EL SECRETARIO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS ALBERTO R. GONZALES SOLICITA AL CONGRESO
RENOVAR DISPOSICIONES VITALES DE LA LEY PATRIOTA DE LOS EE.UU.

WASHINGTON, D.C.- El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales solicitó hoy al Congreso que renovara cada una de las 16 disposiciones de la Ley PATRIOTA de los EE.UU. que caducarán a fines de 2005 y presentó ante el Comité Judicial del Senado nueva información sobre la aplicación de algunas disposiciones de la Ley PATRIOTA por parte del Departamento de Justicia.

"La Ley PATRIOTA de los EE.UU. ha sido una pieza esencial en el éxito logrado por el gobierno federal en lo que respecta a la continuación de su lucha contra el terrorismo y ahora no es el momento de renunciar a algunas de nuestras herramientas más eficaces en esa lucha", expresó el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Gonzales. "Ansío trabajar con miembros del comité sobre una base bipartita para proteger la seguridad del pueblo de los Estados Unidos y estoy dispuesto a recibir sugerencias para explicar y fortalecer la Ley. Pero permítanme aclarar algo: no aceptaré ninguna propuesta que pueda socavar nuestra capacidad de combatir al terrorismo con eficacia".

La Ley PATRIOTA fue aprobada por el Congreso con un abrumador apoyo de ambos partidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y ha cumplido un rol decisivo al ayudar a las fuerzas del orden público a desmantelar células y complots terroristas y capturar a terroristas antes de que atacaran. Varias de las disposiciones más importantes de la Ley caducarán el 31 de diciembre de 2005, incluidas las secciones 215 y 206.

La sección 215 faculta a los investigadores de la seguridad nacional solicitar el libramiento de una orden judicial para obtener copias de registros comerciales pertinentes y demás información; los grandes jurados frecuentemente recurren a este tipo de práctica en investigaciones penales de rutina. De esta forma, si alguien fuera a recoger a un espía o sospechoso de terrorismo internacional con un vehículo alquilado, los investigadores pueden solicitar el libramiento de una orden judicial para consultar los registros de alquiler de automóviles u otros bienes tangibles que pudieran contribuir a identificar a la persona con quien se encuentra y así acelerar la investigación.

En virtud de la sección 215, todas y cada una de las solicitudes para la obtención de copias de registros comerciales deben ser aprobadas previamente por un juez federal. El Departamento de Justicia anteriormente determinó que sólo podían solicitarse aquellos registros pertinentes a la seguridad nacional y que el destinatario de la orden judicial, según la sección 215, podía consultar con un abogado y cuestionar la orden ante un tribunal. En su comunicado de hoy, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Gonzales expresó que el Departamento aceptaría modificaciones técnicas de la sección 215 que clarifiquen aquellos tres puntos de la ley.

Durante la presentación al comité de información recientemente desclasificada por el Departamento de Justicia, el Secretario General de Justicia de los Estados Unidos Gonzales observó que los jueces federales habían revisado y aceptado la solicitud del Departamento para librar una orden según la sección 215 en 35 casos desde el 30 de marzo de 2005. Hasta la fecha, la disposición ha sido utilizada únicamente para obtener registros sobre licencias de conducir, alojamiento público, alquiler de apartamentos, tarjetas de crédito y suscripciones – por ejemplo, nombres y direcciones-, números telefónicos capturados a través de registros de llamadas salientes o dispositivo de control y rastreo de llamadas autorizados judicialmente (un registro de llamadas graba los números telefónicos discados y el dispositivo de control y rastreo de llamadas graba los números desde los cuales se reciben llamadas). El Departamento no ha recibido una orden según la sección 215 para acceder a registros de bibliotecas o librerías, registros médicos o de ventas de armas.

La sección 206 concede a los investigadores del terrorismo la facultad de utilizar escuchas itinerantes en sus investigaciones, tal como han podido hacerlo los investigadores penales durante mucho tiempo. Si un sospecho de terrorismo internacional intentara cambiar su proveedor de telefonía celular todas las semanas; según la sección 206, los investigadores de la seguridad nacional ahora pueden continuar rastreándolo dado que la escucha autorizada judicialmente incluye al individuo y no sólo al teléfono celular que el sospechoso podría desechar poco tiempo después.

Antes de la aprobación de la Ley PATRIOTA, cada vez que un terrorista o espía internacional cambiaba de teléfono celular o proveedor de telefonía celular, los investigadores debían solicitar al tribunal el libramiento de una nueva orden de vigilancia, dejando abierta la posibilidad de perder una conversación clave que podría ayudar a evitar un ataque terrorista o proteger la vida del pueblo de los Estados Unidos. La sección 206 de la Ley PATRIOTA solucionó este problema al autorizar la vigilancia itinerante o multipunto de un terrorista o espía internacional cuando un juez federal considere que la persona en cuestión pudiera actuar tratando de engañar a los investigadores que lo persiguen. Esta sección se ha aplicado en 49 casos desde el 30 de marzo de 2005 y ha demostrado ser eficaz en el control de espías y terroristas internacionales.

Otras secciones de la Ley PATRIOTA de los EE.UU. también han contribuido en la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, la sección 207 aumentó la duración inicial de las órdenes de allanamiento físico y vigilancia electrónica de la Ley de Vigilancia Sobre Servicios de Inteligencia Extranjeros [Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)]. El Departamento estima que se han ahorrado aproximadamente 60,000 horas de asesoramiento legal en casi un año de trabajo para los 30 abogados del Departamento. La sección 207 incluye disposiciones sobre el libramiento de órdenes relativas a extranjeros que se desempeñan en los Estados Unidos como funcionarios y empleados de un poder extranjero y miembros de un grupo dedicado al terrorismo internacional, además de otras disposiciones que se aplican a ciudadanos de los Estados Unidos y del extranjero. El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Gonzales propuso hoy que el proceso de la FISA sea mejorado aún más al aumentar el período máximo de: (1) órdenes de allanamiento físico y vigilancia de un agente de un poder extranjero que no sea ciudadano de los Estados Unidos y (2) órdenes de llamadas salientes cuando la información reunida probablemente involucre a un cuerpo de inteligencia extranjero que no se relaciona con un ciudadano de los Estados Unidos.

La mayoría de estas ideas sobre la sección 207 fueron respaldadas por una Comisión bipartita sobre Facultades de Inteligencia de los Estados Unidos sobre las Armas de Destrucción Masiva; también expresó que ayudaría al personal del Departamento de Justicia a "concentrar su atención donde más se la necesita". Estos cambios hubieran significado para el Departamento un ahorro de 25,000 horas adicionales de asesoramiento legal si habrían estado vigentes desde la aprobación de la Ley PATRIOTA de los EE.UU.

En algunos casos muy puntuales, la Ley PATRIOTA permite a los tribunales informar con retraso que se ha librado una orden de allanamiento. Las órdenes de allanamiento de aviso demorado tipificadas en la sección 213 constituyen una antigua herramienta de lucha contra el delito que los tribunales de todo el país han sostenido durante décadas. Si bien esta disposición no caducará, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Gonzales enfatizó hoy su importancia ya que siempre requiere la aprobación de un juez y el aviso a la persona cuya propiedad es allanada. En determinados casos, los allanamientos de aviso demorado son necesarios dado que, si los terroristas u otros delincuentes son informados prematuramente que están siendo investigados, podrían tomar medidas para destruir pruebas, lesionar testigos o escapar del enjuiciamiento.

El Departamento de Justicia anunció ayer que desde que la Ley PATRIOTA estableció normas uniformes a nivel nacional sobre el libramiento de órdenes de allanamiento de aviso demorado, el Departamento había autorizado su aplicación en 155 casos a partir del 31 de enero de 2005. El Departamento considera que las órdenes de aviso demorado con aprobación judicial representan menos del 0.2% de las órdenes de allanamiento a cargo de tribunales federales.

Las herramientas del orden público creadas por la Ley PATRIOTA han sido una pieza fundamental en el éxito nacional contra el terrorismo, incluyendo la ayuda para imputar a 379 acusados de delitos relacionados con el terrorismo y lograr más de 200 condenas o declaraciones de culpabilidad. Además de proporcionar las herramientas que han sido esenciales en la guerra contra el terrorismo, la Ley PATRIOTA de los EE.UU. derribó el "muro" entre las comunidades del orden público e inteligencia, permitiéndoles compartir información y relacionar información para revelar complots terroristas antes de su ejecución.

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