WASHINGTON – Jorge Alan Rodríguez Sánchez, de 32 años de edad, fue acusado formalmente ayer por un gran jurado en Filadelfia de conspirar para la distribución de sustancias controladas mediante la operación de una farmacia ilícita en Internet, según lo anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de lo Penal Alice S. Fisher y el Fiscal Federal Patrick L. Meehan del Distrito Este de Pensilvania.
Sánchez está, además, acusado de cuatro cargos de distribución de sustancias controladas mediante la operación de una farmacia ilícita en Internet. Si se lo condena, Sánchez enfrenta una sentencia máxima de 20 años en prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares por cada uno de los cargos. La acusación formal también incluye un alegato de confiscación.
A partir de 2002, Rodríguez, un residente de Chula Vista, California, estableció una cuenta de correo electrónico a través de la cual podía vender narcóticos bajo receta, como Oxycontin y otras sustancias controladas, a clientes sin prescripciones o usos médicos legítimos. La acusación formal alega que los clientes adquirieron drogas enviando sus pedidos por correo electrónico a la cuenta de Rodríguez. El pedido más frecuente era oxicodona, un analgésico rigurosamente controlado. La oxicodona se comercializa habitualmente bajo las marcas Oxycontin, Percocet y Endocet. El acusado también vendió otros medicamentos bajo receta como Vicodin, Valium, Ritalin y Xanax.
La acusación formal alega que, una vez que los términos de la transacción se acordaban, los clientes debían enviar un pago por los medicamentos mediante transferencia electrónica a Rodríguez y a otros coconspiradores mediante Western Union, una compañía de servicios financieros. Rodríguez no solicitaba una prescripción ni un examen físico por un médico matriculado a ninguno de sus clientes. Rodríguez recibía el dinero remitido por los clientes en una sucursal de Western Union en México, pero despachaba los medicamentos desde el Sur de California a los clientes en todos los Estados Unidos, incluida el área de Filadelfia.
Una acusación formal es una acusación de conducta delictiva, no una prueba. El demandado se presume inocente, a menos que se lo condene con la debida garantía procesal.
Están a cargo de la acusación en el caso la Sección de Fraude de la División de lo Penal y la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Pensilvania, con asistencia en investigaciones del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y la Administración de Control de Drogas.
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