HOJA DE DATOS: DISPOSICIONES DE LA LEY PATRIOTA LISTAS PARA REAUTORIZACIÓN

Durante más de tres años, la Ley PATRIOTA de los Estados Unidos ha sido una herramienta valiosa en la guerra contra el terrorismo, ayudando a las comunidades del orden público y de inteligencia a coordinar, comunicar y descubrir operaciones terroristas y otros delitos graves. El Departamento de Justicia ha utilizado cuidadosamente y con esmero la Ley PATRIOTA para luchar contra el delito y el terrorismo dentro del marco de la Constitución, colocando como prioridad la protección de las libertades civiles.

Hoy, el Congreso comienza las audiencias para tratar la Ley PATRIOTA y comenzar a discutir 16 disposiciones de la ley que requieren nueva autorización. Estas disposiciones cuentan con un historial probado en lo que se refiere a salvar vidas y luchar contra el delito, y tienen un rol esencial en la creación de una cultura de prevención en la guerra contra el terrorismo. Las disposiciones listas para reautorización son las siguientes:

Sección 201:

La sección 201 permite a las fuerzas del orden público utilizar autorizaciones de vigilancia electrónica, tales como las intervenciones telefónicas, para investigar determinados delitos que los terroristas probablemente cometan, incluso los delitos con armas químicas, el uso de armas de destrucción masiva, los actos violentos de terrorismos que trasciendan los límites nacionales, las operaciones financieras con países que avalan el terrorismo, el apoyo material de los terroristas y el apoyo material de las organizaciones terroristas. Esta disposición permite a los investigadores reunir información cuando examinan la gama completa de delitos relacionados con el terrorismo.

En total, desde el 10 de marzo de 2005, el Departamento ha utilizado la sección 201 en cuatro ocasiones. Estos cuatro usos ocurrieron en dos investigaciones diferentes. Uno de estos casos involucraba al Mago Imperial de los Caballeros Blancos del Ku Klux Klan, quien intentó comprar granadas de mano para bombardear clínicas de aborto y posteriormente fue condenado por numerosos cargos relacionados con explosivos y armas de fuego.

Sección 202:

La sección 202 agrega violaciones delictivas de la Ley de Fraude y Abuso de Informática a la lista de escuchas federales conexas, incluyendo espionaje y extorsión por computadora y el daño intencional de una computadora del gobierno federal.

Desde el 10 de marzo de 2005, el Departamento de Justicia ha usado la sección 202 de la Ley PATRIOTA en dos ocasiones. Estos dos usos ocurrieron en una investigación de fraude informático que finalmente se amplió para incluir el narcotráfico.

Sección 203(b) y 203(d):

La sección 203 les permite a los oficiales del orden público y de inteligencia derribar el "muro" que antes obstaculizaba las comunicaciones para "atar cabos" o "conectar los puntos" en los casos relacionados con la seguridad nacional. La capacidad de intercambiar información relacionada con el terrorismo no existía antes de la aprobación de la Ley PATRIOTA, y a partir de entonces la misma ha permitido que se comparta información de inteligencia extranjera, de contrainteligencia y de inteligencia extranjera obtenida como parte de investigaciones de delitos entre los oficiales del orden público federales y los oficiales de inteligencia federales con determinados fines de seguridad nacional.

Se ha podido disponer de información vital para la comunidad de inteligencia y demás oficiales federales, conforme a la sección 203, en muchas ocasiones desde la aprobación de la Ley PATRIOTA. Por ejemplo, dichas divulgaciones se han usado para apoyar la revocación de visas de sospechosos de terrorismo y evitar que vuelvan a entrar a los Estados Unidos, para rastrear las fuentes de financiamiento de los terroristas y para identificar los operativos terroristas en el exterior.

Sección 204:

La sección 204 es una enmienda técnica que simplemente clarifica lo que el Congreso siempre se ha propuesto que signifique una ley particular que rige la intercepción y divulgación de ciertos tipos de comunicaciones. La sección 204 explica que la ley que rige la instalación y uso de registros de llamadas salientes (dispositivos de vigilancia que capturan los números de teléfono marcados en las llamadas salientes) y dispositivos de control y rastreo (dispositivos de vigilancia que capturan los números para identificar las llamadas entrantes) no interferirán con ciertas actividades de inteligencia extranjera que no se encuadran dentro de la definición de "vigilancia electrónica" en la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera [Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)]. La sección 204 también explica que la disposición que se refiere a la exclusividad de la ley se aplica a la intercepción de comunicaciones electrónicas así como a la intercepción de comunicaciones postales y orales.

Sección 206:

La sección 206 permite al Tribunal de la FISA autorizar el uso de vigilancia ambulante, al asignar la autorización de intervención telefónica a un sospechoso determinado y no a un dispositivo de comunicaciones determinado. Como los terroristas están entrenados para cambiar con rapidez sus medios de comunicación, la sección 206 mejora notablemente la capacidad del gobierno de vigilar a terroristas internacionales sofisticados, al vigilar a los sospechosos individuales en lugar de a los modos de comunicación individuales. Esta autorización ha sido otorgada durante mucho tiempo para investigar delitos comunes, incluso los delitos relacionados con las drogas. Desde el 30 de marzo, esta disposición ha sido usada 49 veces, y ha sido eficaz en la vigilancia de terroristas y espías internacionales.

Sección 207:

La sección 207 amplía el tiempo inicial de duración de las órdenes de vigilancia electrónica y de allanamiento físico de la FISA de 90 días a 120 días, y dichas órdenes se pueden ampliar por un máximo de un año, en lugar de los 90 días por vez con aprobación judicial. Estas órdenes y prolongaciones deben contar con el permiso expreso de un juez federal. El tribunal de la FISA debe encontrar motivos probables para creer que el objetivo de la vigilancia o allanamiento es un poder extranjero o un agente de un poder extranjero antes de otorgar la autorización.

El Departamento estima que la sección 207 ha ahorrado casi 60,000 horas de trabajo de abogados. En otras palabras, les ha ahorrado a 30 abogados el trabajo de un año; y esta estimación no cuenta el tiempo que se ahorraron los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], el personal administrativo y el poder judicial. El personal del Departamento puede invertir ese tiempo en llevar a cabo otras investigaciones y asuntos de supervisión.

Sección 209:

La sección 209 permite la obtención de correos de voz almacenados mediante una orden de allanamiento en lugar de una orden de intervención telefónica, lo que hace que el procedimiento para la obtención de mensajes de correo de voz sea compatible con el procedimiento para la obtención de mensajes de los contestadores automáticos. Esta autorización preservó todas las normas preexistentes para la disponibilidad de órdenes de allanamiento, pero modernizó la ley federal al permitirle a los investigadores acceder más rápidamente a los correos de voz de los sospechosos.

La sección 209 le ha sido muy útil al Departamento y las órdenes judiciales emitidas conforme a esta disposición se han utilizado para obtener pruebas en una variedad de casos delictivos, que incluyen una cantidad de investigaciones de tráfico de drogas, como por ejemplo una investigación a gran escala de una banda de contrabando de éxtasis con base en Holanda, una investigación de una serie de robos violentos y la investigación de un secuestro.

Sección 212:

La sección 212 permite a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas revelar los registros de sus clientes o el contenido de las comunicaciones de sus clientes a una entidad gubernamental, en una situación de emergencia que implique un peligro inmediato de muerte o de heridas físicas graves.

La sección 212 ya ha jugado un papel esencial en investigar amenazas de violencia y salvar vidas. Jared Bjarnason fue acusado de realizar amenazas violentas para obstaculizar el libre ejercicio de su religión a los miembros del Centro Islámico de El Paso y de transmitir una comunicación que contenía una amenaza de herir a los miembros del Centro Islámico. En particular, Bjarnason fue acusado de enviar un mensaje por correo electrónico al Centro Islámico en el que amenazaba ejercer la violencia contra el Centro Islámico y sus miembros, y supuestamente contenía la amenaza de incendiar completamente la mezquita del Centro Islámico, si no se liberaba a los rehenes en Irak en un lapso de tres días. Con la autoridad conferida por la Ley PATRIOTA, los agentes de la FBI pudieron rastrear el mensaje de correo electrónico supuestamente amenazante mucho antes de que se cumpliera el plazo que especificaba la amenaza. Sin esta disposición, las autoridades investigativas hubieran tenido que obtener dos órdenes de allanamiento diferentes para cada proveedor de servicios a través de cuyos sistemas navegó el mensaje, proceso que hubiera llevado 30 días.

Sección 214:

La sección 214 le permite a la FISA emitir órdenes de registro de llamadas salientes y de control y rastreo de llamadas mediante la certificación de que la información resultante sería relevante para una investigación de inteligencia extranjera. Antes, tales órdenes sólo podían ser emitidas conforme a la FISA, si el dispositivo que debía ser vigilado estaba siendo usado para contactar a un agente de una fuerza extranjera, tal como una persona involucrada en terrorismo internacional. Esta disposición hace que la norma para la FISA sea similar a la norma para la obtención de órdenes de registro de llamadas salientes y de control y rastreo de llamadas en el contexto delictivo.

El Departamento ha aplicado la sección 214 a las investigaciones de terrorismo internacional y de contrainteligencia, incluido un caso en el que la persona era sospechosa de intentar adquirir armas nucleares. En un caso de terrorismo, el único teléfono que la FBI pudo probar que el sujeto había utilizado fue el teléfono de su socio. Además, la FBI no tenía información suficiente de que su socio fuera un agente de una fuerza extranjera. Por lo tanto, con las normas previas para obtener una orden de registro de llamadas salientes o de control y rastreo de llamadas por la FISA, la FBI probablemente no hubiera podido obtener una orden de registro de llamadas salientes o de control y rastreo de llamadas. La norma establecida por la sección 214, no obstante, permitía a los agentes obtener la orden mediante la demostración de que la información a recopilar era relevante para una investigación de terrorismo en curso. La información obtenida por la orden fue valiosa, ya que demostraba hasta qué punto el sujeto y su socio se estaban comunicando con los objetos de otras investigaciones de terrorismo.

Sección 215:

La sección 215 permite al tribunal de la FISA ordenar que se exhiban registros comerciales y otros elementos en el contexto de una investigación de seguridad nacional, para obtener información de inteligencia extranjera que no involucre a una persona de los Estados Unidos o para la protección ante actividades de terrorismo internacional o inteligencia clandestina. La sección 215 no puede usarse para investigar delitos comunes o terrorismo nacional, y está expresamente estipulado que la FBI no puede llevar a cabo una investigación sobre un ciudadano de los Estados Unidos únicamente sobre la base de actividades protegidas por la Primera Enmienda.

Los jueces federales han revisado y concedido la solicitud del Departamento 35 veces conforme a la sección 215 desde el 30 de marzo de 2005. A la fecha de hoy, la disposición sólo se ha utilizado para obtener registros de licencias de conducir, registros de establecimientos de servicios públicos, registros de alquileres de departamentos, registros de tarjetas de crédito e información de suscripción, tal como los nombres y direcciones que corresponden a los números de teléfono capturados con los registros de llamadas autorizados por el tribunal. El Departamento no ha obtenido una orden según la sección 215 para la obtención de registros de bibliotecas o librerías, registros médicos o registros de ventas de armas.

Sección 217:

La sección 217 permite a las víctimas de hacking informático obtener asistencia de las fuerzas del orden público para interceptar las comunicaciones electrónicas de un intruso informático que hayan sido transmitidas a, desde o a través de una computadora protegida en circunstancias limitadas. En esencia, esta disposición hace que la ley relacionada con la intromisión cibernética se asemeje a la ley relacionada con la intromisión física.

Sección 218:

La sección 218 fomenta una campaña antiterrorista integrada, al permitir que las órdenes de la FISA sean emitidas en casos en los que "un propósito significativo" de la investigación consista en obtener inteligencia extranjera. Esta disposición derribó el "muro" que con demasiada frecuencia impedía la coordinación y que se compartiera información vital entre las comunidades de inteligencia y del orden público. La coordinación total entre estas comunidades ya ha arrojado el resultado de éxitos importantes en la guerra contra el terrorismo.

Por ejemplo, el desmantelamiento exitoso por parte del Departamento de una célula terrorista en Portland, Oregon, popularmente conocida como "los Siete de Portland", se debió, en gran medida, al uso de la sección 218 junto con la sección 504 de la Ley PATRIOTA. Los miembros de esta célula terroristas habían intentado viajar a Afganistán en 2001 y 2002 para levantarse en armas con el Talibán y Al Qaeda contra los Estados Unidos y las fuerzas de coalición que luchaban allí, y los oficiales del orden público supieron que al menos uno de los integrantes de la célula había considerado atacar escuelas judías y sinagogas. Con el uso de las secciones 218 y 504 de la Ley PATRIOTA, los agentes y fiscales pudieron, en última instancia, recopilar suficientes pruebas como para presentar cargos contra los siete acusados y luego garantizar las condenas y las sentencias a prisión, las cuales variaban de tres a 18 años, para los seis acusados detenidos. Los cargos contra el séptimo acusado fueron desestimados después de que resultara muerto en Paquistán en manos de las tropas paquistaníes el 3 de octubre de 2003.

Sección 220:

La sección 220 permite a los jueces federales con jurisdicción sobre una investigación específica emitir órdenes de allanamiento para obtener pruebas electrónicas almacenadas en algún lugar del país. Esta disposición permite a los tribunales obtener pruebas rápidamente y ha demostrado ser valiosa tanto en casos de terrorismo como delictivos.

La sección 220 fue vital en el caso Bobbie Jo Stinnett, una mujer embarazada que fue estrangulada en su casa en Missouri y cuya hija fue extirpada de su útero con un cuchillo de cocina. Los oficiales de policía pudieron usar la sección 220 para investigar los mensajes de correo electrónico que se relacionaban con su negocio de cría de perros. Los oficiales encontraron un intercambio desde una pizarra de mensajes entre Bobbie Jo y una persona que se hacía llamar Darlene Fisher y que decía estar interesada en un perro. Le había pedido a Bobbie Jo instrucciones para llegar a su casa para encontrarse el 16 de diciembre, el mismo día del asesinato. Usando una disposición de la Ley PATRIOTA, los agentes y examinadores de la FBI pudieron rastrear los mensajes de Darlene Fisher hasta un servidor en Topeka, encontrar su dirección de correo electrónico y luego seguirle el rastro hasta una casa en Melvern, Kansas. El nombre real de Darlene Fisher era Lisa Montgomery. Montgomery fue arrestada y posteriormente confesó. La bebé de Bobbie Jo, Victoria Jo Stinnett, fue hallada viva menos de 24 horas después de haber sido retirada del útero de su madre, y fue devuelta a su padre.

Sección 223:

La sección 223 permite a las personas demandar al gobierno federal por daños monetarios, si un oficial federal revela información confidencial sin autorización. Esta disposición brinda a las personas un recurso en el caso de que un agente federal del orden público o de inteligencia cometa un error. Hasta la fecha, no se han iniciado juicios contra el gobierno conforme a la sección 223.

Sección 225:

La sección 225 exime de responsabilidad civil a las personas que revelan información al gobierno conforme a una orden de la FISA. Esta inmunidad es importante, ya que ayuda a garantizar la cooperación inmediata de los civiles con los oficiales del orden público para garantizar la implementación efectiva de las órdenes judiciales.

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