WASHINGTON – Once personas fueron acusadas formalmente en la segunda fase de una iniciativa penal, civil y administrativa contra individuos y compañías del área de la salud que facturan fraudulentamente al programa Medicare, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de lo Penal Alice S. Fisher y el Fiscal Federal para el Distrito Central de California Thomas P. O’Brien.
Las acusaciones formales en el Distrito Central de California son el resultado del establecimiento de un equipo multiagencia de investigadores federales, estatales y locales, creado específicamente para combatir el fraude contra Medicare a través del uso de análisis en tiempo real de datos de facturación a Medicare. La primera fase de la fuerza de ataque comenzó en el Condado de Miami-Dade el 1° de marzo de 2007, habiendo logrado más de 100 condenas asociadas a facturación fraudulenta a Medicare hasta la fecha.
Desde el inicio de la fase dos de las operaciones de la fuerza de ataque en Los Ángeles el 1° de marzo de 2008, la fuerza de ataque ha logrado las acusaciones formales de individuos y organizaciones que, en total, emitieron casi 13 millones de dólares en reclamos fraudulentos al programa Medicare. Los cargos contra los demandados en estas acusaciones formales incluyen conspiración para cometer fraude de atención médica, asesorar o participar en un ardid para defraudar a un programa de beneficios médicos y robo de identidad agravado. Si se los condena, muchos de los demandados enfrentan hasta 20 años de prisión por dichos cargos. Todas las acusaciones formales también solicitan la confiscación del producto de los delitos.
"La acusación formal de 11 demandados y la ejecución de seis órdenes judiciales marcan la fase dos de la Fuerza de Ataque de Fraude contra Medicare, la cual concentra sus recursos en combatir el fraude contra Medicare, a medida que ocurre. La Fuerza de Ataque fue exitosa en la recuperación de millones de dólares que fueron escamoteados del programa Medicare y en condenar a más de 100 transgresores en Miami", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de lo Penal Alice S. Fisher. "Nos complace trabajar con nuestros asociados en Los Ángeles en investigar y enjuiciar a quienes intenten defraudar el programa Medicare. Agradezco a los líderes de la Fuerza de Ataque, Kirk Ogrosky y John Kelly, así como a los fiscales y agentes que siguen dedicados a combatir el fraude".
"El fraude contra Medicare es un gran problema en el Sur de California, y es por eso que nos complace que abogados del Departamento de Justicia unan fuerzas con nuestros fiscales contra el fraude de atención médica", dijo el Fiscal Federal para el Distrito Central de California Thomas P. O'Brien. "El enfoque de la fuerza de ataque con relación a este problema de largo tiempo señala nuestra intención de combatir a los delincuentes que roban a los contribuyentes y se apoderan de recursos que deberían utilizarse para atender a los beneficiarios del programa Medicare".
Las fuerzas de ataque pueden identificar rápidamente casos de fraude potencial para investigación y enjuiciamiento a través del análisis en tiempo real de datos de facturación de Contratistas de Salvaguarda del Programa Medicare [Medicare Program Safeguard Contractors (PSCs)] y datos de reclamos extraídos del Sistema de Información de Atención Médica. En la fase dos, fiscales, agentes y analistas de las fuerzas del orden público federales y dependencias gubernamentales están analizando datos de reclamos para determinar patrones de facturación inusuales e identificar posibles actividades fraudulentas. Con base en patrones irregulares identificados, la fuerza de ataque investiga a personas y/o compañías que puedan estar involucradas en la presentación de reclamos falsos al programa Medicare.
La Parte B de Medicare cubre servicios prestados por médicos y atención ambulatoria, incluido el acceso de beneficiarios a equipos médicos durables [durable medical equipment (DME)], tales como dispositivos ortopédicos, sillas de ruedas motorizadas, camas hospitalarias, colchones de aire y barras trapecio. El programa Medicare paga reembolsos en reclamos realizados por proveedores de DME y medicamentos asociados, solo si son médicamente necesarios para el tratamiento del beneficiario y fueron recetados por el médico del beneficiario. Para recibir el pago, los proveedores presentan reclamos directamente al programa Medicare o a través de una empresa de facturación.
La labor de la fuerza de ataque es apenas un paso en un proyecto de coacción y regulación de múltiples fases, creado para mejorar la calidad del ramo y reducir el potencial de fraude en las áreas de DMEs e infusión. Los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid están tomando pasos para incrementar la responsabilidad y reducir la presencia de proveedores fraudulentos, resultando en un mejor servicio prestado a los beneficiarios y ahorros de miles de millones de dólares que, de otra forma, podrían ir a empresas fraudulentas.
El 8 de mayo de 2008, agentes federales ejecutaron cuatro órdenes de allanamiento, dos órdenes de confiscación y arrestaron a diez personas en la primera ronda de arrestos originados en la fase dos de la Fuerza de Ataque de Fraude contra Medicare. Los demandados detenidos en el operativo de hoy fueron arrestados por presentar reclamos falsos al programa Medicare por sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y otros DMEs que eran médicamente innecesarios y/o no fueron provistos a los beneficiarios identificados en los reclamos. Todos los demandados arrestados hoy eran propietarios y operadores de empresas de suministros médicos del área de Los Ángeles.
En un ejemplo, el programa Medicare pagó a David Gabrielyan y Marina Nazarova, propietarios de U.S. Medtrade Co. Inc. más de 1.5 millones de dólares por aproximadamente 2 millones de dólares en reclamos presentados falsamente durante un periodo de 13 meses. En otro caso de fraude cometido por una empresa de suministros médicos, Jesús Zamarripa, propietario de Edward Medical Supply Inc., recibió del programa Medicare más de 1.1 millones de dólares en reclamos en solo diez meses. Los demandados Usik Kirakosian y Petros Odachyan reclamaron casi 3 millones de dólares en suministros médicos durables para beneficiarios que no los necesitaban o no recibieron los equipos, resultando en pagos por más de 1.2 millones de dólares durante los 16 meses que duró el ardid.
"El compromiso asumido por el Departamento de Justicia de combatir a individuos que defraudan al Programa Medicare a expensas de beneficiarios legítimos permite al FBI conducir investigaciones rápidas y sustanciosas, permitiendo la realización de arrestos", dijo Salvador Hernández, Director Auxiliar a Cargo del FBI en Los Ángeles. "Seguiremos trabajando con la Fuerza de Ataque en Los Ángeles para combatir el problema delictivo significativo asociado al fraude de atención médica".
"Trabajando en relación estrecha con asociados importantes de las fuerzas del orden público federales, estatales y locales en Los Ángeles, hemos logrado replicar la primera iniciativa de Fuerza de Ataque de Medicare utilizada en Florida el año pasado", dijo Daniel R. Levinson, Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. "Este modelo de coacción conjunta es una manera eficaz de dedicar recursos de investigación a actividades ilegales y preservar la integridad del programa Medicare".
El 9 de mayo de 2007, se anunció públicamente la Fuerza de Ataque de Miami, después del arresto de 28 demandados realizado por agentes del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. [Department of Health and Human Services Office of Inspector General (HHS-OIG)] el día anterior. La fase uno de operaciones de la fuerza de ataque en el Condado de Miami-Dade, la cual ocurrió del 1° de marzo al 30 de septiembre de 2007, permitió la acusación formal de 130 demandados individuales en 76 casos, resultando en 101 condenas hasta la fecha. Hubo once condenas como resultado de veredictos de jurados, 90 condenas fueron el resultado de declaraciones de culpabilidad, 13 personas están fugitivas y los 130 demandados restantes están aguardando enjuiciamiento.
En Miami, las facturaciones fraudulentas a Medicare en casos asociados a la fuerza de ataque superaron los 420 millones de dólares, incluidos 195 millones facturados en reclamos fraudulentos de terapia de infusión, 209 millones facturados en reclamos fraudulentos de DMEs y 16 millones facturados en reclamos farmacéuticos fraudulentos. Hasta la fecha, los demandados condenados han sido sentenciados a más de 51 millones de dólares en restituciones, multas y/o confiscaciones ordenadas por la justicia, asociadas a pérdidas sufridas por Medicare.
Ambas fases de la fuerza de ataque fueron testigos de altos niveles de fraude con DMEs; sin embargo, la Fuerza de Ataque de Miami, la cual opera en un área que cuenta con aproximadamente 800,000 beneficiarios de Medicare, también identificó numerosos casos de actividad fraudulenta relacionada con la terapia de infusión. La Fuerza de Ataque de Los Ángeles, área con aproximadamente 4 millones de beneficiarios, ha identificado, a través del análisis y la investigación, altos niveles de fraude en conexión con instalaciones de pruebas médicas, así como fraude asociados a DMEs.
Los equipos de fuerza de ataque de Los Ángeles están encabezados tanto por la Sección de Fraude de la División de lo Penal en Washington, D.C., como por la Fiscalía Federal del Distrito Central de California. Cada equipo cuenta con seis agentes del FBI y HHS-OIG, así como representantes de las fuerzas del orden público locales. Los equipos operan desde la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California.
Están a cargo de la acusación en los casos resultantes de la operación abogados de la Sección de Fraude de la División de lo Penal y de la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California, bajo la supervisión del Jefe Auxiliar de la Sección de Fraude John Kelly, y con el apoyo de la Fiscalía Federal. Además de agentes federales, los equipos cuentan con funcionarios y agentes especiales del Departamento de Justicia de California y el Buró de Fraude Médico y Abuso de Ancianos, así como de la Fuerza de Tarea de Coacción de la Autoridad de Salud del Condado de Los Ángeles.
Una acusación formal es una mera acusación y se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
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