WASHINGTON — Un operador de embarcaciones con sede en los Estados Unidos, Pacific-Gulf Marine, Inc. (PGM), ha acordado declararse culpable de cargos que alegan que participó en actos deliberados de contaminación con una flota de cuatro embarcaciones en violación a la Ley de Prevención de Contaminación proveniente de Embarcaciones [Act to Prevent Pollution from Ships], anunció hoy el Departamento de Justicia. Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, PGM pagará una multa penal de 1 millón de dólares y 500,000 dólares para servicio comunitario, en caso de que el acuerdo sea aprobado por el tribunal. En un caso relacionado, un gran tribunal federal emitió ayer una acusación formal acusando a dos ex Ingenieros Principales del M/V Tanabata (una de las embarcaciones de la flota) de diversos delitos ambientales.
Según los documentos presentados en el tribunal, entre ellos una Declaración Conjunta de Hechos firmada por el Director Ejecutivo de la empresa, PGM ha admitido que los registros de embarcaciones tergiversaron que cientos de miles de galones de desechos de sentina contaminados con petróleo habían sido vertidos correctamente al agua a través de equipos obligatorios de prevención de contaminación, cuando en realidad las embarcaciones habían usado equipos de desvío, a veces conocidos como "tubería mágica", para esquivar el dispositivo, conocido como Separador de Agua Empetrolada.
Al aceptar declararse culpable, PGM admitió que su gestión de costas "no brindó suficientes recursos de gestión y apoyo a las embarcaciones, y tampoco ejerció la supervisión y los controles de gestión necesarios para prevenir o detectar violaciones penales por parte de sus empleados". La motivación de la conducta delictiva era el ahorro de dinero, según los documentos presentados frente al tribunal.
Después de enterarse de la investigación federal, PGM le informó voluntariamente a los Estados Unidos los resultados de una investigación interna formada por alrededor de 50 informes de entrevistas con diversos empleados actuales y anteriores que habían trabajado a bordo de los cuatro enormes barcos "Carga automóviles" utilizados para transportar vehículos. "Previamente el gobierno no estaba al tanto de la investigación interna de PGM y no solicitó la presentación de dicha información", según los documentos presentados al tribunal. "Muchas de las entrevistas contenían confesiones, reconocimientos o revelaban información incriminatoria y evidencia de una conducta delictiva relacionada con violaciones ambientales".
"Las empresas que asisten voluntariamente en investigaciones penales federales y aceptan la responsabilidad de sus delitos reciben crédito", dijo el Fiscal Federal Rod J. Rosenstein del Distrito de Maryland. "Al renunciar a reclamaciones de privilegio e informar los resultados de su propia investigación interna, PGM contribuyó a garantizar que otras personas también asumirían su responsabilidad. De la misma manera que le tenemos consideración a delincuentes individuales que nos cuentan lo que saben sobre los delitos cometidos por otras personas, también recompensamos a las empresas que informan voluntariamente los resultados de sus investigaciones internas".
Tanto el Departamento de Justicia como la Agencia de Protección Ambiental [Environmental Protection Agency (EPA)] poseen programas de revelación voluntaria de información bajo los cuales una empresa puede buscar evitar el enjuiciamiento si descubre violaciones y las informa de manera oportuna antes de una investigación gubernamental.
"Los acusados en este caso han admitido abiertamente haber cometido actos delictivos serios durante un largo período de tiempo, como evitar controles de contaminación de manera intencional para realizar descargas ilegales de petróleo desde diversos barcos", dijo Sue Ellen Wooldridge, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia. "Seguimos comprometidos a trabajar junto con la Guardia Costera y la EPA para enjuiciar casos de contaminación deliberada y disuadir a otros de realizar actos similares".
La investigación penal comenzó el 2 de septiembre de 2003 luego de las inspecciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos del M/V Tellus y el M/V Tanabata en Baltimore, MD. Sin embargo, al igual que en una inspección anterior realizada el 29 de marzo de 2003, en la cual un tubo de desvío cargado de petróleo fue encontrado escondido debajo del piso de la sala de máquinas del M/V Fidelio, otro barco de PGM, los ingenieros negaron cualquier conducta ilegal. En el M/V Tanabata, el tubo usado para evitar el Separador de Agua Empetrolada era nombrado a bordo como "la Tubería Mágica" y se alega que el Ingeniero Principal del barco lo lanzó por borda después de que la Guardia Costera inspeccionó el barco en Baltimore.
"Una de las mayores inquietudes de la Guardia Costera es que los responsables de la operación del barco de bandera estadounidense tuvieran una conducta tan atroz y sistemática. Estamos totalmente comprometidos a cumplir nuestra misión de administrador de nuestros océanos y seguiremos solicitando que se castigue tanto a empresas como a individuos que contaminan el ambiente marino concientemente sin importar su nacionalidad", dijo el Contralmirante Craig E. Bone, Comandante Auxiliar de Prevención de la Guardia Costera de los Estados Unidos.
"Las leyes existen para prevenir que nuestros océanos y vías marítimas se utilicen como vertederos de materiales y desechos peligrosos", dijo Granta Y. Nakayama, Administrador Auxiliar de la Oficinal de Coacción y Garantía de Cumplimiento de la EPA. "Quienes violen estas leyes para obtener ganancias ilegales serán enjuiciados".
Operaciones de la sala de máquinas a bordo de grandes barcos oceánicos generan grandes cantidades de desechos de petróleo y desechos de sentina contaminados con petróleo. Las leyes internacionales y estadounidenses prohíben verter desechos con más de 15 partes por millón de petróleo y sin tratamiento de un Separador de Agua Empetrolada y un equipo de detección de petróleo: un dispositivo obligatorio de prevención de contaminación. El régimen, establecido por la Convención MARPOL (Anexo I), un tratado firmado por más de 135 países que representan aproximadamente el 97.5% del tonelaje comercial mundial e implementado en la ley estadounidense mediante la Ley de Prevención de Contaminación proveniente de Barcos, también exige que los vertidos por la borda sean registrados en un Libro de registro de petróleo.
Bajo los términos del acuerdo de declaración de culpabilidad propuesto, que debe ser aprobado por el tribunal, se pagará 1 millón de dólares como multa penal y se designarán 500,000 dólares para servicio comunitario. Entre los proyectos de servicio comunitario, que serán administrados por la Fundación Nacional de Peces y Vida Silvestre [National Fish and Wildlife Foundation], se encuentran el financiamiento de proyectos ambientales en la bahía de Chesapeake y la capacitación ambiental de los alumnos de academias marítimas estadounidenses. Además, PGM debe permanecer en libertad condicional por tres años bajo los términos de un plan de cumplimiento ambiental requerido por el gobierno que incluye un auditor independiente externo y un monitor asignado por el tribunal pagado por el acusado.
Stephen Karas y Mark Humphries, ex Ingenieros Principales del M/V Tanabata, fueron acusados de conspiración, violación de la Ley de Prevención de Contaminación proveniente de Barcos por no llevar un Libro de registro de petróleo, y de falso testimonio. Karas también fue acusado por un cargo de obstrucción de la justicia por alegaciones de manipulación de testigos, mientras que Humphries ha sido acusado por un cargo de obstrucción por alegaciones de destrucción de evidencia (se alega que arrojó el tubo de desvío por la borda después de la inspección de la Guardia Costera en Baltimore). La investigación sigue en curso. Una acusación formal representa alegatos presentados por un gran jurado. Los acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Esta investigación fue llevada a cabo por el Servicio de Investigaciones de la Oficinal Regional de la Guardia Costera en Chesapeake y la División de Investigaciones Penales de la EPA. Las siguientes agencias brindaron asistencia adicional: el Sector de Baltimore de la Guardia Costera de los EE.UU., el Centro de Actividades en Europa de la Guardia Costera de los EE.UU., la Oficina Legal del Quinto Distrito de la Guardia Costera de los EE.UU., la Oficina de Leyes Marítimas e Internacionales de la Guardia Costera de los EE.UU., y la Oficina Central de Investigaciones y Análisis de la Guardia Costera. El enjuiciamiento de este caso está a cargo de la Sección de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal para el Distrito de Maryland.
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