la Gran Depresión, la Guerra Fría. Cada vez que Estados Unidos debió enfrentar un desafío, hemos respondido con una fortaleza que se ha convertido en nuestro sello característico durante casi doscientos treinta años.
Desde el comienzo, Estados Unidos fue una Nación construida sobre la respuesta colectiva ante la adversidad y la opresión. Enfrentamos la tiranía, sacrificamos la sangre de los patriotas en revolución, y emergimos de la lucha con el documento jurídico más importante que el mundo ha conocido: la Constitución de los Estados Unidos.
Este patrón se ha repetido durante nuestra historia. Grandes crisis han sido enfrentadas con debate, diálogo, y resolución legal. En el proceso, el imperio de la ley se ha fortalecido como la columna vertebral de nuestro sistema democrático y un medio de paz, prosperidad, y oportunidad.
Este ciclo de política pública y soluciones legislativas a los desafíos fundamentales continúa en la actualidad. Pienso en tres ejemplos bastante obvios durante mis seis meses como Secretario de Justicia de los Estados Unidos, y me gustaría compartir algunas ideas sobre ellos con ustedes.
La Ley de Derechos Electorales. La Ley de Reforma de Sentencias Federales. La Ley PATRIOTA. Cada una representa un esfuerzo bipartidista exitoso para abordar problemas significativos o desafíos que tuvo que enfrentar nuestra sociedad. Cada una ha realizado un trabajo admirable: resistir la prueba de los años y, en algunos casos, décadas. Y los objetivos fundamentales de cada una requieren una atención renovada a fin de mantener estos logros.
En el Departamento de Justicia, estamos comprometidos a conservar los ideales y valores de cada una de estas históricas piezas de legislación.
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El sábado, nuestra Nación celebró el aniversario de la sanción de la Ley de Derechos Electorales. Hace cuarenta años, el Presidente Lyndon Johnson firmó ese importante proyecto y lo convirtió en ley. A comienzos de esta semana, tuve la oportunidad de viajar a mi Texas natal, y celebrar este hito para la historia de los derechos civiles de nuestra Nación.
Pero mientras celebramos este logro, es importante recordar que la situación no siempre fue así en la historia de nuestra Nación. Y es por esto que luchamos para garantizar que cada estadounidense pueda hacer escuchar su voz en nuestra democracia.
Tan recientemente como en la década de 1960, se negaba sistemáticamente la oportunidad de votar a muchas comunidades. Los derechos inalienables que fueron prometidos a todo estadounidense se habían escapado de las manos de muchos miembros pobres y débiles de nuestra sociedad.
Como consecuencia, estos ciudadanos no tenían ningún poder, influencia, ni voz en su gobierno. Era un gobierno de algunas personas, por algunas personas, y para algunas personas.
Eran privados de su derecho al voto, privados del privilegio de participar, por personas que no temían las consecuencias. No había herramientas disponibles para defender estos derechos contra el racismo organizado.
Muchos de nosotros recordamos la estremecedora escena sobre el Puente Edmund Pettus en las afueras de Selma, Alabama, en marzo de 1965.
Un grupo que marchaba hacia Montgomery, para mostrar la injusticia de la privación del derecho al voto, sólo pudo avanzar unas pocas cuadras fuera de la cuidad. En ese puente, un día pacifico se convirtió en el Domingo Sangriento, a medida que aquellos que marchaban se encontraban con la policía y matones armados con cachiporras y gas lacrimógeno.
Pudieron detenerlos. Pero no silenciarlos.
Reclamaron vigorosamente sus derechos, ejercieron el poder de su causa justa, e influyeron en el gobierno para lograr un cambio. El Presidente Johnson firmó la Ley de Derechos Electorales cinco meses después de que, en las afueras de Selma, seiscientos estadounidenses decididos enfrentaran una historia de negación sistemática del derecho al voto.
La Ley de Derechos Electorales otorgó al gobierno federal las herramientas para defender las promesas de la Décimo Quinta Enmienda. Cada ciudadano no sólo tendría el derecho a votar…sino que también ese voto sería protegido con todo el poder del gobierno federal.
En la actualidad, la facultad de votar es una de las mayores oportunidades que compartimos como estadounidenses. En el Día Electoral, todos tenemos la misma oportunidad, la misma voz, para ejercer cierta influencia sobre los sucesos y decisiones que dan forma a nuestras vidas y a nuestra Nación.
Por eso fue para mí un orgullo celebrar la sanción de la ley que codificó estos principios con tanta eficacia. Me enorgullece servir en un Gobierno profundamente comprometido con los ideales básicos de esta legislación.
La Ley de Derechos Electorales ha tenido un éxito abrumador, pero nuestro trabajo nunca está terminado. El Presidente Bush desea asegurar que toda persona calificada en cada comunidad de Estados Unidos tenga iguales oportunidades, no sólo de votar, sino también de que su voto sea contado.
Es por eso que este Gobierno ansía trabajar con el Congreso en la reautorización de esta importante legislación.
Mientras trabajamos para lograr la reautorización, los hombres y mujeres del Departamento de Justicia tenemos la responsabilidad permanente de garantizar que la voz de cada ciudadano estadounidense sea escuchada, y su voto contado.
Ése es el trabajo de la Oficina de Asuntos Electorales de la División de Derechos Civiles y de la Oficina de Integridad Pública de la División de lo Penal. El Presidente ha orientado todas las facultades y poderes del Departamento de Justicia para hacer valer la Ley de Derechos Electorales y proteger la integridad de nuestro proceso eleccionario.
Después del 11 de septiembre, tenemos un aprecio aún mayor por nuestros preciados derechos estadounidenses y reconocemos exactamente qué es lo que hace que nuestra Nación sea tan especial. De la misma manera en que abrazamos con más fuerza a nuestras familias ese terrible día cuatro años atrás, debemos aferrarnos con mayor fuerza a nuestras valiosas libertades, tan odiadas por nuestros enemigos. No podemos volvernos complacientes en la protección de esos derechos inalienables sobre los que se fundó nuestra Nación.
Aún hoy, la Ley de Derechos Electorales ofrece la misma esperanza y oportunidades que esta Nación ha prometido a generaciones de estadounidenses. A medida que nuestra búsqueda de los derechos electorales fue evolucionando, también evolucionó el compromiso con los valores que fundaron nuestro país. Y continuará evolucionando a medida que trabajamos con el Congreso en la reautorización de esta histórica ley.
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La Ley de Derechos Electorales fue sancionada bajo la presión de actos específicos de violencia, como los del Domingo Sangriento, que hicieron que todo el país tomara conciencia sobre la necesidad de mayor protección para nuestros valorados derechos y libertades.
Por otro lado, las directrices para sentencias federales fueron el resultado de índices delictivos alarmantes en todo el país en las décadas de 1960 y 1970, señalando a los legisladores la existencia de una crisis en las calles y ciudades de Estados Unidos.
Durante un período en el que los delitos violentos aumentaron más de un triple, algunos estadounidenses perdieron la fe en nuestra capacidad para sentenciar adecuadamente a los delincuentes y evitar que dañen a otras personas. Nuestro sistema de sentencias era injusto y no funcionaba.
Entonces, en 1984, legisladores de todo el espectro político sancionaron la Ley de Reforma de Sentencias con dos objetivos generales en mente.
El primero era aumentar la seguridad de los estadounidenses que respetan la ley al devolver a las sentencias el énfasis en el castigo, el impedimento, y la disuasión.
El segundo fue asegurar la equidad en las sentencias. El principio conductor de la ley fue la consistencia: los acusados que habían cometido delitos graves similares y tenían antecedentes delictivos similares debían recibir sentencias similares.
En sus más de 17 años de existencia, las directrices para sentencias federales han logrado los ambiciosos objetivos de seguridad pública y equidad establecidos por el Congreso.
En la actualidad, Estados Unidos tiene los índices de delincuencia más bajos en una generación. Comparado con los años inmediatamente anteriores a la sanción de la Ley de Sentencias, hemos evitado treinta y cuatro millones de delitos violentos adicionales en los últimos diez años.
Por supuesto, ninguna ley o política sola es responsable por sí misma de los bajos niveles de delitos violentos de la actualidad. Pero las directrices obligatorias para sentencias federales han ayudado a disminuir los delitos.
Múltiples estudios independientes de nuestro sistema de justicia penal confirman lo que nos marca el sentido común: el aumento de los encarcelamientos implica la reducción de los delitos. La reforma de sentencias federales y estatales ha ayudado a poner tras las rejas a los reincidentes más violentos y a mantenerlos allí durante períodos acordes con sus delitos.
Las directrices han evolucionado con el tiempo para adaptarse a las circunstancias cambiantes y a una mejor comprensión de los problemas sociales y del sistema de justicia penal. Jueces, legisladores, la Comisión de Sentencias, fiscales, abogados defensores, entre otros, han trabajado arduamente para desarrollar un sistema de directrices para sentencias que ha protegido a los estadounidenses y mejorado nuestra justicia.
No obstante, como ustedes saben, en enero, la Corte Suprema falló en Booker que las directrices para sentencias son sólo recomendaciones, y han perdido el carácter vinculante para los jueces federales.
Como ex juez, conozco bien las dificultades de ciertas cuestiones como las sentencias, y admiro a los hombres y mujeres de los estrados federales. Pero temo que con el paso del tiempo sea inevitable que, con la participación de tantos jueces individuales, utilizando su propio criterio, en tantas jurisdicciones, se produzcan disparidades, incluso mayores, entre las sentencias en un sistema de directrices sugeridas y no obligatorias.
Me preocupa que con un sistema completamente voluntario, no podremos sostener el progreso que hemos realizado y las víctimas podrían ser victimizadas nuevamente por un sistema que no tiene como fin protegerlas.
Desde la sentencia de Booker, se han sugerido numerosas propuestas legislativas en respuesta y todas deben ser estudiadas y analizadas. Continúo escuchando y mantengo mi mente abierta. Una propuesta que ya he indicado y parece conservar las protecciones y principios de la Ley de Reforma de Sentencias y que, por lo tanto, merece seria consideración, es la construcción de un sistema de directrices mínimas.
Las ventajas de este tipo de sistemas son múltiples. Conservaría la división tradicional de responsabilidades entre jueces y jurados en casos penales y retendría la importante función de la Comisión de Sentencias de EE.UU. para ofrecer directrices sobre sentencias a los tribunales. También permitiría a los jueces cierta flexibilidad para casos extraordinarios. Y un sistema de directrices mínimas sería totalmente consistente con la Sexta Enmienda, según la interpretación de la Corte Suprema.
Como abogados, tenemos la responsabilidad de mantener el progreso que comenzamos con la Ley de Reforma de Sentencias Federales: mantener los delitos violentos en su nivel más bajo en tres décadas, y espero con ansias trabajar con el Congreso, el Poder Judicial, la Comisión de Sentencias, y todos los estadounidenses para diseñar un sistema de sentencias que proteja al pueblo estadounidense y ofrezca una justicia equitativa para los acusados.
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El Departamento de Justicia ha estado a cargo de la lucha contra el delito hace más de ciento treinta años. Y las directrices para sentencias fueron fundamentales en nuestra capacidad para cumplir con esa obligación en las últimas dos décadas.
Pero, como todos ustedes saben, la misión del Departamento ha evolucionado a fin de incluir la lucha contra el terrorismo, y era necesario contar con nuevas herramientas para proteger a los estadounidenses contra esta nueva amenaza.
La Ley PATRIOTA es otra ley que aborda eficazmente el desafío insignia de esta era: luchar contra el terrorismo. De manera muy similar a la Ley de Derechos Electorales y la Ley de Reforma de Sentencias Federales, la Ley PATRIOTA es una respuesta moderada, pero sumamente necesaria, ante el desafío central de nuestros días.
Hace casi cuatro años, todos sufrimos un horror inimaginable. Si ustedes se parecen en algo a mí, los recuerdos del 11 de septiembre vuelven a ocupar la primera plana de mi mente, después de ver las imágenes de las explosiones en Londres y otros ataques terroristas en distintas partes del mundo.
La lista de actividades terroristas desde el 11 de septiembre es larga: Londres, Madrid, Bagdad, Riyad, Jerusalén, Bali, por mencionar sólo algunas. Las fotografías de caras ensangrentadas y víctimas desesperadas todavía lastiman y marcan los corazones de las personas que aman la libertad alrededor del mundo.
Pero las nuevas realidades del terrorismo llegaron a nuestro país de la forma más espectacular e impactante. Arrancados de la quietud después de la victoria en la Guerra Fría, los estadounidenses fueron despertados por la amenaza del terrorismo violento en nuestras calles y ciudades.
Al igual que contemplamos con horror la brutalidad del Domingo Sangriento y la violencia manifiesta en las ciudades de escasos recursos de Estados Unidos, las imágenes de los edificios en llamas, veredas cubiertas de cenizas, y familiares con ojos llenos de lágrimas paralizaron al pueblo dolorido.
En el tiempo necesario para que dos símbolos de las oportunidades estadounidenses cayeran al suelo, una nueva crisis envolvió a una nación entristecida, pero con temple de acero.
Como era de suponer, la respuestas de Estados Unidos estuvo a la altura de las circunstancias. Se agotaron las banderas estadounidenses en las tiendas. Miles corrieron hacia la Zona Cero y hacia el Pentágono para ayudar a los trabajadores de emergencias. Millones lloraron juntos y en soledad.
Y estoy seguro de que todos ustedes recuerdan a los patriotas en las escalinatas del Capitolio cantando God Bless America. Esos mismos hombres y mujeres respondieron rápidamente a las nuevas necesidades en materia de seguridad para nuestro país. El Congreso sancionó y el Presidente firmó la Ley PATRIOTA sólo unas semanas después de la devastación del 11 de septiembre.
Con frecuencia, he hablado sobre la reautorización de esta importante herramienta de coacción durante los últimos meses. Pero la letanía de tergiversaciones y verdades a medias de otras personas han complicado este debate y requirieron de una labor conjunta para educar al pueblo estadounidense, y a la coalición bipartidista en el Congreso que sancionó esta legislación, sobre la importancia de la Ley PATRIOTA.
Probablemente ustedes han escuchado los argumentos de ambas partes. Permítanme ser directo:
Varias disposiciones en la Ley PATRIOTA fueron establecidas para perder vigencia en caso de que la amenaza terrorista finalizara o se modificara, o en caso de que el Departamento de Justicia no utilizara estas herramientas en forma legítima y responsable. Como sabemos por los titulares, la amenaza no ha finalizado y el Departamento ha actuado responsablemente. Y es por esto que todo lo que era correcto sobre la Ley PATRIOTA hace casi cuatro años sigue siendo correcto hoy en día. Todavía necesitamos herramientas de investigación para rastrear posible actividad terrorista y compartir información con mayor rapidez. Algunos han expresado preocupaciones sobre intromisiones en la privacidad y libertades civiles. Que no les quepa ninguna duda que yo siempre estoy preocupado por esos temas. Y por ese motivo, he dado la bienvenida al debate sobre la Ley PATRIOTA. Pero no sería prudente realizar un desarme unilateral, sólo debido a abusos hipotéticos y frente a una amenaza que no ha cedido, al renunciar a herramientas que han sido eficaces en la protección de Estados Unidos.
Me complace que tanto la Cámara de Representantes como el Senado hayan votado reautorizar las principales disposiciones de la Ley PATRIOTA y espero con ansias que envíen un proyecto de ley al escritorio del Presidente que no socave la capacidad de los investigadores y fiscales para poner fin a los complots terroristas y combatir esta amenaza en forma eficaz. Estoy comprometido a trabajar con la Cámara y el Senado a medida que avanzamos hacia la renovación de la Ley.
Cuando lo hagamos, considero que, dentro de cuarenta años, podremos mirar atrás y determinar que fue otro gran éxito legislativo que ayudó a Estados Unidos a enfrentar el mayor desafío de nuestra era.
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Durante la crisis de los derechos civiles en los años sesenta, el aumento de los índices delictivos en los setenta, o el terrorismo en este nuevo siglo, distintos capítulos en la historia estadounidense se han escrito con diferentes desafíos.
Me enorgullece saber que siempre hemos respondido razonablemente de una manera acorde con el país de la libertad y las oportunidades. La esperanza de todos los estadounidenses es lo que impulsa nuestra capacidad para reaccionar ante las adversidades con coraje y enfrentar deseosos las dificultades.
Además, estoy orgulloso, como sé que ustedes también lo están, de que los abogados hayan tenido un papel fundamental en tantas de estas labores. A veces, pareciera que es una moda criticar a los abogados y, en ocasiones, las críticas son merecidas. Pero dejando de lado toda humildad, y hablando como abogado ante un grupo de abogados, no creo que pueda refutarse que cumplimos una función tan importante como cualquier otra en nuestra Nación: dar vida al imperio de la ley en una sociedad fundada sobre los cimientos de ese principio.
Junto con los políticos, líderes de opinión, y ciudadanos preocupados, en los tres casos que cité y en muchos otros en toda la historia de nuestra Nación, los abogados han ayudado con la mesurada mano de la ley para superar los desafíos debimos enfrentar.
Parafraseando a Thomas Jefferson: no tenemos miedo a ninguna crisis, siempre que sea posible dar libertad a la razón para combatirla.
La razón puso un fin honorable a décadas de negación del derecho al voto en el Sur. Hoy, la Ley de Derechos Electorales continúa protegiendo el acceso de cada estadounidense a las urnas.
La razón garantizó que los delincuentes violentos recibieran sentencias estrictas y acordes con su delito. Hoy, trabajamos para continuar reduciendo el delito y renovar nuestro compromiso con las normas de sentencias equitativas.
La razón nos está ayudando a luchar contra el terror y a proteger al pueblo estadounidense. Hoy, la Ley PATRIOTA continúa ofreciendo las herramientas necesarias para rastrear e interrumpir los complots terroristas, mientras respeta nuestros derechos y libertades civiles.
La razón es lo que llevó a la redacción de la Constitución de Estados Unidos y es nuestra guía para la aplicación de las leyes a fin de proteger el sueño estadounidense para todos aquellos que buscan sus bendiciones.
Somos realmente afortunados de vivir en el país más maravilloso del mundo. Gracias por cumplir su función para garantizar que continuemos nuestra vigilia sobre la esperanza y las oportunidades que esperamos de nuestra gran Nación, incluso en momentos de crisis.
Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias, que guíe sus deliberaciones y decisiones, y que siga bendiciendo a los Estados Unidos de América.
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