WASHINGTON – Un jurado federal emitió veredictos de culpable el miércoles contra el ex luchador profesional Harrison Norris Jr., conocido en el mundo de la lucha libre como “Hardbody Harrison,” en múltiples cargos de tráfico sexual y esclavitud asociados a un ardid para obligar a mujeres a practicar la prostitución, anunciaron Rena J. Comisac, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y David E. Nahmias, Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia.
De acuerdo con la acusación y pruebas presentadas en el juicio, Norris secuestró a algunas de sus víctimas y convenció a otras de que fueran a vivir con él, prometiendo entrenarlas para ser luchadoras profesionales. Sin embargo, una vez que las mujeres ya estaban en su casa, las obligó a trabajar para él como prostitutas. Los testigos en el juicio describieron palizas administradas por Norris y amenazas que realizó para doblegar a las mujeres para que hicieran su voluntad. En una ocasión, Norris embistió a una mujer con la cabeza y amenazó arrojarla por una ventana de hotel cuando se negó a tener relaciones sexuales con dos clientes.
Testigos también testificaron que Norris imponía una estructura militar estricta en su hogar. El demandado asignaba a cada una de sus víctimas un "escuadrón" supervisado por una "controladora", una mujer que conspiraba con Norris para mantener a las víctimas en régimen de esclavitud. Testigos también declararon que Norris se refería a sí mismo como "el General"; a veces hacía a sus víctimas dormir con él en "el Cuartel del General"; y perforaba la piel de las víctimas con una marca que simbolizaba su "grado" en la operación. Numerosos testigos también atestiguaron sobre fiestas en las que se obligaba a las mujeres a tener relaciones sexuales con numerosos hombres y, a veces, otras mujeres. Una mujer atestiguó que Norris la obligó a agredir sexualmente a otra mujer durante una de esas fiestas. Pruebas presentadas en el juicio establecieron que ocurrieron actos de prostitución forzada en clubes nocturnos hispanos, en apartamentos, hoteles, en la parte de atrás de la camioneta de Norris, y en Carolina del Norte y Georgia del Norte. Asimismo, las víctimas testificaron que fueron obligadas a tener relaciones sexuales con Norris.
Además de obligar a las víctimas a trabajar como prostitutas, el demandado obligó a las mujeres a trabajar en y alrededor de sus dos casas en Cartersville, Ga. Testigos declararon que Norris obligaba a las víctimas a remolcar árboles, colocar césped y pintar. Asimismo, las pruebas presentadas establecieron que Norris aplicaba reglas estrictas y multaba a las mujeres por infracciones como hablar demasiado o dejar de hacer ejercicio. Además, Norris mantuvo a las mujeres en deuda financiera con él al cobrarles cigarrillos, medicamentos y comida. Norris luego dijo a las víctimas que no podrían irse hasta haber pagado sus deudas, todo mientras seguía aumentando el valor de la deuda que alegaba que tenían con él.
El jurado condenó a Norris después de dos días de deliberaciones. Al emitir su veredicto, el jurado encontró específicamente que los delitos cometidos por Norris incluían abuso sexual agravado. Debido a esta conclusión especial, Norris enfrenta una sentencia máxima de vida en prisión.
"Este jurado ha reivindicado los derechos de numerosas jóvenes explotadas, abusadas y forzadas a prostituirse por este demandado. El Departamento de Justicia seguirá enjuiciando enérgicamente casos como este asociados a la explotación sexual de jóvenes mujeres", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Rena J. Comisac.
El Fiscal Federal David E. Nahmias dijo, "Las pruebas presentadas en el juicio probaron claramente que Norris utilizó la fuerza y amenazas de fuerza contra las víctimas, obligándolas a ejercer la prostitución contra su voluntad. El tráfico sexual y otros trabajos forzados son formas de esclavitud moderna y no serán tolerados".
Los enjuiciamientos de tráfico de personas como este son una de las principales prioridades del Departamento de Justicia. En los últimos seis años fiscales, la División de Derechos Civiles, en conjunto con Fiscalías Federales, ha logrado un aumento de más de siete veces en el número de demandas de tráfico de personas en comparación con los siete años anteriores. En el año fiscal 2007, el Departamento obtuvo un número récord de condenas en enjuiciamientos de tráfico de personas.
Este caso fue investigado por agentes especiales del Buró Federal de Investigaciones y agentes del Departamento de Policía de Atlanta, Fuerza de Tarea contra el Tráfico de Personas.
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso la Fiscal Federal Auxiliar Susan Coppedge y la Abogada de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Karima Maloney.
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