Buenos días a todos.
Hoy están conmigo en el escenario: Julie Myers, Secretaria Auxiliar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)]; Timothy D. Bereznay, Director Auxiliar de la División de Contrainteligencia del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; Darryl Jackson, Secretario Auxiliar de Comercio para la Coacción asociada a la Exportación; Charles Beardall, el Director del Servicio de Investigación Penal del Departamento de Defensa [Defense Criminal Investigative Service (DCIS)]; y el Embajador Stephen Mull, Secretario de Estado Auxiliar Interino para Asuntos Político-Militares.
Me complace anunciar junto con mis colegas una nueva iniciativa de coacción asociada a la exportación lanzada por estas dependencias, por la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y por las Fiscalías Federales de todo el país.
Esta iniciativa se enfoca en la amenaza a la seguridad nacional que representa la exportación ilegal de tecnología estadounidense delicada -- tecnología que incluye un amplio rango de artículos militares estadounidenses controlados, tecnología de uso dual y otros productos-- parte de la cual puede ser utilizada para el desarrollo de armas de destrucción masiva.
De más está decir que, en el mundo pos 11/9, es más importante que nunca evitar que este tipo de tecnología caiga en las manos equivocadas. Sabemos que Al Qaeda ha estado intentando adquirir o construir más armas de destrucción masiva desde hace más de una década. Sabemos que Osama bin Laden emitió una fetua en la que declaraba que sus seguidores tenían la obligación de crear y utilizar este tipo de armas peligrosas.
Y sabemos que algunos estados extranjeros están buscando activamente nuestra tecnología para potenciar sus propios sistemas militares y su propia capacidad técnica. Sabemos que diversos países han establecido redes completas de abastecimiento: redes que trabajan mediante compañías fachada, empresas conjuntas, delegaciones comerciales y otros mecanismos para tomar metódicamente a nuestro gobierno, nuestras industrias y nuestras universidades como fuentes de este material.
Tales países no tienen interés en intentar igualar nuestro progreso tecnológico mediante competencia honesta. No tienen interés en hacer el esfuerzo que este país hizo hace 50 años cuando vimos el Sputnik soviético orbitar la tierra por la primera vez en la historia. Cuando vimos eso, movilizamos todos nuestros recursos industriales y humanos, y superamos el programa espacial soviético con nuestra inteligencia y determinación. Los países que adquieren tecnología y con los que lidiamos actualmente no tienen interés en una competencia por el estilo; prefieren dejar que nosotros desarrollemos la tecnología y después simplemente robárnosla.
Y eso es exactamente lo que están haciendo. Un informe de la Comunidad de Inteligencia emitido el año pasado observaba que 108 países diferentes poseen entidades que participan en medidas para obtener tecnología estadounidense controlada, y un informe del Departamento de Defensa describió un aumento de un 43% el año pasado en la cantidad de contactos extranjeros sospechosos con empresas estadounidenses de defensa. En resumen, los Estados Unidos han pasado a ser el principal objetivo mundial para el robo de tecnología.
La amenaza del robo y la proliferación de tecnología es una amenaza sutil, pero muy insidiosa, a nuestra seguridad nacional. Es una amenaza desarrollada a la sombra y que no genera el mismo nivel de alarma que la violencia de un ataque terrorista o un estado beligerante que agita sus espadas. Pero de todos modos, es una amenaza gravísima. Es igual de peligrosa y tiene el mismo potencial mortal.
La gravedad de esta amenaza ha provocado una respuesta en diversos frentes. El Congreso, por ejemplo, ha estado analizando legislación para fortalecer nuestras autoridades en este área y, según tengo entendido, ayer mismo se propuso legislación al respecto.
Pero lo que es más importante para este evento es que la comunidad de las fuerzas del orden público representada hoy aquí ha respondido con eficacia a esta amenaza de diversas formas.
El ICE ha duplicado el número de agentes asignados a casos de control de exportaciones; el FBI ha mejorado su trabajo de contrainteligencia contra violadores de exportaciones; el Departamento de Comercio ha incrementado en alrededor de un 80% sus investigaciones y enjuiciamientos exitosos asociados a las exportaciones ilegales en el último año; el DCIS y otras dependencias del Departamento de Defensa han mejorado su trabajo investigativo para proteger nuestra tecnología militar.
Y nosotros en el Departamento de Justicia hemos fijado como mayor prioridad de contrainteligencia el control de exportaciones. De hecho, hemos tenido un aumento del 60% en el número de casos de control de exportaciones presentados el año pasado. De hecho, ustedes escucharán detalles sobre progresos en dos casos que ocurrieron la semana pasada: la sentencia de una compañía de Pittsburgh por mentirles a reguladores sobre la exportación ilegal a Paquistán de artículos usados en reactores y misiles nucleares, y los cargos presentados contra dos individuos de Utah por intentar exportar componentes de aviones de combate F-4 y F-14, tecnología que Irán necesita con desesperación para mantener su fuerza aérea.
Si bien este aumento en las actividades de coacción es un avance, todos creemos que debemos implementar una respuesta más fuerte y amplia a esta amenaza. De la misma manera en que nos movilizamos después del 11 de septiembre para montar nuestro ataque contra la amenaza del terrorismo internacional, necesitamos movilizarnos y utilizar todos nuestros activos de contraproliferación y dirigirlos contra la amenaza de la proliferación de tecnología.
Eso es lo que estamos haciendo con esta iniciativa, y lo hacemos de diversas maneras.
Primero, estamos desarrollando la especialización que necesitamos entre los fiscales para manejar el aumento en la carga de trabajo que recibimos de las dependencias de investigación. Dado que estos casos generalmente implican asuntos internacionales delicados, información clasificada y esquemas de regulación complejos, puede ser extremadamente difícil enjuiciarlos. Algunos fiscales tienen muchísima experiencia en estos casos y otros no. Bajo esta iniciativa, estamos expandiendo nuestra capacitación de fiscales de campo en todo el país, y recientemente designamos a un nuevo Coordinador de Control de Exportaciones Nacionales, Steve Pelak, para que ayude a dirigir la capacitación de fiscales y para asegurarnos de que nuestros fiscales cuenten con las herramientas que necesitan para manejar con efectividad estos casos.
Segundo, estamos creando Fuerzas de Tarea Contraproliferación en distritos de todo el país que reunirán a los fiscales, las dependencias de investigación, las dependencias de licencias de exportación y la comunidad de inteligencia para coordinar sus tareas contra el robo de exportaciones a nivel estratégico y operativo. Al igual que lo logrado con las Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo y otros mecanismos de coordinación en el contexto del contraterrorismo, estas fuerzas de tarea contribuirán para institucionalizar y garantizar la coordinación que resulta tan crucial para nuestra capacidad de defensa contra proliferadores de tecnología.
Me gustaría agradecerles a mis colegas reunidos hoy aquí, así como también a los Fiscales Federales y todos nuestros demás asociados que trabajan tanto para articular esta tarea de coordinación. Su trabajo -- y la presencia de mis colegas aquí hoy -- demuestran tanto nuestro reconocimiento de la amenaza que enfrentamos como nuestro compromiso de hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenir que nuestras tecnologías y sistemas militares delicados caigan en las manos equivocadas.
Habiendo aclarado eso, me gustaría cederles la palabra a otros representantes presentes aquí para que comenten su rol en esta iniciativa y aclaren un poco más los casos surgidos recientemente. Luego podremos contestar sus preguntas.
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