Buenos días. Presidente Specter y Miembro Leahy, gracias por invitarme aquí hoy.
La principal prioridad del Departamento de Justicia sigue siendo proteger a los Estados Unidos contra ataques terroristas. Inmediatamente después del 11 de septiembre, el Presidente nos pidió que hiciéramos todo lo posible, dentro de la ley, para proteger al pueblo de los Estados Unidos. Eran épocas intensas y con un norte. Nos causaba ansiedad la posibilidad de más ataques, y estábamos empeñados en evitar otro ataque mortal.
En el Congreso, ustedes actuaron rápidamente para aprobar la Ley Patriota. En el Poder Ejecutivo, ampliamos nuestra labor de investigación y enjuiciamiento de terroristas, antes de que pudieran matar nuevamente, y así llevar ante la justicia a los responsables por el 11 de septiembre.
Cuando comenzó la guerra en Afganistán, preguntamos: ¿Cómo se puede enjuiciar a terroristas y combatientes transgresores por sus delitos de guerra? Fue así que nació el proceso de la comisión militar en este conflicto actual.
Desde la Guerra Revolucionaria, los Estados Unidos han empleado comisiones militares en épocas de conflicto armado para llevar a los combatientes transgresores ante la justicia. El proceso de convocar comisiones militares ha sido tradicionalmente dejado al Presidente. Por lo tanto, después del precedente establecido por gobiernos anteriores, el Presidente estableció procedimientos de comisión justos y bien pensados.
Por supuesto, la Corte Suprema ya se ha pronunciado. De acuerdo con el razonamiento de la Corte en el caso Hamdan, la manera más obvia y factible de asegurar que comisiones militares sigan estando disponibles como un recurso para proteger a los Estados Unidos y llevar a terroristas ante la justicia es que el Congreso establezca los procedimientos de las comisiones; por lo tanto, estamos ansiosos por trabajar con el Congreso en este asunto.
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Al trabajar juntos en establecer una base legal y procedimientos nuevos para comisiones militares, deseo ofrecer algunos conceptos específicos para que tomen en consideración.
En primer lugar, los procedimientos de comisión militar concebidos por el Departamento de Justicia, así como el Código Uniforme de Justicia Militar, son recursos útiles para considerar que los procedimientos actuales del Departamento de Defensa [Department of Defense (DoD)] tratan cuidadosamente de inquietudes específicas de manera equilibrada. Por ejemplo, nadie puede esperar que miembros de nuestro ejército lean las advertencias de la ley Miranda a terroristas capturados en el campo de batalla...o que proporcionen acceso inmediato a un abogado a terroristas en el campo de batalla...o mantengan una cadena de custodia estricta para pruebas. Tampoco deben los juicios contra terroristas comprometer las fuentes y métodos de recopilación de inteligencia, o prohibir la admisión de testimonios de referencia probatorios. Las actuales comisiones militares del DoD tienen en cuenta estas dificultades de situación y, por lo tanto, proporcionan una base útil para la consideración por el Congreso de procedimientos modificados. Los procedimientos que el Congreso adopte deben ser justos; sin embargo, también deben reflejar que seguimos en guerra y que nuestros hombres y mujeres en el frente de batalla operan en una zona de guerra y no en el ambiente controlado de un laboratorio forense del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)].
En segundo lugar, debemos eliminar las centenas de demandas de detenidos en Guantánamo que están obstruyendo nuestro sistema judicial. En muchos casos, las comisiones militares, y no nuestros tribunales civiles, son el lugar adecuado para juzgar a terroristas. En la Ley de Tratamiento de Detenidos, el Congreso reconoció la necesidad de equilibrio en esta área. Le brindó a los detenidos la oportunidad de apelar contra decisiones de comisiones militares y fallos del Tribunal de Revisión de Situación de Combatientes al Circuito de D.C., así como a la Corte Suprema de los Estados Unidos, algo nunca otorgado antes a combatientes enemigos en época de guerra. Al mismo tiempo, la Ley de Tratamiento de Detenidos [Detainee Treatment Act (DTA)] impidió la realización de otros litigios, incluidos demandas colectivas, juicios de responsabilidad civil y condiciones de cuestionamientos asociados a la reclusión. La DTA logró un equilibrio adecuado; pido al Congreso que confirme que la intención de estas disposiciones es la aplicación de revisión judicial adecuada y limitada a los juicios de detenidos de Guantánamo existentes.
En tercer lugar, debe definirse la aplicación del Artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra. En Hamdan, la Corte Suprema sostuvo que, debido a que la guerra con al Qaeda no tiene carácter internacional, el Artículo 3 común es aplicable a nuestro conflicto con al Qaeda, a pesar del hecho de que al Qaeda no es un signatario de Ginebra y no se atiene a sus restricciones. Debido a que el Artículo 3 común es aplicable a nuestro conflicto con al Qaeda, es imperativo que nosotros, como nación, seamos claros sobre exactamente qué se requiere de nuestros hombres y mujeres en el frente. Después de todo, una violación comprobada del Artículo 3 común podría servir como base para un potencial enjuiciamiento bajo la Ley de Crímenes de Guerra federal.
El Artículo 3 utiliza términos como, paso a citar, "atrocidad contra la dignidad personal", los cuales son susceptibles de interpretaciones distintas. Haciendo más imprevisible aún el asunto, la Corte Suprema ha declarado en otros contextos que los tribunales estadounidenses, al interpretar un tratado, deben tener en cuenta la manera en que los tribunales extranjeros han interpretado dicho tratado. El grado de incertidumbre es injusto hacia nuestros hombres y mujeres en el frente, y los insto a que aclaren la ley en esta área.
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Ahora, permítanme decir algunas palabras sobre otro asunto asociado a la guerra contra el terrorismo.
Recientemente, los medios han publicado detalles de programas clasificados de inteligencia que son vitales para nuestra seguridad nacional. Está mal que se revelen actividades de inteligencia que ayudan a evitar otro ataque terrorista a los Estados Unidos. Dicho comportamiento pone en riesgo potencial a vidas de ciudadanos de los Estados Unidos.
Los programas que han sido revelados son vitales. Imaginen, por ejemplo, lo que un programa como el Programa de Vigilancia de Terroristas del Presidente podría haber logrado antes del 11 de septiembre. Había terroristas agrupados en todo el país preparando su ataque, comunicándose con sus superiores en el exterior. ¿Cómo sería nuestro mundo actualmente si hubiéramos interceptado una comunicación que revelara sus planes? ¿O rastreado el flujo de dinero entre los conspiradores? El General Hayden ha atestiguado que el Programa de Vigilancia de Terroristas nos ha ayudado a detectar y evitar conspiraciones terroristas en los Estados Unidos y en el exterior. Y el Subsecretario del Tesoro Stuart Levey ha atestiguado que el Programa de Rastreo de Finanzas de Terroristas ha ayudado a identificar, rastrear y perseguir a sospechosos de terrorismo extranjeros, incluidos miembros de al Qaeda, Hamas y Hezbollah.
Sr. Presidente, en mi última comparecencia ante el Comité, usted indicó que deseaba que el Programa de Vigilancia de Terroristas fuera explicado a todos los miembros de los Comités de Inteligencia, y expresó su deseo de que el programa fuera presentado al Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Todos los miembros de los Comités de Inteligencia de la Cámara y del Senado ya han sido informados al respecto. Y su nuevo proyecto de legislación proporciona una manera en que el programa sea presentado al Tribunal de la Ley Vigilancia de Inteligencia Extranjera [Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)]. Le agradezco su trabajo en este asunto, y también deseo agradecer al Senador DeWine por ofrecer legislación sobre el programa. Insto a este Comité que informe favorablemente sobre los proyectos de ley de Specter y DeWine, para que puedan ser considerados por el Comité de Inteligencia.
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Finalmente, insto al Congreso a que confirme a Ken Wainstein como líder de la nueva División de Seguridad Nacional del Departamento; a Alice Fisher como líder de la División de lo Penal; y a Steve Bradbury como líder de la Oficina del Consejero Jurídico.
La División de Seguridad Nacional, pedida por la Comisión de Armas de Destrucción Masiva, no puede establecerse hasta que se confirme al Sr. Wainstein. El Congreso creó la División de Seguridad Nacional en el proyecto de ley de Reautorización de la Ley Patriota; sin embargo, la demora del Senado en confirmar al Sr. Wainstein impide que el Departamento pueda hacer todo lo posible para proteger al pueblo de los Estados Unidos contra otro ataque terrorista.
Similarmente, necesitamos que se confirme a la Sra. Fisher. Que la División de lo Penal, la cual se dedica a desmantelar el terrorismo, luchar contra la corrupción pública y empresarial y combatir la explotación infantil, opere sin un líder confirmado es inaceptable. Ella está realizando un trabajo excelente y merece su pronta confirmación. Agradezco al Comité por informar favorablemente con respecto a los nombramientos de Wainstein y Fisher, y les pido su ayuda para obtener la confirmación plena de estas personas extraordinarias por parte del Senado.
Finalmente, solicito respetuosamente que el Comité se mueva rápidamente para informar favorablemente sobre el nombramiento de Steve Bradbury como Secretario de Justicia Auxiliar de la Oficina del Consejero Jurídico. La labor del Sr. Bradbury es crítica, y sé que el Poder Ejecutivo y el Congreso se han beneficiado con sus talentos extraordinarios.
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Sr. Presidente, hoy es el 12 de septiembre para la gente del Departamento de Justicia. Y mañana será nuevamente el 12 de septiembre. Estamos luchando todos los días por la seguridad del pueblo de los Estados Unidos. Agradecemos su apoyo y el apoyo de este Comité. Gracias.
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