El Departamento de Justicia anunció hoy que el Condado de Sarasota, Fla. ha acordado pagar 760,000 dólares para resolver dos demandas que alegan que el condado discriminó a personas con discapacidades cuando se negó a permitir que hogares grupales para personas en recuperación de adicción al alcohol y las drogas operen.
La demanda del gobierno federal, presentada en junio de 2006 en un Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida, alegó que la decisión de zonificación de 2004 del Condado de Sarasota que hubiera cerrado hogares grupales para personas en recuperación de adicción al alcohol y las drogas, conocidas como "Tammi House", estaba motivada por discriminación intencional con base en la discapacidad. La demanda también alegó que el condado se negó a otorgar una adaptación razonable y tomó represalias contra el operador de las viviendas, Renaissance Manor Inc., al negarse a otorgarle subsidios del condado.
"La Ley de Vivienda Justa deja en claro que los gobiernos locales no pueden usar sus leyes de zonificación y uso de tierras para discriminar a personas con discapacidades", dijo Rena J. Comisac, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Derechos Civiles. "El Departamento de Justicia mantendrá su compromiso para asegurar que los gobiernos locales cumplan con todas las leyes de vivienda justa".
En abril de 2007, la demanda del gobierno fue consolidada con una demanda privada presentada por Renaissance Manor Inc. y cuatro demandantes individuales en mayo de 2005. Coastal Behavioral Healthcare Inc., empresa copropietaria de Tammi House junto con Renaissance Manor, intervino en la demanda del gobierno en septiembre de 2006. La demanda privada se resolverá al mismo tempo que la demanda del gobierno. Bajo los dos acuerdos conciliatorios, que deben ser aprobados por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida, el condado debe pagar un total de 750,000 dólares a Renaissance Manor, Coastal Behavioral Healthcare Inc., y tres demandantes individuales, y 10,000 dólares a los Estados Unidos para beneficio del interés público. Los acuerdos conciliatorios también permiten que los hogares grupales sigan operando. El acuerdo conciliatorio del gobierno prohíbe discriminación futura y exige que el condado adopte políticas para prevenir discriminación futura.
El caso se inició cuando Renaissance Manor Inc. presentó una denuncia al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano [Department of Housing and Urban Development (HUD)]. El HUD remitió la denuncia al Departamento de Justicia, el cual realizó una investigación y entabló una demanda en junio de 2006.
La lucha contra la discriminación ilegal respecto de la vivienda es una de las principales prioridades del Departamento de Justicia. Las personas que crean que pueden haber sido víctimas de discriminación en la vivienda deben llamar a nuestra Línea Abierta de Discriminación en la Vivienda (1-800-896-7793), enviarnos un mensaje de correo electrónico a fairhousing@usdoj.gov, o comunicarse con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano al 1-800-669-9777.
La Ley de Vivienda Justa federal prohíbe la discriminación en la vivienda con base en raza, color, religión, sexo, situación familiar, origen nacional y discapacidad. Desde el 1º de enero de 2001, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha entablado 240 demandas para hacer valer la Ley de Vivienda Justa, entre ellas, 113 por discriminación por discapacidad. Para obtener más información sobre la División de Derechos Civiles y las leyes que hace valer, visite http://www.usdoj.gov/crt.
###
07-854