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JUEVES, 30 DE JUNIO DE 2005
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EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA OBTIENE ACUERDO CONCILIATORIO EN JUICIO RESPECTO DE LAS CONDICIONES
DE CONFINAMIENTO EN DOS INSTALACIONES JUDICIALES PARA JÓVENES EN MARYLAND


WASHINGTON, D.C. - El Departamento de Justicia anunció hoy un acuerdo de conciliación con el Estado de Maryland respecto de las condiciones de confinamiento en dos establecimientos de justicia juvenil: el Establecimiento Juvenil Cheltenham en Cheltenham, Maryland y el Colegio Charles H. Hickey, Jr. en el Condado de Baltimore, Maryland. El acuerdo resuelve una investigación de 20 meses de las instalaciones.

El acuerdo, presentado ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Maryland, establece que el estado debe implementar reformas para asegurar que los jóvenes en los establecimientos estén protegidos contra daños y debe brindar servicios legalmente adecuados, entre ellos asistencia mental, asistencia médica y educación especial.

"Nos complace la cooperación del estado y su disposición para implementar reformas significativas en estas dos instalaciones, ambas con historias largas y problemáticas", dijo Bradley J. Schlozman, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Derechos Civiles. "Si los delincuentes juveniles deben ser encauzados hacia vidas productivas y respetuosas de la ley, no deben ser sujetos al tipo de condiciones que han plagado a Hickey y Cheltenham en el pasado."

La investigación del departamento reveló numerosas violaciones a los derechos civiles, incluyendo el abuso físico de jóvenes por parte del personal, medidas deficientes de prevención de suicidios, cuidado de la salud y de la salud mental inadecuados y servicios de educación especial legalmente insuficientes. Según los términos del acuerdo, el estado tratará y corregirá todas las violaciones identificadas por el Departamento.

La División de Derechos Civiles llevó a cabo su investigación de conformidad con la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley de 1994 y la Ley de Derechos Civiles de Personas Institucionalizadas de 1980 [Civil Rights of Institutionalized Persons Act (CRIPA)]. Estas leyes permiten al gobierno federal identificar y erradicar abusos sistémicos, tales como los identificados en este caso, en lugar de concentrarse en violaciones individuales de los derechos civiles.

La División de Derechos Civiles ha resuelto exitosamente investigaciones similares de otras instalaciones de justicia para jóvenes en Arkansas, Arizona, Georgia, Louisiana, Nevada, Nueva Jersey, Puerto Rico, Saipán, y Mississippi. Existen investigaciones pendientes asociadas a establecimientos de justicia juvenil en California, Hawaii, Indiana, Michigan, Ohio y Oklahoma.

La iniciativa del Departamento de Justicia para hacer cumplir la ley va más allá de las instalaciones juveniles. Desde 2001, el Departamento ha iniciado 62 investigaciones similares de los términos y condiciones de la internación en centros de enfermería residenciales, establecimientos de salud mental, residencias para personas con discapacidades del desarrollo, cárceles y prisiones. Estos números representan un aumento de más del 100 por ciento por encima de las 20 investigaciones de este tipo iniciadas en el período comprendido entre 1998 y 2000.

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