WASHINGTON – La Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal, junto con la Fiscal Federal Catherine Hanaway, Distrito Este de Missouri, Michele Leonhart, Administrador Interino, Dirección de Control de Drogas de EE.UU. [U.S. Drug Enforcement Administration (DEA)] y Eileen C. Mayer, Jefa, Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)], Investigaciones Penales, anunciaron hoy que Sigue Corporation y Sigue, LLC ("Sigue"), empresas de servicios monetarios con sede en San Fernando, California, realizaron un acuerdo de aplazamiento de enjuiciamiento por cargos de dejar de mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero y entregarán 15 millones de dólares al gobierno de EE.UU.
La denuncia penal presentada hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Missouri acusa a Sigue de un cargo de dejar de mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero. Sigue renunció a la acusación formal, aceptó la presentación de la denuncia penal, y aceptó su responsabilidad por su conducta, según se detalla en una declaración factual que acompaña a la denuncia. La compañía pagará 15 millones de dólares a los Estados Unidos, en representación de fondos sujetos a confiscación como resultado de la denuncia penal, y aceptó dedicar 9.7 millones adicionales a mejorar su programa contra el lavado de dinero. A raíz de las acciones correctivas de Sigue hasta la fecha y su disposición para aceptar su responsabilidad por las deficiencias de su programa contra el lavado de dinero, el gobierno recomendará la desestimación del cargo en 12 meses, siempre y cuando la compañía implemente plenamente las fuertes medidas contra el lavado de dinero y para el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario exigidas por el acuerdo, y cumpla con todos los demás términos del acuerdo.
"Cuando empresas como Sigue cumplen con leyes contra el lavado de dinero y emplean fuerte supervisión, pueden cumplir un papel esencial en acabar con actividades ilícitas de lavado de dinero", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal. "Lamentablemente, cuando no cumplen con las mismas, ocurre lo contrario y los delincuentes se benefician con ello. Si bien nos complace que Sigue haya aceptado responsabilidad en este caso, su conducta fue grave y la penalidad es tanto apropiada como necesaria".
"Este acuerdo es el resultado de años de trabajo arduo realizado por Fiscales Federales Auxiliares y agentes en el Distrito Este de Missouri y abogados de la División de lo Penal", dijo la Fiscal Federal Catherine Hanaway.
La Red de Coacción contra Delitos Financieros [Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)] también impuso una multa monetaria civil de 12 millones de dólares contra Sigue por violaciones de la Ley de Secreto Bancario, la cual será pagada con la confiscación de 15 millones de dólares.
"Al dejar de cumplir con las exigencias de las normas contra el lavado de dinero, empresas como Sigue facilitan la existencia de narcotraficantes y sus actividades perniciosas. Las penalidades impuestas hoy son un recordatorio a instituciones financieras de que deben ser diligentes en cumplir con sus responsabilidades", dijo Michele Leonhart, Administradora Interina de DEA. "Esta investigación fue un éxito debido al trabajo incansable de personas de DEA, IRS, el Departamento de Justicia de EE.UU. [Department of Justice (DOJ)], el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego [Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF)], el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [Immigration and Customs Enforcement (ICE)], y el compromiso extraordinario de muchas agencias de las fuerzas del orden público estatales y locales y del gobierno de México".
"Toda institución financiera, incluidas empresas de transmisión de fondos, debe adherir a las leyes contra el lavado de dinero de la nación", dijo Eileen Mayer, Jefa, Servicios de Impuestos Internos, Investigaciones Penales. "El lavado de dinero no es un delito sin víctimas. Tiene impacto sobre la fuerza financiera de nuestra nación y contribuye para una economía clandestina que no paga impuestos. Quienes elijan lavar el producto de actividades ilícitas, incluido el producto de la venta ilegal de narcóticos, enfrentan las consecuencias del enjuiciamiento penal. Las empresas de transmisión de fondos deben considerar el proceso de hoy una advertencia de que el gobierno está monitorizando sus actividades".
Los cargos presentados hoy surgieron de transacciones realizadas por Sigue y sus agentes autorizados entre noviembre de 2003 y marzo de 2005. Sigue opera a través de más de 7,00 agentes remitentes de dinero de todo el país. Durante este tiempo, más de 24.7 millones de dólares en transacciones sospechosas fueron realizadas a través de agentes registrados de Sigue, incluidas transacciones realizadas por agentes encubiertos de las fuerzas del orden público estadounidenses, utilizando fondos que parecían provenir del narcotráfico. Sigue presentó informes de actividad sospechosa [suspicious activity reports (SARS)] en las transacciones con estructuración obvia, pero dejó de identificar patrones más amplios de actividades de lavado de dinero y evitar que la actividad ilícita continuara. Sigue dejó de crear sistemas y procedimientos para identificar la realización de transacciones financieras sospechosas por remitentes y beneficiaros relacionados, de los mismos o múltiples establecimientos de agentes el mismo día, o a lo largo de varios días, meses y, en algunos casos, años.
Según la Ley de Secreto Bancario, las empresas de servicios monetarios deben establecer y mantener un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero que, como mínimo, provea: (a) políticas, procedimientos y controles internos para protección contra el lavado de dinero; (b) la coordinación y monitorización del cumplimiento cotidiano de la Ley de Secreto Bancario; (c) un programa de capacitación de empleados permanente; y (d) pruebas independientes de cumplimiento. El programa debe ser compatible con los riesgos presentados por la ubicación, el tamaño, la naturaleza y el volumen de los servicios financieros proporcionados por la empresa de servicios monetarios. Además, el programa debe incorporar políticas, procedimientos y controles razonablemente diseñados para asegurar el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario [Bank Secrecy Act (BSA)] y normas de implementación.
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso los Abogados Litigantes John W. Sellers y Thomas J. Pinder de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero de la División de lo Penal, la cual encabeza el Jefe Richard Weber. El caso fue investigado por la Administración de Control de Drogas y Servicios de Impuestos Internos - Oficina Local de St. Louis de Investigaciones Penales.
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