WASHINGTON – Tres ciudadanos colombianos se declararon culpables de cargos para conspirar para proveer apoyo material a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o las FARC, una organización terrorista extranjera designada, y de contrabando de extranjeros, anunció hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal.
Víctor Daniel Salamanca (Salamanca), 64, Carmen María Pontón Caro (Pontón), 38, y Edizon Ramírez Gamboa (Ramírez), 40, todos de Bogotá, Colombia, se declararon culpables esta semana en Miami ante la Jueza Federal de Distrito Joan A. Lenard. Salamanca y Pontón emitieron sus declaraciones de culpabilidad hoy por conspirar para proveer apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera. Ramírez, un ex inspector de inmigraciones del Departamento de Seguridad Administrativa (DSA) de Colombia, se declaró culpable el miércoles de conspirar para cometer contrabando de extranjeros y traer un extranjero a los Estados Unidos por ganancias financieras personales.
Los tres fueron arrestados junto con siete codemandados en Colombia en enero y febrero de 2006, después de haber trabajado con informantes encubiertos del gobierno de EE.UU. Como parte de una operación de emboscadas del ICE, los informantes se hicieron pasar por operativos de las FARC que buscaban viajar ilegalmente a Miami con la finalidad de lavar dinero de narcotráfico de las FARC de los Estados Unidos a Colombia, a fin de financiar compras de drogas y armas adicionales para las FARC.
Salamanca admitió que, entre el 25 de mayo de 2005 y el 2 de enero de 2006, prestó una serie de servicios delictivos a 4 informantes encubiertos que creyó ser operativos de las FARC en una misión para viajar a los Estados Unidos para lavar dinero de las FARC proveniente del narcotráfico. Para ayudar a contrabandear a estas personas a los Estados Unidos, Salamanca compró pasajes aéreos en su nombre; ayudó a cambiar sus nombres para ocultar antecedentes penales al alterar registros en el registro nacional de identidad colombiano; proporcionó una tarjeta de identidad colombiana obtenida fraudulentamente; proporcionó tarjetas de identidad españolas, licencias para conducir españolas y pasaportes españoles falsos, los cuales no requerían una visa estadounidense para entrada a los Estados Unidos; y acordó contrabandear a los informantes a través de inmigración en el Aeropuerto Internacional de El Dorado en Bogotá y el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá. Salamanca cobró más de 10,000 dólares para dichos servicios.
Además de estos servicios de viaje, Salamanca ofreció intermediar la compra de cincuenta armas de fuego de calibre .50, 700 rifles AK-74 equipados con infrarrojo, y dos helicópteros a las FARC. Ofreció servicios de sus contactos en la DSA y la fiscalía federal colombiana que podrían borrar los antecedentes penales de una persona. Asimismo, ofreció presentar a los informantes a un médico capaz de disimilar las huellas dactilares de una persona a través de procedimientos quirúrgicos.
Finalmente, Salamanca presentó a los informantes a su contacto de lavado de dinero, el codemandado Julio Cesar López. A lo largo de una serie de reuniones, Salamanca y López acordaron lavar 4-5 millones de dólares del supuesto producto del narcotráfico de las FARC, de Miami a Bogotá. Como prueba, López, en coordinación con Salamanca, instruyeron a un supuesto operativo de las FARC que entregara 30,000 dólares en efectivo en Miami e hiciera dos depósitos de 9,000 dólares en una cuenta bancaria privada de Miami. Luego, Salamanca y López realizaron arreglos para que el dinero, menos comisiones y gastos, fuera entregado a los asociados del operativo de las FARC en Bogotá.
Pontón admitió que su principal papel en la conspiración para brindar apoyo a las FARC fue contrabandear tres informantes que creía ser guerrilleros de las FARC a través del Aeropuerto Internacional de Bogotá. En Noviembre de 2005, coordinó con sus asociados, los codemandados Jalal Sadat Moheisen, Jorge de los Reyes Bautista Martínez y Nicolás Ricardo Tapasco Romero (Tapasco), para que realizaran arreglos para que un inspector de inmigración de la DSA (el codemandado Ramírez) guiara a los informantes a través de los controles de inmigración en el Aeropuerto Internacional de Bogotá. Después de que los informantes lograron esquivar la inspección de inmigración de salida en Bogotá, utilizaron sus pasaportes españoles fraudulentos que Salamanca suministró como identificación para embarcar en vuelos a los Estados Unidos, en los cuales llegaron a Miami sin contratiempos. La tasa de contrabando aeroportuario fue de 4,000 dólares por persona.
Al declararse culpable, Ramírez admitió que había lucrado con el uso de su cargo oficial como funcionario de inmigración de la DSA y ayudado a contrabandear un informante encubierto a través del área de inspección del Aeropuerto Internacional de Bogotá, permitiendo que el informante viajara sin inspección a los Estados Unidos con un pasaporte español fraudulento.
El día en el que el informante fue contrabandeado a los Estados Unidos, Tapasco pasó información de identificación del informante a Ramírez a través de su compañero de trabajo. Una vez que el informante ingresó en el área de inspección de inmigración en el aeropuerto de Bogotá, cámaras de seguridad capturaron a Ramírez saliendo para encontrarse con el informante y acompañándolo por todos los puntos de verificación de inmigración. Luego, el viajante pasó por un punto de verificación de seguridad y procedió a embarcar en un vuelo comercial con destino a EE.UU. Después de una breve parada en Panamá, el informante encubierto llegó a los Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami con su pasaporte español falso en la mano.
Salamanca, Pontón y Ramírez son tres de 10 individuos acusados formalmente por un gran jurado federal en Miami el 3 de enero de 2006, de cargos de terrorismo, contrabando de extranjeros y lavado de dinero. Las acusaciones formales son el resultado de una investigación de ICE de nombre "Operation Pipeline". Los 10 demandados fueron condenados.
Salamanca y Pontón enfrentan hasta 15 años en prisión y una multa de 250,000 dólares. Ramírez enfrenta 10 años en prisión y una multa de hasta 250,000 dólares. La emisión de la sentencia de Ramírez está programada para el 15 de febrero de 2008. Las de Salamanca y Pontón fueron programadas para el 25 de febrero de 2008.
El caso fue investigado por la Oficina del Agregado de ICE en Bogotá, Colombia, con la asistencia de autoridades colombianas. El Abogado Litigante Brian Skaret de la Sección de Seguridad Doméstica [Domestic Security Section (DSS)] del Departamento de Justicia estuvo a cargo de la acusación en el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento y la Analista de Programas de la DSS Dawn Cauraugh proporcionaron apoyo esencial. El Fiscal Federal Auxiliar William White del Distrito Sur de Florida actuó como asesor jurídico local.
###
07-980