Muchas gracias.

Es un honor para mí estar con ustedes hoy.

Reunirme con ustedes y escuchar sus historias siempre me recuerda que su movimiento tiene un nombre equivocado.

Hace tiempo que mi esposa Rebecca y yo nos preocupamos por los problemas que enfrentan las víctimas de la delincuencia. Durante tres años y medio, Becky colaboró en programas de apoyo para las víctimas de la agresión sexual en todo el estado desde la Oficina del Secretario de Justicia de los Estados Unidos de Texas. En aquel tiempo, cuando el Sr. Bush era gobernador de Texas, hablé con muchas víctimas y sus familiares sobre los indultos otorgados por el gobernador. Juntos, Rebecca y yo nos hemos reunido con cientos de víctimas de la delincuencia; escuchamos sus historias y trabajamos para proteger sus derechos y asegurarnos de que sus voces fueran escuchadas.

Sabemos por experiencia que no existe nada en la palabra “víctima” que represente este movimiento, ni su compromiso, su coraje o su pasión.

La verdadera victimización ocurre con la apatía de los líderes, el silencio de las buenas personas y la desesperanza de las propias víctimas.

Sin embargo, existe una metamorfosis maravillosa en lo más profundo del movimiento por los derechos de las víctimas y de las filas de los desprotegidos ha surgido la marcha de los protectores.

Durante décadas, las víctimas de la delincuencia vivieron con miedo y sufrieron en silencio. Los llamados "expertos" nos dijeron que era inevitable enfrentar altos niveles de delincuencia, especialmente entre los pobres. El mensaje llevado a las víctimas de la delincuencia, desproporcionadamente pobres, era inevitablemente: “hay que aprender a vivir con esto”.

Sin embargo, gracias al trabajo de los grupos de apoyo a las víctimas y otros estadounidenses preocupados, la condición de las víctimas de la delincuencia comenzó a cambiar. Las víctimas, sus amigos y sus seres queridos comenzaron a exigir más de nuestro sistema de justicia.

Durante el Gobierno del Presidente Bush se han desarrollado importantes políticas para reivindicar los derechos de las víctimas de casos penales a nivel federal. El año pasado, el Presidente firmó la Ley "Justicia para todos" y recientemente he analizado y emitido nuevamente las Pautas del Secretario de Justicia de los Estados Unidos para la Asistencia a Víctimas y Testigos.

Para las víctimas, otro aspecto clave de cualquier sistema de justicia penal justo y equitativo es asegurar que los condenados por delitos cumplan sentencias severas y justas. Desde 1987, hemos implementado un sistema de sentencias para los delitos federales que responde a esta exigencia y ha permitido alcanzar las menores tasas de criminalidad en una generación.

La clave de este sistema yacía en un conjunto de pautas obligatorias de sentencia que especificaba un espectro dentro del cual los jueces debían dictar sus sentencias, si no hubiera otras circunstancias inusuales. Estas pautas reflejaban un cuidado equilibrio de criterios y uniformidad por parte del Congreso y de la Comisión de Sentencias para el dictado de sentencias. Pero este sistema de directrices obligatorias ya no está vigente, y creo que esta pérdida constituye una amenaza al progreso que se había alcanzado en garantizar sentencias severas y equitativas para los delincuentes a nivel federal.

Puedo ilustrar esta amenaza con la historia de dos acusados, ambos condenados por acusaciones similares relacionadas con la posesión de pornografía infantil; uno en Nueva York y el otro en la otra margen del río Hudson, en Nueva Jersey.

El demandado de Nueva York podía enfrentar una sentencia de 27 a 33 meses de prisión, pero sólo recibió libertad condicional.

El demandado de Nueva Jersey, que podía ser sentenciado de 30 a 37 meses de prisión, obtuvo una sentencia de 41 meses de encarcelamiento.

¿Por qué ocurrió esto?

El pasado mes de enero, la Corte Suprema dictaminó que las pautas de sentencia implementadas por las mayorías del congreso bipartito en 1984, eran sólo sugerencias y que los jueces federales ya no estaban obligados a regirse por ellas.

En ese caso, el Estado contra Booker, la Corte sostuvo que las pautas federales de sentencia violaban los derechos del acusado, establecidos en la Sexta Enmienda de nuestra Constitución. Como resultado, en la actualidad, los jueces deben contemplar estas pautas al dictar una sentencia, pero no están obligados por ley a imponer el rango de penas mencionado en las mismas.

De modo que, en el caso de pornografía infantil de Nueva Jersey, el juez consideró necesario proteger al público del acusado y dictó una sentencia levemente superior a la sugerida por las pautas. Sin embargo, en el caso de Nueva York, el juez consideró que el acusado se beneficiaría si recibiera tratamiento psicológico continuo y sólo solicitó la libertad condicional.

Esta historia es apenas un ejemplo que ilustra una tendencia que se está imponiendo como consecuencia del fallo Booker. Cada vez con más y más frecuencia, los jueces se rigen por su propio criterio para dictar sentencias que difieren de los rangos considerados cuidadosamente y desarrollados por la Comisión de Sentencias de EE.UU. En este proceso, corremos el riesgo de perder un sistema de justicia que exige el dictado de sentencias severas para delitos graves y ayuda a evitar el dictado de sentencias dispares para delitos de igual gravedad.

Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué motivo las víctimas y los grupos de apoyo a las víctimas deben preocuparse por las sentencias.

Las pautas federales de sentencia fueron el resultado del trabajo conjunto de Republicanos y Demócratas, como respuesta a las altas tasas de delincuencia observadas durante las décadas de 1960 y 1970, y juntos crearon una herramienta invaluable para la justicia.

Dado que las tasas de delitos mayores y violentos se habían triplicado, se determinó de manera consensuada que era necesario proteger a la sociedad, evitando que los delincuentes fueran liberados rápidamente.

Otro hecho que estaba socavando la fe de los estadounidenses en su sistema de justicia eran las disparidades que existían entre las sentencias dictadas a individuos culpables de delitos de igual gravedad.

Ambos partidos concordaron ampliamente en que nuestro sistema de dictado de sentencias era injusto e inconsistente.

De manera que, en 1984, legisladores de todo el espectro político aprobaron la Ley de Reforma de Sentencias, con dos amplios objetivos en mente.

El primero fue aumentar la seguridad de los estadounidenses que cumplen con la ley, devolviendo al dictado de sentencias énfasis en el castigo, la inhabilitación y la disuasión.

El segundo objetivo fue asegurar la equidad en el dictado de sentencias. El principio rector de la ley fue la uniformidad - los acusados que cometieron delitos de igual gravedad y poseían antecedentes penales semejantes deberían recibir sentencias similares, independientemente de su raza o la raza de la víctima, la ubicación geográfica o los antecedentes económicos.

Durante los más de 17 años de aplicación de las pautas federales de sentencia, fue posible alcanzar los objetivos ambiciosos de seguridad pública y equidad que el Congreso se había trazado.

Las actuales tasas de delincuencia en los Estados Unidos son las menores en una generación. Si éstas hubieran permanecido en el mismo nivel de hace 30 o 40 años, durante la década pasada se habrían cometido 34 millones de delitos violentos adicionales.

Por supuesto, ninguna legislación o política por sí sola es responsable de que hoy tengamos estos niveles tan bajos de delitos violentos. Sin embargo, diversos estudios independientes de nuestro sistema de justicia penal confirman lo que nos dice nuestro sentido común: un mayor tiempo de encarcelamiento redunda en una menor cantidad de delitos, y la reforma en el nivel federal y estadual del sistema de sentencias ha ayudado a poner detrás de las rejas a los acusados más violentos y reincidentes y a mantenerlos allí durante el cumplimiento de sentencias adecuadas para el delito cometido.

Las pautas federales para sentencias no sólo han ayudado a proteger a los estadounidenses, sino que también cumplen su promesa de reducir disparidades en las sentencias dictadas. Cuando la Comisión de Sentencias de EE.UU. recientemente alcanzó los 15 años de experiencia con las pautas federales para sentencias, destacó que los estudios realizados por la propia Comisión y otras instituciones habían determinado que las pautas, -utilizaré sus propias palabras- “habían logrado su objetivo principal: reducir la disparidad injustificada que surge de diferencias entre jueces".

Durante 17 años, las pautas federales y obligatorias de sentencia han ayudado a reducir los delitos. Además, estas pautas han evolucionado con el tiempo para adaptarse a circunstancias cambiantes y a una mejor comprensión de la problemática social y del sistema de justicia penal. Jueces, legisladores, la Comisión de Sentencias, fiscales, abogados defensores y otros han trabajado arduamente en el desarrollo de un sistema de pautas para sentencias que ha protegido a los estadounidenses y mejorado la justicia de los Estados Unidos.

Sin embargo, me preocupa que, con el sistema de pautas sugeridas, no podamos sostener este progreso y las víctimas sean nuevamente victimizadas por un sistema cuyo objetivo es protegerlas.

Eso no significa que los jueces no estén dando lo mejor de sí en cada uno de los casos. El decidir el destino de un acusado es un trabajo serio y difícil y nuestros jueces desempeñan esta tarea a conciencia y con integridad. Habiendo sido juez anteriormente, conozco las dificultades del trabajo y admiro a los hombres y mujeres que ocupan nuestros estrados federales. Sin embargo, es inevitable que con el paso del tiempo, con tantos jueces actuando y decidiendo según sus propios criterios, en tan diversas jurisdicciones, se dicten sentencias más breves y dispares si se aplica un sistema de pautas sugeridas.

Sin duda, las observaciones realizadas por el Departamento desde el fallo Booker sugieren que existe una creciente disparidad entre las sentencias y una tendencia hacia el dictado de sentencias menores.

Asimismo, los Fiscales Federales informan de manera constante que se les ha retirado una herramienta fundamental para la aplicación de la ley. Cuando se aplicaban las pautas de sentencia, las sentencias sólo podían ser reducidas a cambio de cooperación cuando el gobierno lo solicitaba al tribunal. Con el sistema de pautas sugeridas, los jueces tienen la libertad de reducir las sentencias cuando consideren que el acusado ha cooperado lo suficiente. Debido a que los demandados ya no enfrentan penalidades severas y certeras, cada vez más los testigos clave se niegan a cooperar con los fiscales. Corremos el riesgo de regresar a la era anterior a las pautas, donde los acusados eran incentivados a dejar su suerte echada al azar en nuestro sistema de justicia, apostando que si les tocaba una mano de suerte - el juez asignado en forma errática a su caso - acabarían por recibir una sentencia más leve.

Recientemente, en un caso de Carolina del Sur, un hombre fue declarado culpable de las acusaciones de tráfico de drogas y de delito federal asociado a armas. Las armas de fuego que se encontraron en su poder incluían una ametralladora automática, dos rifles de asalto y dos pistolas. Después de haber sido detenido por tales acusaciones, el acusado fue liberado bajo fianza. Mientras se encontraba en esta situación, no se presentó a un análisis para la detección de drogas y se escapó del sistema de monitoreo electrónico. Los alguaciles federales lograron encontrarlo y, después de rodearlo durante seis horas, lo hicieron salir de su escondite utilizando gas lacrimógeno. Según las pautas federales para sentencias, este individuo con numerosas acusaciones estatales relacionadas con agresión y posesión de drogas, hubiera permanecido 27 años en prisión. Sin embargo, después del fallo Booker, el juez lo sentenció a tan sólo 10 años, sin dar mayor explicación. El Departamento está apelando a esta sentencia, ya que su brevedad es inexplicable.

En otros casos, los acusados están recibiendo sentencias mucho menores que las indicadas por las pautas, sin ningún tipo de explicación, o sobre la base de factores que no habrían sido contemplados en las pautas anteriores.

Hubo un delito financiero, en el que un ranchero de Kansas solicitó préstamos por un millón ochocientos mil dólares con la excusa de que necesitaba el dinero para comprar ganado. Esta persona, inclusive, llevó a los representantes bancarios a los corrales y explicó que las vacas que les estaba mostrando habían sido compradas con los préstamos obtenidos, cuando, en realidad, había perdido todo el dinero especulando en mercado de futuros de ganado. Se declaró culpable de defraudar al banco y según las pautas, debía aplicársele una sentencia de 37 a 46 meses de prisión. El juez, en cambio, le otorgó libertad condicional considerando que el acusado ya había sufrido lo suficiente cuando el banco ejecutó su casa.

También hemos observado cómo un sistema sin pautas obligatorias generó una sentencia significativamente menor para un delincuente condenado por evasión de impuestos fiscales federales.

Este acusado de Nueva York fue sentenciado en el año 2003 por evadir el pago de más de seis millones de dólares en impuestos, utilizando medios tales como retirar activos de valor del país, entre ellos, una flota de automóviles Rolls Royce. Bajo el sistema de pautas obligatorias vigente en dicho momento, se aplicó una sentencia de 41 meses de prisión. El juez dijo que le hubiera gustado dictar una sentencia menor, pero que estaba limitado por la aplicación de las pautas.

Un año y medio más tarde, después del fallo Booker, el acusado solicitó al tribunal que reconsiderase su sentencia y el juez acabó reduciéndola a siete meses de prisión y siete meses de arresto domiciliario, explicando que la edad del acusado y la necesidad de cuidar de su esposa -factores que no solían ser relevantes antes del fallo Booker - justificaban entonces una sentencia menor.

La tendencia presentada por estos ejemplos concuerda con las estadísticas reunidas por la Comisión de Sentencias de EE.UU. Según la Comisión, el dictado de sentencias por parte de los jueces federales con la aplicación de las pautas ha disminuido del 70% en el año 2003 al 63% en la actualidad. Esta tendencia me preocupa y debería ser motivo de preocupación para todas las víctimas de la delincuencia.

Después de analizar los datos, consultar a nuestros fiscales especializados y contactar otras partes también interesadas en el tema, he llegado a la conclusión de que el sistema de pautas sugeridas que rige en la actualidad puede y debe ser mejorado.

Sé que nuestros jueces tratan de hacer lo correcto; actúan de buena fe mientras desempeñan uno de los trabajos más complicados e importantes de nuestra sociedad y lo hacen con gran habilidad e integridad. Sin embargo, los objetivos de seguridad pública y justicia que el Congreso defendió en la Ley de Reforma de Sentencias constituyen el deseo expreso de los estadounidenses. Nuestro sistema de sentencias funciona mejor cuando los jueces pueden aplicar su criterio, pero siempre dentro de las pautas obligatorias de sentencia creadas a través del proceso legislativo.

Desde el fallo Broker y como respuesta a esta situación, se han presentado numerosas propuestas legislativas y todas ellas deberían ser estudiadas y tratadas. Una de las propuestas que creo que sería de utilidad para preservar las protecciones y principios de la Ley de Reforma de Sentencias y que, por lo tanto, merece una seria consideración, es la creación de un sistema mínimo de pautas.

Con este sistema, el tribunal estaría obligado a considerar las pautas mínimas, tal como sucedía antes del fallo Booker. Las pautas máximas, sin embargo, continuarían siendo sugerencias, y el tribunal estaría obligado a tenerlas en cuenta, pero no tendría la obligación de regirse por ellas, tal como sucede en la actualidad con el fallo Booker.

Con esta propuesta, las sentencias máximas sugeridas continuarían dando a los tribunales el beneficio de las pautas que reflejan décadas de sabiduría y experiencia.

Las ventajas de un sistema de pautas mínimas son muchas. Por un lado, se preservaría la división tradicional de responsabilidades entre los jueces y jurados en los casos penales y la Comisión de Sentencias de EE.UU. mantendría la importante función de brindar a los tribunales las pautas para dictar las sentencias. También permitiría que los jueces actúen con cierta flexibilidad en casos extraordinarios. El sistema de pautas mínimas coincidiría con la Sexta Enmienda, según lo interpreta la Corte Suprema.

Estoy abierto a opiniones sobre cuál es la mejor manera de recuperar la igualdad y la coherencia en el dictado de sentencias, y espero escuchar las opiniones de otras partes interesadas sobre cuál es el mejor camino a seguir. A medida que avancemos, creo que debemos guiarnos por un hecho fundamental: la reforma de las sentencias ha logrado con éxito no sólo reducir los delitos, sino también reducir las disparidades injustificadas. Ha logrado que los estadounidenses estén más seguros y ha permitido que nuestro sistema de justicia sea más equitativo. Durante las últimas dos décadas, ha habido un debate saludable y constante sobre aspectos específicos de las pautas para sentencias. También ha habido consenso entre ambos partidos políticos, que apoyan los principios de la reforma de las sentencias. Hoy, prometo que los recursos del Departamento de Justicia trabajarán con el Congreso, el Poder Judicial, la Comisión de Sentencias y otras organizaciones, tales como el Centro Nacional para Víctimas de la Delincuencia, en la creación de un sistema de sentencias que responda a las necesidades y preocupaciones de todos aquellos que compartan nuestro compromiso de brindar protección a los estadounidenses y una justicia equitativa para los acusados.

Nuestro sistema de justicia se basa en la creencia de que cada ser humano tiene dignidad - y lo sostienen personas como ustedes, que trabajan en defensa de esta creencia.

Su trabajo, su compromiso y su sacrificio han dado voz a las víctimas de la delincuencia dentro de nuestro sistema de justicia y han permitido reducir las tasas de delitos violentos a los índices más bajos de las últimas tres décadas.

Con su apoyo e inspiración, las víctimas de la delincuencia han expresado su deseo, con la esperanza de construir un futuro mejor. Se han expresado con la certeza de que la injusticia sufrida por una persona puede inspirar una mayor justicia para todos.

Trabajemos codo a codo en la reforma de nuestro sistema de sentencias y aprovechemos esta oportunidad para crear un sistema más estricto, justo y que ofrezca más justicia para todos.

Muchas gracias por todo lo que hacen para ayudar a las víctimas de la delincuencia. Que Dios les dé sabiduría y paz y que siga bendiciendo a los Estados Unidos de América.

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