WASHINGTON – Cuatro ex ejecutivos de National Century Financial Enterprises (NCFE) fueron sentenciados por sus papeles en un ardid para engañar a inversionistas con relación a la salud financiera de NCFE, anunciaron hoy el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich y el Fiscal Federal Gregory G. Lockhart del Distrito Sur de Ohio. NCFE, antiguamente con sede en Dublin, Ohio, era una de las empresas financieras de atención médica más grandes de los Estados Unidos, hasta que presentó la quiebra en noviembre de 2002.
Donald H. Ayers, 72, de Fort Meyers, Fla., un vicepresidente, director general de operaciones, director y propietario de la empresa NCFE, fue sentenciado el 6 de agosto de 2008 a 15 años en prisión por conspiración, fraude de valores y lavado de dinero.
Randolph H. Speer, 57, de Peachtree City, Ga., el director general financiero de NCFE, fue sentenciado el 6 de agosto de 2008 a 12 años en prisión por conspiración, fraude de valores, fraude telegráfico y lavado de dinero.
Roger S. Faulkenberry, 47, de Dublin, Ohio, un alto ejecutivo responsable por recaudar dinero de inversionistas, fue encontrado culpable de cargos de conspiración, fraude de valores, fraude telegráfico y lavado de dinero.
James E. Dierker, 40, de Powell, Ohio, director asociado de marketing y vicepresidente de desarrollo de clientes, fue sentenciado el 7 de agosto de 2008 a cinco años en prisión por conspiración y lavado de dinero.
Rebecca S. Parrett, 59, de Carefree, Ariz., una vicepresidenta, secretaria, tesorera, directora y propietaria de NCFE, está fugitiva desde el veredicto emitido por el jurado en marzo de 2008. La misma enfrenta una pena máxima de 75 años en prisión y 2.5 millones de dólares en multas.
El Juez Federal de Distrito Algenon Marbley también ordenó a los demandados que entregaran a la justicia 1.7 miles de millones de dólares en propiedad producto de la conspiración y pagaran una restitución de 2.3 miles de millones de dólares.
"En un ardid que duró varios años, estos demandados engañaron deliberadamente al público inversionista con respecto a National Century, su salud financiera, y la manera en que operaban", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich. "Cuando la fachada colapsó y National Century presentó la quiebra, los inversionistas resultaron con pérdidas de miles de millones de dólares. Las sentencias emitidas en este caso reflejan con justicia la gravedad de los delitos".
"Estas sentencias marcan el final de una marcha de casi seis años a la justicia para los arquitectos de la torre de barajas financiera conocida como National Century", dijo Gregory G. Lockhart, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Ohio. "Estos delitos afectaron a centenas de miles de ciudadanos estadounidenses que participaron en un plan de pensión que invirtió en National Century, o tenían dinero en cualquiera de las instituciones financieras que compró títulos de National Century".
"Lamentablemente, la sentencia de hoy no restaura de inmediato la confianza del
inversionista ni ofrece restitución financiera completa para las víctimas de una de las mayores investigaciones de fraude empresarial", dijo el Director Auxiliar Kenneth W. Kaiser de la División de Investigaciones Penales del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. "El FBI y nuestros asociados de las fuerzas del orden público y entidades reguladoras harán lo necesario para que ninguna empresa, ya sea de ciudades pequeñas o importante áreas metropolitanas, formule declaraciones falsas sobre su salud financiera, defraudando a los
inversionistas".
"Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)], junto con nuestros asociados de las fuerzas del orden público, llevarán ante la justicia enérgicamente a directores de empresas que victimicen a sus
inversionistas y violen la confianza pública", dijo la Jefa de la División de Investigaciones Penales del IRS Eileen Mayer. "La sentencia de hoy demuestra la determinación del gobierno de restaurar y asegurar dicha confianza".
Se presentaron pruebas en el juicio de febrero de 2008 de que los demandados se dedicaron a un ardid para defraudar a inversionistas y a entidades de clasificación sobre la salud financiera de NCFE y cómo se utilizaría el dinero de los inversionistas. Entre mayo de 1998 y mayo de 2001, NCFE vendió notas a inversionistas por un valor total de 4.4 miles de millones de dólares. Dichas pruebas demostraron que las notas valían, en realidad, aproximadamente seis centavos de dólar en la época de la quiebra de NCFE en noviembre de 2002.
El expediente judicial indica que NCFE presentó un modelo comercial a inversionistas y agencias de clasificación que exigía que NCFE comprara cuentas a cobrar de alta calidad de proveedores de atención médica utilizando dinero que el NCFE obtenía a través de la venta de notas garantizadas por activos a inversionistas institucionales. Las pruebas presentadas en el juicio que demostraron que los demandados sabían que el modelo de negocios que NCFE presentó al público inversionista difería significativamente de la manera en que NCFE realizaba negocios dentro de sus propias paredes y que NCFE estaba inventando la información contenida en informes mensuales a inversionistas para que pareciera que NCFE actuaba de acuerdo con documentos propios que la regían.
Ayers, Speer, Faulkenberry, Dierker y Parrett eran cinco de los ocho individuos acusados formalmente en el caso en julio de 2007. Lance K. Poulsen fue separado de los otros demandados después de su arresto por obstrucción de la justicia el 18 de octubre de 2007. Será sentenciado por cargos de obstrucción de la justicia el 8 de agosto de 2008. El juicio de Poulsen por conspiración, fraude de títulos, fraude telegráfico, fraude postal y lavado de dinero tiene su inicio programado para el 1° de octubre de 2008. James K. Happ, un contador público con certificación y ex vicepresidente ejecutivo de operaciones de servicio enfrentará cargos de conspiración y fraude telegráfico en un juicio cuyo inicio está programado para el 1° de diciembre de 2008. Jon A. Beacham, quien fue responsable por recaudar dinero de inversionistas a través de la venta de las notas, se declaró culpable de conspiración y fraude de títulos el 13 de julio de 2007 y espera su sentencia.
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Fiscal Federal Auxiliar Douglas Squires del Distrito Sur de Ohio, la Consejera Litigante Principal Kathleen McGovern y el Abogado Litigante Wes R. Porter de la Sección de Fraude de la División de lo Penal, con asistencia de las Asistentes Legales Especialistas de la Sección de Fraude Crystal Curry y Sarah Marberg. La investigación fue llevada a cabo por los agentes del FBI Matt Daly, Ingrid Schmidt y Tad Morris; los Inspectores del IRS Greg Ruwe y Mark Bailey; el Inspector Postal de EE.UU. Dave Mooney; y la agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. Celeste Koszut.
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