WASHINGTON – César Navarrete, Geovanni Navarrete, Villhina Navarrete, Ismael Michael Navarrete y Antonio Zúñiga Vargas se declararon culpables de cargos asociados a un ardid para esclavizar a ciudadanos mexicanos y guatemaltecos y obligarlos a trabajar como trabajadores agrícolas, anunció hoy el Departamento de Justicia.
Los cinco demandados se declararon culpables de albergar a ciudadanos extranjeros indocumentados por ganancias financieras privadas y robo de identidad. Además, César y Geovanni Navarrete se declararon culpables de golpear, amenazar, confinar y encerrar a los trabajadores en camiones para forzarlos a trabajar para ellos como trabajadores agrícolas. César Navarrete también se declaró culpable de entrar nuevamente a EE.UU. después de haber sido condenado por un delito mayor y deportado, e Ismael Navarrete también se declaró culpable de fraude de documentación. César y Geovanni Navarrete enfrentan hasta 35 y 25 años en prisión, respectivamente. Los demás demandados enfrentan entre 10 y 25 años en prisión. La lectura de la sentencia fue programada para varias fechas en septiembre y diciembre de 2008.
Los demandados fueron acusados de pagar a los trabajadores sueldos bajísimos, llevándolos a endeudarse, y de amenazarlos con hacerles daño físico si dejaban su empleo antes de haber saldado sus deudas con la familia.
Previamente, el codemandado José Navarrete se había declarado culpable de conspiración para albergar y de albergar a ciudadanos extranjeros indocumentados por ganancias financieras, así como de posesión de documentos falsos, robo de identidad y nueva entrada después de haber sido deportado. José Navarrete enfrenta hasta 37 años en prisión.
"En este caso, se nos provee otro ejemplo más de cómo el tráfico de personas de todos los tipos victimiza a seres humanos vulnerables", dijo Grace Chung Becker, Secretaria de Justicia Auxiliar Interina de la División de Derechos Civiles. "El Departamento de Justicia se empeña en enjuiciar enérgicamente a quienes exhiban este tipo de conducta delictiva".
El enjuiciamiento de delitos de tráfico de personas es una de las principales prioridades del Departamento de Justicia. En los últimos siete años fiscales, la División de Derechos Civiles, en conjunto con Fiscalías Federales, ha logrado un aumento de más de siete veces en el número de casos de tráfico de personas presentados en tribunales en comparación con los siete años anteriores. En el año fiscal 2007, el Departamento obtuvo un número récord de condenas en enjuiciamientos de tráfico de personas.
Este caso fue investigado por agentes del Buró de Servicios de Inmigración y Control de Aduana, el Buró Federal de Investigaciones, e investigadores del Departamento del Alguacil del Condado de Collier. La Coalición de Trabajadores de Immokalee y el Centro de Defensa de Inmigrantes de Florida proveyeron asistencia a las víctimas. Están a cargo de la acusación en el caso las Abogadas Litigantes Susan French y Adriana Vieco de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y el Fiscal Federal Auxiliar Principal Doug Molloy del Distrito Medio de Florida.
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