WASHINGTON – Dos hombres fueron sentenciados a más de cinco años en prisión por organizar y administrar una empresa internacional de spam pornográfico con ingresos brutos de más de 1 millón de dólares, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Interino Dan G. Knauss del Distrito de Arizona.
Jeffrey A. Kilbride, 41, de Venice, Calif., y James R. Schaffer, 41, de Paradise Valley, Ariz., fueron sentenciados por el Juez Federal de Distrito David G. Campbell del Distrito de Arizona en una audiencia que comenzó el 24 de septiembre de 2007 y terminó ayer. Kilbride fue sentenciado a 72 meses en prisión y Schaffer fue sentenciado a 63 meses en prisión. Kilbride recibió una sentencia mayor con base en la conclusión del juez de que había obstruido la justicia al intentar evitar que un testigo del gobierno atestiguase en el juicio. Kilbride y Schaffer deben pagar una multa de 100,000 dólares y 77,500 dólares en restitución a AOL Inc. Asimismo, el Juez Campbell ordenó que se les confiscara conjuntamente más de 1.1 millones de dólares, la suma del producto ilegal proveniente de su operación de spam, a los demandados.
El 25 de junio de 2007, un jurado federal en Phoenix condenó a Kilbride y Schaffer por ocho cargos, incluidos: violación de la Ley de Control de la Agresión provocada por Pornografía y Marketing no solicitadas [Controlling the Assault of Non-solicited Pornography and Marketing (CAN-SPAM)] de 2003 al enviar mensajes de spam con encabezados y nombres de dominios falsificados, conspiración, fraude, lavado de dinero y diversos cargos de obscenidad. El juicio de tres semanas de duración fue el primero en incluir cargos bajo la Ley CAN-SPAM de 2003, una ley diseñada para la realización de ofensivas contra la transmisión de pornografía en mensajes de correo electrónico no solicitadas en cantidades comerciales.
A partir de 2003, Kilbride y Schaffer establecieron una operación de spam en los Estados Unidos. Su modelo comercial consistía en el envío de millones de mensajes de correo electrónico no solicitados, los cuales publicitaban portales comerciales de pornografía dura en Internet. Kilbride and Schaffer recibieron una comisión por cada persona que lograban que se registrara en uno de estos portales de Internet. Cada mensaje de correo electrónico enviado contenía imágenes de pornografía dura, las cuales eran visibles a cualquier persona que abriera el mensaje. A fines de 2003, después de que se promulgó la Ley CAN-SPAM; Kilbride y Schaffer tomaron medidas para trasladar su empresa delictiva al exterior, con la intención de evadir el enjuiciamiento. Al conectarse remotamente con servidores ubicados en Ámsterdam, los hombres pudieron dar la impresión de que los mensajes! que enviaban provenían del extranjero cuando, en realidad, eran enviados desde Phoenix.
En el juicio contra Kilbride y Schaffer, ocho ciudadanos viajaron de Massachusetts, Texas, Iowa, California y Arizona para atestiguar sobre el contexto en el que sus familias, incluidos algunos menores, recibieron los mensajes de spam pornográfico. En total, AOL y la Comisión Federal de Comercio [Federal Trade Commission (FTC)] recibieron más de 1.5 millones de denuncias de destinatarios del spam, incluidos algunos que habían activado controles paternales para proteger a sus hijos contra el acceso a contenido sexual gráfico. Las pruebas en el juicio establecieron que los demandados falsificaron información de encabezado y nombres de dominios en los mensajes que enviaron, a través de la creación de un empleado ficticio en una compañía de fachada en la República de Mauricio, a fin de ocultar su conducta delictiva. Asimismo, Kilbride y Schaffer utilizaron cuentas bancarias de la República ! de Mauricio y la Isla de Man para recibir y canalizar el producto de la operación y evitar la detección por las fuerzas del orden público estadounidenses.
Kilbride y Schaffer participaron en esta conspiración delictiva durante más de un año con tres coconspiradores: Jennifer Clason, 32, de Tempe, Ariz.; Andrew Ellifson, 31, de Scottsdale, Ariz., y Kirk Rogers, 43, de Manhattan Beach, Calif. Clason, Ellifson y Rogers se declararon culpables por sus papeles en el ardid y atestiguaron contra Kilbride y Schaffer.
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso las Abogadas Litigantes de la Sección de Explotación y Obscenidad Infantiles [Child Exploitation and Obscenity Section (CEOS)] de la División de lo Penal Jill Trumbull-Harris y Bonnie Kane, con la asistencia y apoyo del Fiscal Federal Auxiliar John R. López IV del Distrito de Arizona. La ex Abogada Litigante de la CEOS Kayla Bakshi también participó en el enjuiciamiento del caso. La investigación fue realizada por el Buró Federal de Investigaciones y la Unidad de Investigaciones de Alta Tecnología de la CEOS.
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