SE ACUSA FORMALMENTE A LÍDERES DE CONSPIRACIÓN NACIONAL
DE CONTRATACIÓN DE INMIGRANTES ILEGALES

WASHINGTON, D.C.- El Departamento de Justicia anunció hoy la detención de tres individuos y la acusación formal penal de otros tres por la presunta conspiración de contratación a nivel nacional de cientos de extranjeros ilegales en granjas, tambos y fábricas de los Estados Unidos.

Esta mañana se detuvo a: Jaroslaw Sawczuk, ciudadano polaco de 37 años, residente anteriormente en Coral Springs, Florida; Jozef Bronislaw Bogacki, ciudadano polaco de 42 años y naturalizado americano, residente en Clearwater, Florida y Pavel Preus, ciudadano polaco de 38 años, residente en Pompano Beach, Florida. En la acusación formal pronunciada por un gran jurado federal en Ft. Lauderdale, Florida, el 13 de enero de 2005 y dada a conocer hoy también se presentaron cargos contra los siguientes individuos: Lucia Kanis, ciudadana eslovaca de 30 años; Ivan Kanis, ciudadano eslovaco de 38 años, residente en Eslovenia y Andor Pikali, ciudadano eslovaco de 36 años residente en Coral Springs, Florida.

Después de su detención en Coral Springs, Florida, Preus se presentó por primera vez esta mañana ante el Juez Federal de Primera Instancia Barry S. Seltzer en un tribunal federal de Ft. Lauderdale. Bogacki y Sawczuk, quienes fueron detenidos en Clearwater, Florida, se presentarán por primera vez esta tarde ante la Jueza Federal de Primera Instancia Elizabeth A. Jenkins en Tampa, Florida. Los otros tres acusados permanecen en libertad y se cree que se encuentran en el exterior.

Las 26 acusaciones formales alegan que desde 1995 hasta la fecha, los acusados conspiraron para proporcionar trabajadores ilegales, en su mayoría provenientes de Europa Oriental quienes habían ingresado a los Estados Unidos con visas de turistas, a empresas americanas. Los acusados habían celebrado un contrato para procurar trabajadores extranjeros con autorizaciones legales. También se alega que los acusados ayudaron a ingresar a los Estados Unidos más de 550 extranjeros en forma ilegal. De acuerdo con la acusación, los trabajadores extranjeros obtenían visas de turistas para ingresar a los Estados Unidos y eran empleados ilegalmente en granjas, tambos y fábricas en los estados del medio oeste y sudeste de este país. Supuestamente, los acusados acordaron suministrar trabajadores a los empleadores y los primeros asumirían los costos de cargas sociales y deducciones por accidentes de trabajo. La acusación sostiene que los acusados no pagaron los impuestos o las deducciones correspondientes. Asimismo, se manifiesta que durante el transcurso de la conspiración, los acusados deberían haber pagado 6 millones de dólares en concepto de cargas sociales y lavaron dinero por un monto superior a 20 millones de dólares.

Los cargos contra los acusados incluyen conspiración para falsificar visas, realizar estafas con transferencias, adulterar correspondencia, lavar dinero y cometer fraude impositivo. Si los acusados son condenados, enfrentarán sentencias de hasta 20 años en prisión y multas de hasta 500,000 dólares. Además, el gobierno pedirá la confiscación de sus bienes.

"Se alega que estos acusados infringieron las leyes inmigratorias y defraudaron a los Estados Unidos en un intento de enriquecerse mediante la explotación de extranjeros vulnerables", comentó el Secretario de Justicia Auxiliar Christopher A. Wray de la División de lo Penal. "Quienes piensen que pueden lucrar con actividades ilícitas están equivocados y los delincuentes serán enjuiciados severamente."

"Según los cargos presentados, los acusados prefirieron enriquecerse en lugar de cumplir con las leyes inmigratorias y laborales de nuestro país", dijo el Fiscal Federal Marcos Daniel Jiménez del Distrito Sur de Florida. "Al utilizar a extranjeros ilegales para producir ganancias, los acusados no solamente se aprovecharon de estas personas sino que también comprometieron potencialmente la seguridad de nuestros ciudadanos. Elogio el arduo trabajo y la dedicación de los fiscales y de nuestros compañeros de las fuerzas del orden público al desmembrar esta asociación delictiva".

"No permitiremos que organizaciones delictivas exploten el sistema inmigratorio de los Estados Unidos en su propio beneficio", explicó Michael J. Garcia Secretario Auxiliar del Departamento de Seguridad de la Patria para la Coacción de Inmigración y Aduanas [Immigration and Customs Enforcement (ICE)]. "El objetivo de este organismo es recuperar la integridad del sistema inmigratorio de nuestra nación al garantizar el cumplimiento de las leyes inmigratorias a través de medidas de coacción contra los transgresores y al trabajar junto con empresas responsables para promover la cautela en sus prácticas de contratación".

"Las fuerzas del orden público nos ayudarán a perseguir la conducta delictiva atroz", expresó el Agente Especial a Cargo Brian J. Wimpling, División de Investigaciones Penales de la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] de la Oficina Local de Miami. "Los individuos acusados hoy han abusado de personas que consideraban en una situación desventajosa y así eludieron el pago de impuestos debidos a los Estados Unidos. No toleraremos que extranjeros desprevenidos sean utilizados para lucrar ilegalmente con nuestro sistema tributario".

La investigación conjunta, conocida como Operación Piscis, comenzó en 2002. La investigación fue conducida por la Oficina Local de Kansas de Coacción de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos -en ese momento, el Servicio de Inmigración y Naturalización [Inmigration and Naturalization Service (INS)]; el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General, Investigaciones de Fraudes y Delito Organizado Laboral; y la oficina local de la Hacienda en Miami, Florida. Más tarde, la división de Miami del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos se sumó a la investigación. El enjuiciamiento de este caso está a cargo de los Abogados Litigantes Michael E. Barr y Judith O' Sullivan de la Sección de Seguridad Doméstica de la División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Fiscal Adjunto de los Estados Unidos Jeffrey H. Kay de la oficina de Ft. Lauderdale de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

Una acusación formal es apenas una acusación. No es prueba de culpabilidad, y todo acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario.

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