La Sección de Apelaciones tiene la responsabilidad principal de tratar de casos de derechos civiles en los tribunales de apelaciones y, en colaboración con el Abogado General en la Corte Suprema. Asimismo, la Sección provee asesoría legal a otros componentes del Departamento de Justicia con respecto a las leyes de derechos civiles y litigio de apelación.

La mayoría de las apelaciones de la Sección provienen de fallos de tribunales de distrito en casos originalmente bajo la responsabilidad de secciones de enjuiciamientos dentro de la División. Los casos de apelaciones son tanto afirmativos como defensivos. Por lo tanto, la Sección se ocupa de todas las apelaciones, tanto a fallos favorables como adversos, en los cuales participe el gobierno.

Una gran parte del trabajo de la Sección incluye la participación como "amicus curiae" (amigo del tribunal) en casos con potencial de afectar las responsabilidades de coacción de la División. En esta capacidad, la Sección de Apelaciones monitorea cuidadosamente casos del tribunal federal en los que los Estados Unidos no son una de las partes. En muchos de estos casos, especialmente los que se refieren a áreas en desarrollo o problemáticas de las leyes de derechos civiles, la Sección utiliza la autoridad del gobierno federal para presentar un informe de amicus curiae para dejar constancia de la posición del gobierno.

Los siguientes son resúmenes de casos en la Corte Suprema y los Tribunales de Apelaciones en los que la Sección participó recientemente en nombre de los Estados Unidos como una de las partes o como amicus curiae.

En la Corte Suprema:

Padres participantes en Escuelas Comunitarias contra Distrito Escolar de Seattle No. 1, No. 05-908, y Meredith contra Escuelas Públicas del Condado de Jefferson, No. 05-915. Los demandantes, padres de alumnos a quienes se les negó vacante a la escuela de su elección bajo los planes de designación de alumnos de los distritos escolares de Seattle y el Condado de Jefferson (KY), o a quienes podría negarse vacante en dichas escuelas, entablaron una demanda contra sus distritos escolares respectivos, en la cual alegan que los planes de designación de los distritos violan la Cláusula de Igualdad de Protección. De acuerdo con las opiniones de los Estados Unidos como amicus curiae, el Tribunal mantuvo que los distritos escolares dejaron de demostrar que su interés en clasificaciones raciales satisfacía alguna de las dos justificaciones anteriores reconocidas por el Tribunal como siendo en servicio de un interés imperativo: (1) como medio para remediar la segregación de derecho, o (2) como un componente en un esfuerzo por lograr la diversidad general en el contexto de la educación superior. Asimismo, el Tribunal mantuvo que los efectos mínimos del uso de raza de las escuelas, y el hecho reconocido por las escuelas de que dejaron de considerar otros métodos que no fueran las clasificaciones raciales explícitas, son prueba de que el uso de raza por las escuelas no fue específico para cada caso.

Ledbetter contra Goodyear Tire & Rubber Co., Inc., No. 05-1074. Ledbetter entabló una demanda en la que alegaba, inter alia, paga diferenciada con base en discriminación sexual en violación del Título VII. La Suprema Corte falló, siguiendo la posición defendida por los Estados Unidos como amicus curiae, que el periodo de limitaciones para un reclamo de pago diferenciado del Título VII no vuelve a comenzar con la emisión de cada cheque de pago de sueldos que pueda reflejar los efectos rezagados de un acto discriminatorio prescripto. Un enfoque contrario, razonó el Tribunal, podría tanto eliminar la necesidad de probar un acto discriminatorio durante el periodo de limitaciones como distorsionar el procedimiento de coacción de la ley. Por lo tanto, el Tribunal consideró al reclamo de Ledbetter fuera de término.

Winkelman contra Distrito Escolar de la Ciudad de Parma, No. 05-983. Los Winkelman y su hijo, Jacob, quien padece de autismo, entablaron una demanda con alegaciones de que su distrito escolar local cometió diversas violaciones de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades [Individuals With Disabilities Education Act (IDEA)]. La Corte Suprema falló, de acuerdo con la posición defendida por los Estados Unidos como amicus curiae, que los padres podían proseguir pro se en el tribunal federal, tanto en demandas sustantivas como procesales bajo la IDEA. Al llegar a la conclusión de que los padres podrían proseguir pro se en reclamos de violación de la IDEA en el tribunal federal, el Tribunal mantuvo que la IDEA otorga a los propios padres derechos independientes y exigibles, incluido el derecho sustantivo de educación pública adecuada y gratuita para su hijo.

Siga este enlace a la Oficina del Abogado General para ver los informes presentados en la Corte Suprema.

En los Tribunales de Apelaciones:

Estados Unidos contra Lee, No. 05-10478 (9° Cir.). El Noveno Circuito ratificó las condenas del demandado por violaciones de la 18 U.S.C. 241 (conspiración para cometer violación de los derechos civiles), 18 U.S.C. 1584 (servidumbre involuntaria), 18 U.S.C. 1951 (extorsión), y 18 U.S.C. 1956(a)(1)(A)(i) (lavado de dinero), y su sentencia de 40 años. El tribunal ratificó que el tribunal de distrito (1) negó correctamente al demandado su pedido de desestimación de la acusación formal por falta de jurisdicción y/o jurisdicción incorrecta; (2) no emitió un criterio abusivo al negar la solicitud del demandado de anulación de juicio con base en comentarios que el abogado del gobierno realizó durante su réplica; (3) no tenía la obligación de remitirse a la ley de Samoa Estadounidense al instruir al jurado; y (4) tenía derecho a decidir si imponer sentencias consecutivas de acuerdo con la 18 U.S.C. 3584.

Estados Unidos contra Skinner y Acosta, No. 05-3346 (2a. Cir.). Skinner y Acosta, ex detectives de narcóticos del Departamento de Policía de Buffalo, fueron condenados después de un juicio con jurado, por violar la 18 U.S.C. 241, varios cargos de violación de la 18 U.S.C. 242, y cargos relacionados asociados a armas de fuego (18 U.S.C. 924(c)). Los demandados realizaron allanamientos ilegales en los hogares de sospechosos de narcotráfico, y luego robaron dinero y bienes de los objetos de la investigación. En su opinión per curiam (opinión de la mayoría de los jueces), el Segundo Circuito mantuvo que las violaciones a la 18 U.S.C. 241 y 18 U.S.C. 242 (donde se acusa de uso, intento de uso, o amenaza de usar un arma de fuego) son delitos violentos pasibles de una condena de violación de la 18 U.S.C. 924(c) (o sea, usar o portar un arma de fuego durante y en relación con un delito violento). En su orden sumaria adjunta, el tribunal mantuvo que (1) las pruebas fueron suficientes para justificar las condenas de los demandados; (2) que la acusación formal alegó violaciones a la 18 U.S.C. 242 correctamente; (3) que las tres condenas por violación de la 18 U.S.C. 924(c) de Acosta no representaban un segundo procesamiento por el mismo delito; (4) que el juez no erró al dar al jurado un cargo de Pinkerton (cargo en el que todos los miembros de una conspiración son responsables por los actos de los demás miembros); (5) que el juez instruyó correctamente al jurado con respecto a la definición de "uso", como la usa la 18 U.S.C. 242; y (6) que los demandados recibieron un juicio justo.

Estados Unidos contra Simmons, Nos. 05-60419 y 05-60587 (5° Cir.). El demandado, en cumplimiento del deber como agente de la policía, detuvo a una mujer de 19 años de edad, la llevó a un bosque en lugar remoto en el medio de la noche, y la violó varias veces, mientras otro agente de la policía vigilaba. Fue absuelto por cargos de agresión sexual y conspiración en un tribunal estatal. En su juicio federal, el demandado fue condenado por violar la 18 U.S.C. 242 al cometer una agresión sexual que incluyó "abuso sexual agravado" y que resultó en lesiones corporales para la víctima. El tribunal de distrito lo sentenció a 20 años en prisión, aunque las Directrices de Emisión de Sentencias (según su aplicación correcta) permitían prisión perpetua. El demandado apeló la condena, y los Estados Unidos contraapelaron su sentencia. Al mantener la condena del demandado, el Quinto Circuito sostuvo que las pruebas fueron suficientes para justificar la condena del demandado bajo la Sección 242. Al anular la sentencia del demandado, el Quinto Circuito estuvo de acuerdo con los Estados Unidos en que el tribunal de distrito erró al calcular el alcance de las Directrices, al negarse a imponer un incremento de dos niveles bajo las Directrices § 2A3.1(b)(3)(A), el cual correspondería si la víctima se encontraba "bajo la custodia, los cuidados o el control de supervisión del demandado". A raíz de dicha afirmación, el tribunal encontró que no sería necesario decidir si la sentencia del demandado de solo 20 años no era razonable bajo Estados Unidos contra Booker, 543 U.S. 220 (2005).