El Departamento de Justicia recupera 2 mil millones de dólares por fraude contra el gobierno en el año fiscal 2007; más de 20 mil millones de dólares desde 1986

311 millones de dólares de cuatro fabricantes de productos de implantes quirúrgicos para cadera y rodilla, Zimmer, Inc., Depuy Orthopaedics, Inc., Biomet Inc., y Smith & Nephew, Inc., en resolución de reclamos de que, por lo menos de 2002 a 2006, estas compañías utilizaron acuerdos de consultoría con cirujanos ortopédicos para inducir la compra de sus dispositivos. La investigación llevada a cabo por el gobierno reveló que las empresas pagaron a cirujanos centenas de miles de dólares al año por contratos de consultoría, y les obsequiaron viajes y otras gratificaciones costosas a cambio de que utilizaran los productos de la compañía exclusivamente. Además de los acuerdos conciliatorios civiles, las cuatro compañías ejecutaron acuerdos de enjuiciamiento diferido que requerían procedimientos de cumplimiento empresarial nuevos y la designación de monitores federales para analizar su cumplimiento con estos procedimientos.

180 millones de dólares de Aventis Pharmaceuticals, Inc., en resolución de alegatos de que la compañía realizó un ardid (1) para establecer y mantener precios fraudulentos y exagerados para su droga, Anzemet, a sabiendas de que programas de salud federales establecían tasas de reembolso con base en dichos precios, y (2) para utilizar la diferencia entre los precios exagerados informados y los precios efectivamente cobrados a sus clientes para comercializar, promover y vender el medicamento. Además, Aventis pagó 10 millones de dólares a varios gobiernos estatales con base en los mismos alegatos. Los relatores compartieron una adjudicación de 33 millones de dólares.

172 millones de dólares correspondientes a un fallo después de juicio contra Amerigroup, Illinois Inc., que encontró que Amerigroup aplicó sesgo en inscripciones a su programa HMO de Medicaid, al negarse a inscribir a mujeres embarazadas y desalentar la inscripción de personas con condiciones preexistentes. Amerigroup había realizado contratos con el Departamento de Salud Pública de Illinois, los cuales exigían que la compañía proporcionara servicios de atención médica a personas elegibles para Medicaid en Illinois. En violación de dichos contratos, Amerigroup llevó a cabo un ardid en el que "eligió a dedo" quienes podían inscribirse en su programa HMO, para asegurar contar con una alta proporción de personas saludables elegibles para Medicaid inscriptas en el programa. Como resultado, Amerigroup redujo sus pérdidas con la atención médica e incrementó sus ganancias. Amerigroup apeló al fallo.

155 millones de dólares de Medco Health Solution, Inc. en resolución de alegatos de que Medco presentó reclamos falsos en conexión con el beneficio de medicamentos bajo receta por encomienda postal bajo el Programa de Beneficios Médicos para Empleados Federales. El gobierno alegó que Medco canceló recetas que no podía preparar dentro del plazo para evitar multas por atraso, entregó cantidades inferiores de píldoras, y facturó por servicios de farmacia que no prestó. Asimismo, el gobierno alegó que Medco solicitó comisiones ilícitas de fabricantes farmacéuticos para favorecer sus medicamentos en la lista de medicamentos de Medco, y pagó comisiones ilícitas a planes de salud para obtener negocios. El acuerdo conciliatorio resolvió dos demandas qui tam y una investigación federal separada iniciada a raíz de la revelación por Medco al gobierno asociada a problemas de facturación para suministros para diabéticos. Los relatores recibieron una asignación de 23.9 millones de dólares. Asimismo, Medco realizó un acuerdo de cumplimiento corporativo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Gestión de Personal.

100.6 millones de dólares (109 millones de dólares, incluidos intereses) de Purdue Pharma L.P. y Purdue Frederick Company, Inc. en resolución de alegatos de fraude contra Medicaid y otros programas de salud federales. El gobierno alegó que Purdue informó fraudulentamente que OxyContin era menos adictiva y menos sujeta a abuso y desviación que otros analgésicos. El acuerdo conciliatorio civil resolvió alegatos de que, con base en estas alegaciones de marketing engañosas, Purdue causó, a sabiendas, la presentación de reclamos falsos asociados a OxyContin que no eran elegibles para reembolso federal. Además, Purdue pagó 60 millones de dólares a programas de Medicaid estatales, renunció a 276 millones de dólares a favor de los Estados Unidos, y separó 130 millones de dólares para resolver reclamos civiles privados (con sumas sin reclamar a ser entregadas a los Estados Unidos), pagó 5.3 millones de dólares a la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Secretario de Justicia de Virginia para financiar futuras investigaciones de fraude de atención médica, y pagó 20 millones de dólares para financiera el Programa de Monitoreo de Recetas de Virginia. Finalmente, Purdue pagó 500,000 dólares en multas penales, el máximo permitido por la ley.

97.5 millones de dólares (105.2 millones de dólares, incluidos intereses) de Burlington Resources, Inc., una subsidiaria de Conoco Phillips, la tercera mayor compañía de energía integrada de los Estados Unidos, en resolución de reclamos de que Burlington pagó regalías a menos sobre gas natural producido bajo arrendamientos indígenas y federales. El gobierno alegó que Burlington sistemáticamente informó valores inferiores a los reales del gas natural que producía bajo arrendamientos federales e indígenas desde el 1° de marzo de 1988 al 31 de marzo de 2005, con la finalidad de reducir su obligación de pagar regalías a los Estados Unidos y tribus indígenas.

98.5 millones de dólares de Oracle Corporation, en un acuerdo conciliatorio por fraude record asociado a la Administración General de Servicios [General Services Administration (GSA)], en resolución de alegatos de que PeopleSoft Inc., adquirida por Oracle en 2005, violó la Ley de Reclamos Falsos. Los alegatos surgieron a partir de una demanda qui tam entablada por un ex empleado de PeopleSoft, quien alegó que PeopleSoft proporcionó a la GSA información de precios de su software y servicios de mantenimiento asociados que no era completa, precisa y actual. Como resultado de la información imperfecta, entidades federales que compraron software y servicios de PeopleSoft entre el 17 de marzo de 1997 y el 30 de septiembre de 2005, bajo el programa de otorgamientos múltiples de la compañía con la GSA, pagaron precios exagerados. El relator recibió una asignación legal de 17.7 millones de dólares.

$90 millones de dólares correspondientes a un fallo después de un juicio contra Harbert International, Inc.; Bill Harbert International Construction, Inc.; Bilhar International Establishment, anteriormente conocida como Harbert International Establishment, una empresa de Liechtenstein, y Harbert Corporation. Harbert Construction Services (U.K.) Ltd., una empresa británica, y Elmore Roy Anderson también son responsables por parte del fallo. Después de un juicio de siete semanas de duración, un jurado encontró a los demandados responsables de conspiración para manipular licitaciones para contratos para la construcción de instalaciones de tratamiento de aguas residuales en El Cairo, Egipto. Dichos contratos eran financiados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. El jurado encontró que el perjuicio había sido de 34 millones de dólares. De acuerdo con la Ley de Reclamos Falsos, el tribunal tomó la suma del perjuicio y agregó una multa de 10,000 dólares por cada uno de los 111 reclamos falsos. Se descontó de la suma final las sumas recibidas con anterioridad por el gobierno en el acuerdo conciliatorio con los coconspiradores de los demandados: J. A. Jones Construction Company; Philipp Holzmann A.G., una compañía alemana; ABB SUSA, Inc.; Archirodon Group, Inc.; y Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft, una compañía alemana. Aún no se ha determinado la parte correspondiente al relator.

42.65 millones de dólares en resolución de alegatos de fraude, contra Maximus, Inc., en conexión con reclamos al programa Medicaid. La Agencia de Servicios Familiares e Infantiles [Child and Family Services Agency (CFSA)] del Distrito de Columbia contrató a Maximus para que ayudara a presentar reclamos a Medicaid para servicios de gestión de casos específicos proporcionados por el Distrito a niños en su programa de adopción temporal. Los Estados Unidos alegaron que Maximus había causado la presentación de reclamos por la CFSA por todos los niños en el programa de adopción temporal, se hubieran o no proporcionado servicios de gestión de casos específicos al niño. Asimismo, Maximus realizó un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la Fiscalía Federal. El relator, un ex gerente de división de Maximus, recibió 4.93 millones de dólares como su parte de la recuperación.

34.6 millones de dólares de Mellon Bank, N.A., en resolución de alegatos de que el banco violó la Ley de Reclamos Falsos cuando en abril, 2001, varios de sus empleados ocultaron y destruyeron aproximadamente 77,000 declaraciones de impuestos a la renta de personas físicas, junto con aproximadamente 1.3 mil millones en cheques de pagos de impuestos, en lugar de procesar las declaraciones y cheques según requiere su acuerdo con Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] denominado "Lockbox Depositary Agreement". A través de una labor masiva que duró más de un año, el IRS pudo obtener copias de las declaraciones de impuestos y cheques de reemplazo de la mayoría de los contribuyentes. Si bien Mellon Bank había pagado al IRS por sus costos y por intereses sobre los ingresos tributarios destruidos, el acuerdo conciliatorio realizado fuera del tribunal resolvió el reclamo del gobierno de que el banco era responsable por múltiples indemnizaciones y multas civiles bajo la Ley de Reclamos Falsos.

30.2 millones de dólares de InterMune, Inc., en resolución de alegatos de que InterMune comercializó su medicamento, Actimmune, para usos no aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, causando pérdidas al programa de salud federal. El gobierno alegó que InterMune comercializó Actimmune para fibrosis pulmonar idiopática (FPI), una enfermedad fatal que causa cicatrices en el tejido pulmonar. A pesar de que la compañía no había logrado demostrar la eficacia de Actimmune para la FPI, llevó engañosamente a médicos y al público a creer que el ensayo realizado con el medicamento había tenido éxito. La relatora recibió 5.7 millones de dólares como su parte de la recuperación. InterMune pagó 6.7 millones de dólares adicionales a programas de Medicaid estatales.

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